Acciona deberá devolver otros 2,6 millones por sobreprecios en las obras del caso Plaza
La contratista ya abonó 57,7 millones en el pacto previo al juicio por corrupción. La resolución del arbitraje concluye que facturó 60 millones de más, aunque la DGA reclamaba 150.
El principal caso de corrupción urbanística de Aragón, la construcción de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza), se ha finiquitado con un nuevo varapalo para la principal contratista, Acciona: tendrá que abonar otros 2,651 millones de euros al Gobierno de Aragón por los sobreprecios en las obras ejecutadas entre 2002 y 2013. Así lo han dictaminado los tres árbitros del caso Plaza, que en una extensa y minuciosa resolución concluyen que la facturación excedió en algo más de 60 millones a los trabajos realmente ejecutados. La constructora ya tuvo que afrontar la devolución de 57,7 millones tras el pacto previo al juicio por corrupción.
El fallo es vinculante y tiene el mismo valor de una sentencia judicial y, a priori, no será recurrida por ninguna de las partes ante la Audiencia Provincial, ya que el margen para la impugnación sería mínimo al tener que basarse en cuestiones procesales y, por tanto, las posibilidades de prosperar se consideran escasas por parte de los juristas consultados.
El arbitraje supone una victoria moral para la DGA, aunque la suma se queda lejos de sus pretensiones porque a través de Aragón Plataforma Logística (APL) reclamaba la devolución de 93 millones adicionales por los sobreprecios y obras que se facturaron sin ejecutar. Pese a todo, su valoración es "muy positiva", ya que el resultado demuestra que acudir al arbitraje fue una "buena medida para los intereses de los aragoneses".
La única cuestión por dilucidar es si habrá un último coletazo judicial. Acciona aún debe decidir si reclamará finalmente una parte del dinero a su socio en la Unión Temporal de Empresas (UTE) que urbanizó Plaza, la aragonesa MLN, y que estuvo al margen del pacto previo al juicio alcanzado a finales de 2018 con los letrados de la DGA. Oficialmente, la compañía no quiso entrar a valorar la resolución.
El tribunal arbitral, compuesto por el abogado del Estado ya jubilado Edmundo Angulo y los ingenieros de Caminos Juan Antonio Ros y Juan Moral, ha valorado la urbanización capítulo por capítulo y detallan la cuantíareal de los trabajos realizados, que reduce con creces las certificaciones presentadas por la UTE de Plaza. En total, sumaban 397 millones, pero en el arbitraje se ha valorado una sobrefacturación de 60 millones.
Más de 800 folios
La resolución concreta que, en su mayor parte, corresponde al movimiento de tierras y a los firmes de los viales, aunque las diferencias afectan a la práctica totalidad de actuaciones acometidas a lo largo de la urbanización. Sus aseveraciones se recogen en más de 800 folios.
El laudo viene casi a coincidir con la cuantía que ofreció Acciona a la DGA como responsable civil subsidiario, los mencionados 57,7 millones. La constructora abonó 35 millones a APL mediante transferencia y cheques y renunció tanto al cobro de 15 millones por liquidaciones pendientes como a la última certificación, la número 89, que se elevaba a otros 7,7 millones. Y ahora tendrá que desembolsar otros 2,6 millones.
El arbitraje se ha alargado dos años y los tres especialistas han empleado diez meses en revisar todas las mediciones de una de las mayores actuaciones urbanísticas de Aragón, superior a las 1.300 hectáreas de superficie. Además, revisaron las declaraciones de los especialistas de renombre que prestaron declaración como peritos y testigos en las vistas celebradas hace un año, además de los informes periciales que prepararon las partes para el juicio penal, que se recogen en la resolución.
En el caso de la sociedad pública, encargó a la consultora aragonesa EID un minucioso estudio para revisar los movimientos de tierra, las toneladas de aglomerado y, sobre todo, los precios aplicados, aunque descendió a los detalles para contabilizar y calcular el número de farolas, bordillos y hasta las semillas utilizadas para hidrosiembra de las zonas verdes de la plataforma. Y llegó a la conclusión de que se llegaron a abonar más de 150 millones adicionales. Por su parte, Acciona contrató los servicios del despacho madrileño Aquilia para elaborar un contrainforme con el fin de contrarrestar y negar cualquier tipo de irregularidad.
Los denunciantes valoran el "éxito" para las arcas públicas
Las dos personas que hace una década denunciaron las irregularidades en la urbanización de Plaza, el extrabajador de Acciona Chabier Mayayo y el entonces gerente de la sociedad pública, Jesús Andreu, valoran como un "éxito" la recuperación de más de 60 millones para las arcas públicas. "Es muy relevante, porque no hay ningún caso de que una constructora haya reconocido una sobrefacturación de este calibre", señala Andreu, quien ha felicitado a Mayayo por revelar los hechos a sabiendas de que se jugaba su empleo, a los letrados de la DGA y a los peritos por su trabajo y a los gobiernos de Rudi y Lambán por su "respaldo" en las demandas.
Este alto funcionario ya jubilado asegura que no hubo un "afán de persecución" contras las contratistas, sino velar por los intereses de los aragoneses y que se pagara "lo justo".
Mientras, Mayayo considera que por el conocimiento que tuvo de las mediciones, hasta los 153 millones que reclamaba la DGA se quedan "cortos". También ha reconocido la labor de la Fiscalía, de la Policía y del equipo jurídico y técnico de la DGA para "recuperar dinero de todos los aragoneses". "Me imaginaba este final", sentencia, sin dejar de lamentar que no se haya logrado más dinero
