La Unión de Jefes de Policía Local denuncia el "grave daño gratuito" de la operación Enredadera, que afectó a Huesca y Teruel
La Justicia acaba de archivar las causas por presunta corrupción contra los exintendentes Alberto Edroso y Santiago Hernández. Unijepol critica duramente la actuación de la Policía Nacional.
Un día después de hacerse público el archivo de la causa contra los extintendentes de la Policía Local de Huesca (Alberto Edroso) y de Teruel (Santiago Hernández), que llegaron a ser detenidos por su supuesta implicación en una trama de presunta corrupción en contratos administrativos vinculados a la gestión policial, la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local (Unijepol) ha exigido al Ministerio del Interior responsabilidades por la operación Enredadera, que desarrolló la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía Nacional, "por poner en marcha este desaguisado que tan gratuitamente ha causado tanto daño a excelentes profesionales de las Policías Locales".
Además de Edroso (entonces presidente de Unijepol Aragón) y Hernández, también fueron detenidos otros miembros y dirigentes de esta asociación, como su fundador y expresidente nacional (entonces jefe de la Policía Local de Fuenlabrada), José Francisco Cano; el entonces segundo jefe de la Policía Local de Alcobendas, Julio Villegas; o el jefe de la Policía Local de Oviedo y presidente de Unijepol Asturias, José Manuel López.
Desde Unijepol aseguran que esta operación les "impactó" por el alto número de mandos policiales implicados "y por sus largas y meritorias trayectorias profesionales". Pero también por el impacto mediático que "buscó" la Policía Nacional con las detenciones y los registros en varios ayuntamientos, "lo que cuestiona muy seriamente la profesionalidad de quienes la llevaron a cabo", señalan.
También denuncian que el atestado policial estaba basado "casi exclusivamente" en las escuchas telefónicas realizadas a los directivos de las empresas y "plagado de prejuicios" hacia los ayuntamientos y los mandos de la Policías Locales, algunos de los cuales ni siquiera habían realizado contratos con las empresas implicadas. Algo, subrayan, muy fácil de comprobar en los perfiles del contratante de las páginas web municipales. "Pero los investigadores ni siquiera hicieron eso, estableciendo elucubraciones que han perjudicado gratuitamente y de forma muy grave a muchas personas y, entre ellas, a excelentes profesionales de las Policías Locales", lamentan. Además, no entienden que en todo este tiempo no haya habido acusaciones concretas a los investigados y en algunos casos ni se les haya tomado declaración, "lo que ha supuesto una situación de grave indefensión".
Unijepol recalca que tras casi cuatro años no se ha producido "ni una sola condena" ni contra los directivos de las empresas implicadas, ni contra los alcaldes, concejales, jefes y mandos de Policía Local que fueron investigados. "Muy al contrario, desde que el juzgado de Badalona dispersó su macro causa en decenas de juzgados repartidos por toda España, poco a poco, los juzgados de instrucción de León, Oviedo, Teruel, Fuenlabrada, Huesca, etc. han archivado sus respectivas causas, declarando la inexistencia de delitos y proclamando la inocencia de nuestros compañeros", subrayan.
Por todo ello, afirman estar "muy preocupados" por este tipo de actuaciones de la Policía Nacional "que ponen de manifiesto graves negligencias y deficiencias profesionales, prejuicios ideológicos contra los municipios y las Policías Locales, así como graves faltas de respeto a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y a la presunción de inocencia". Y recuerdan que "desgraciadamente" ha habido otras macrooperaciones similares como el 'Caso Coslada' o la 'Operación Emperador'. "Estamos convencidos de que es necesario y urgente adoptar medidas para evitar la repetición de este tipo de operaciones tan ineficaces y dañinas, y exigir responsabilidades a los verdaderos enredadores", concluyen.
