educación
Los tribunales reconocen la antigüedad total al personal de cocina de los colegios de la DGA
Estos profesionales, con contratos fijos discontinuos, pierden dos meses al año. Esta situación ya fue previamente reconocida por el Supremo en 2019.
Al personal de cocina de 54 centros educativos de Aragón se les reconocerá su antigüedad total después de que la Justicia haya condenado a la Diputación General de Aragón en las tres provincias aragonesas. "Estos trabajadores tienen contratos fijos discontinuos y, pese a haber superado una oposición, tienen que irse dos meses al año a la fila del paro", ha explicado Arancha García-Carpintero, delegada de CC. OO. Esta situación, que se da en las cocinas gestionadas por el Departamento de Educación, implicaba que existiera un "agravio comparativo" con otro personal de la Administración. Entre otras cuestiones, tardaban más en conseguir trienios, puesto que dos meses al año no se computaban para la antigüedad, con su respectivo efecto en el salario. Tampoco tenían las mismas condiciones que otros para pedir un traslado de puesto, ya que para ello también se contabiliza la antigüedad.
"Hemos tenido que ir a los juzgados para recordarles que se trataba de un derecho jurídicamente resuelto a través del Tribunal Supremos desde el año 2019", ha insistido, al tiempo que ha recordado que llevan desde 2015 sentándose de forma "permanente" con el Departamento de Educación para abordar esta cuestión. "Siempre hemos sentido que nos escuchaban", ha asegurado, aunque dada la falta de evolución, finalmente optaron por la vía judicial.
Ha recordado que, además de tratarse de contratos fijos discontinuos, muchos de los trabajadores tienen jornada parcial, tampoco existe una normativa autonómica que delimite la relación numérica entre el personal de cocina y los menores que acuden al comedor y, en algunas ocasiones, desarrollan su labor sin apenas recursos, como puede ser "un horno en condiciones o una peladora de patatas".
En este sentido, Pedro Sánchez, oficial de primera de cocina del colegio Pío XII de Huesca, ha asegurado que la cocina de cada centro es un "micromundo" y que además de hacer la comida, su labor incluye hacer los pedidos, controlar el almacén, revisar toda la documentación... "Con nuestras jornadas no llegamos. Tengo 80 horas extra del año pasado. Somos de los pocos colectivos que queremos un reloj para fichar", ha asegurado.
Asimismo, ha reclamado bolsas de trabajo "efectivas" y la existencia de unas ratios. "No es normal que la DGA no haya adaptado la normativa al respecto. En un colegio puede haber dos personas para 100 niños y en otro, dos personas para 300", ha explicado. En esta línea, ha lamentado que parece que la intención es que los comedores escolares se vean abocados a la privatización.
La precariedad va a más
Desde CC. OO. han insistido en que la situación de los cocineros de los colegios gestionados por la DGA se trata de una de las actuaciones judicializadas, pero que la precariedad laboral en la Administración se extiende más allá. Según sus cálculos, alrededor de 900 profesionales (tanto de plantillas como de fuera de ellas) tienen contratos fijos discontinuos o con una jornada parcial.
Muchos de ellos, ha apuntado María Lobera, secretaria de acción sindical de CC. OO. del sector autonómico DGA, están relacionados con el Departamento de Educación. En esta situación se encontrarían "un gran número de auxiliares de Educación Especial, el 100% del personal de cocina y parte de los técnicos de jardín de infancia que están en guarderías y aulas de dos años". "Queremos denunciar la falta de sensibilidad negociadora del Gobierno de Aragón", ha recalcado. Y, por ello, ha asegurado, en este punto "solo nos deja la vía judicial abierta".
