La Justicia archiva la causa por corrupción contra los exjefes de la Policía Local de Huesca y Teruel
Alberto Edroso y Santiago Hernández lamentan que la macrooperación Enredadera que lanzó un Juzgado de Badalona con la UDEF de la Policía Nacional dañaron su imagen personal y su reputación profesional.
Tres años y medio después de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional registrara durante varias horas los ayuntamientos de Huesca y Teruel y sus cuarteles de la Policía Local dentro de una macrooperación Enredadera que investigaba una supuesta trama de corrupción en contratos administrativos vinculados a la gestión policial, y que conllevó la detención de los entonces jefes de ambos cuerpos, Alberto Edroso y Santiago Hernández, los juzgados han archivado las causas contra ambos.
El Juzgado número 1 de Huesca y el Juzgado número 2 de Teruel han decretado el sobreseimiento provisional de las actuaciones y el archivo de ambas causas por "no existir indicios de criminalidad". Siguen así el mismo camino de otros juzgados españoles donde se abrieron piezas separadas de este mismo caso y que han ido dando carpetazo al asunto al no encontrar pruebas de ningún delito.
En el caso de Edroso, la jueza argumenta en un escueto auto dictado la semana pasada que de las investigaciones llevadas a cabo en todo este tiempo "no resulta debidamente justificada" la perpetración de los delitos de prevaricación y malversación que le imputaban. En la misma pieza abierta en Huesca también aparecía como investigado Roberto Legazpi, responsable de Gespol, la empresa con la que se firmó el contrato de calidad que dio lugar a la investigación, y la jueza también ha decidido archivar la causa contra él.
El exintendente ha mostrado su satisfacción por la decisión judicial y ha criticado la macrooperación policial por dañar gravemente su imagen. "Han hundido mi vida personal y mi reputación profesional después de 40 años de trabajo en la Policía Local de Jaca y de Huesca", ha destacado. Asegura que la investigación judicial ha dejado claro que "la UDEF de la Policía Nacional sacó unas conclusiones totalmente equivocadas que confundieron al Juzgado y a la Fiscalía". Y ha insistido una vez más en que el contrato que firmó en su día con Gespol "era totalmente legal".
En este sentido, ha explicado que la investigación afectaba a un único contrato menor con la empresa Gespol del año 2018 que debido a su importe (3.700 euros) no tuvo que pasar por Mesa de Contratación sino que solo necesitó la firmó del exintendente. La finalidad era obtener una certificación de calidad de la propia Policía Local de Huesca relacionada con la seguridad vial tras comprobar una serie de requisitos (controles de alcoholemia, de velocidad, normativas municipales...).
Cuando se precipitó la macrooperación Enredadera, Alberto Edroso estaba a punto de pasar a segunda actividad -paso previo a la jubilación-, solo le quedaba un mes y medio en el cargo de intendente. Desde el principio mantuvo su inocencia asegurando que no se había cometido ninguna irregularidad.
Mientras, en el caso de Santiago Hernández, el auto fue dictado en diciembre resolviendo el archivo de las actuaciones por delitos contra la administración pública ante la ausencia de indicios de criminalidad. El exjefe de la Policía Local de Teruel valora positivamente la decisión judicial aunque critica haber estado "tres años y medio con esta espada de Damocles encima". Y es que recalca que en todo este tiempo no ha llegado a declarar nunca ante un juez. "Después de una carrera policial correcta, este caso la manchó de repente y ha supuesto un descrédito personal tremendo", denuncia. En el momento de su detención se encontraba ya en segunda actividad.
Asegura que en Teruel, la empresa Gespol nunca llegó a firmar un contrato con el Ayuntamiento ni con la Policía Local. Se presentó a un concurso como empresa colaboradora de la gestora de la zona azul para implantar un programa de desarrollo policial pero finalmente se adjudicó a otra empresa.
La causa inicial abierta por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Badalona atribuyó en un principio a Alberto Edroso y a Santiago Hernández, como al resto de presuntos implicado, los delitos de inducción a la prevaricación administrativa, uso de información privilegiada, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración Pública, tráfico de influencias y cohecho.
En total, hubo 39 arrestos que afectaron a cargos policiales, políticos y funcionarios de 20 municipios de Cataluña, Aragón, Madrid y Castilla-León con un despliegue de 580 policías. Y en cada provincia con implicados se abrió posteriormente una pieza por separado.
En su día, la Unión de Jefes y Directivos de Policía Local de España (Unijepol) criticó las detenciones que afectaron a compañeros del cuerpo. Alberto Edroso y Santiago Hernández eran entonces presidente y exvicepresidente en Aragón de esta asociación, respectivamente. Tras dejar claro "su más absoluto rechazo y condena de cualquier acto de corrupción", denunció la "falta de profesionalidad" con que se desarrolló la operación "buscando un circo mediático". Y salieron en defensa de los dos intendentes afirmando que habían sido detenidos "por el mero hecho de haber participado -cumpliendo todos los requisitos legales- en un proceso de contratación o por haber mantenido alguna relación con los técnicos o comerciales de dicha empresa".
