Los árbitros del caso Plaza decidirán antes de marzo si Acciona debe devolver hasta 93 millones más
Están valorando miles de documentos, mediciones y declaraciones de expertos, además de las conclusiones de las partes.
Los árbitros del caso Plaza se han dado de plazo hasta marzo de 2022 para decidir si Acciona tiene que devolver hasta 93 millones más por los sobreprecios y obras no ejecutadas en la Plataforma Logística de Zaragoza. Tanto la constructora como la sociedad pública Aragón Plataforma Logística (APL) han presentado sus conclusiones y ahora solo resta que los tres especialistas pactados en su día por las partes emitan su laudo, que tendrá la misma validez que una sentencia judicial y será de obligado cumplimiento.
Su trabajo es ingente, dado que se les han facilitado miles de documentos, mediciones y fotografías sobre la monumental urbanización de Plaza, más de 1.300 hectáreas situadas entre la autovía de Madrid y el aeropuerto de Zaragoza. La factura final del proyecto estrella del Gobierno de Marcelino Iglesias alcanzó casi los 480 millones cuando se había adjudicado por 183, es decir, se multiplicó su coste por 2,6 entre 2002 y 2013.
Su explicación hay que buscarla en una concatenación de encargos a dedo de trabajos extra, modificados y revisiones de precios durante los doce años que se alargó la obra adjudicada a Acciona y MLN y, especialmente, las irregularidades que denunciaron en 2012 el trabajador de la multinacional Francho Chabier Mayayo, y el entonces gerente de Plaza, Jesús Andreu. El primero acabó despedido en 2016 y el segundo se ha jubilado hace menos de un mes en la DGA, donde ejercía como alto funcionario.
Acciona ya asumió sus responsabilidades hace ahora tres años al alcanzar un pacto previo al juicio con el Gobierno de Aragón por el que asumió el reintegro de 57,7 millones: por una parte, desembolsó 50 y por otra, dio por pagada la última certificación de obra, que ascendía a 7,7 millones.
El Ejecutivo autonómico es consciente de la dificultad de poder recuperar todo el dinero que asegura pagó de más y que cifra en unos 150,5 millones. Del criterio de los árbitros está en juego la devolución de hasta 90 millones, por lo que las partes han aportado una extensa documentación para intentar demostrar lo uno y lo contrario y terminaron por presentar sus conclusiones el pasado mes de octubre.
La constructora movilizó a especialistas de renombre para evitar un nuevo desembolso millonario a lo largo del primer semestre del año, cuando se concentraron las largas sesiones de trabajo, la aportación de pruebas y las declaraciones de expertos. De hecho, la contratista aprovechó para presentar varios informes periciales que encargó en su día para el juicio penal. Todo discurrió con la máxima discreción en el complejo empresarial de la Expo, donde se celebraron las reuniones y acudieron testigos y peritos de las partes.
Acciona y Aragón Plataforma Logística pactaron ordenar las declaraciones por bloques temáticos para sistematizar el trabajo: los precios abonados por las unidades de obra, las mediciones de los movimientos de tierras, infraestructuras y resto de cuestiones en disputa. La fase de pruebas culminó antes del verano y las partes entregaron sus conclusiones en octubre. Los árbitros, en una orden procesal, fijaron como fecha tope para emitir su laudo el próximo 31 de marzo. De este modo, diez años después de que estallara el mayor caso de corrupción en la historia de Aragón, se sabrá si las arcas públicas recuperan o no una suma millonaria mayor.
