El Justicia de Aragón urge más vivienda social al ser "claramente insuficiente"
Además, ha destacado que en el ámbito rural "son prácticamente inexistentes", ya que las viviendas de titularidad pública se utilizan para otros fines.
El Justicia de Aragón denuncia que el parque de vivienda social es "claramente insuficiente para atender las necesidades existentes" en la Comunidad y considera que habría que duplicar las 807 viviendas de este tipo que pertenecen actualmente al Gobierno de Aragón.
Así lo ha expresado el lugarteniente del Justicia de Aragón, Javier Hernández, durante la presentación de un informe especial sobre esta materia que ha entregado este lunes al presidente de las Cortes, Javier Sada.
Hernández ha clarificado que el término de "vivienda social" se refiere a aquel recurso que dentro de un itinerario de integración social va dirigido a una persona o una familia, que de la mano de los servicios sociales puedan integrarse en el ámbito social.
En la tramitación del informe han colaborado la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), todas las comarcas aragonesas, los ayuntamientos de Calatayud, Teruel, Huesca y Zaragoza, el Gobierno de Aragón, la Dirección General de Vivienda y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), además de diversas entidades sociales.
Como consecuencia de la pandemia de la covid-19, se aprobó una moratoria en relación a la Ley de Enjuiciamiento Civil para evitar las situaciones de desahucios y lanzamientos y, según ha apuntado Hernández, cuando estas moratorias se levanten, para más de 400 familias afectadas no va a haber suficientes recursos para hacer frente "ni aún utilizando todos los mecanismos y todos los recursos que la bolsa de vivienda social tiene en Aragón, y aún contando con los de las entidades sociales".
Por su parte, el asesor del área de derechos sociales e igualdad del Justiciado, Juan Ramón Campos, ha puesto de relieve que de los casos que llegan al IASS desde el año 2015 hasta la actualidad, un 90,78 % de ellos han sido por desahucios relacionados con el pago del alquiler.
Además, en estos últimos cinco años, la dirección general de vivienda ha adjudicado un total de 279 casas y han experimentado 49 renuncias, ha agregado Campos.
Respecto al parque de vivienda social, Hernández ha afirmado que es "escaso para las necesidades" planteadas actualmente.
En total el parque cuenta con 3.361 viviendas de las que 807 se corresponden al Gobierno de Aragón, 46 a las comarcas, 64 al ayuntamiento de Calatayud, 61 al de Huesca y 2.365 al de Zaragoza (entre viviendas de alquiler social y alquiler asequible), además de los recursos propios que con los que cuentan las distintas entidades sociales colaboradoras.
En esta línea, Campos ha agregado que estas entidades han destacado el cambio de perfil de los usuarios que solicitan vivienda social y que surge como consecuencia de una "mala situación económica" que comenzó con la crisis de 2008 y se ha agravado con la pandemia de la covid-19.
Uno de "los grandes problemas" que está afectando a la vivienda social es "la cronificación", ya que está enfocada como un recurso temporal para poder acceder posteriormente a un alquiler accesible, y en la actualidad las viviendas sociales son ocupadas "de forma mucho más definitiva y permanente" y hacen "de tapón para las nuevas incorporaciones".
Entre las conclusiones obtenidas de este informe, Hernández también ha destacado la inexistencia de una base de datos que reúna el conjunto de viviendas sociales existentes en Aragón, además de que los sistemas de acceso a los recursos carecen de una necesaria homogeneidad, y como consecuencia se pueden dar "situaciones discriminatorias".
Además, en el ámbito rural "son prácticamente inexistentes", ya que las viviendas de titularidad pública se utilizan para otros fines.
Tras llevar a cabo este informe, el Justicia solicita, entre otras medidas, que la futura redacción de la Ley de Vivienda de Aragón recoja de forma clara y precisa la determinación conceptual de la vivienda social y el perfil de los ciudadanos, y sus condiciones vitales, además de una regulación de los requisitos de acceso al parque de vivienda social, tanto pública como privada.
También propone la elaboración de una base de datos que incluya la totalidad de las viviendas sociales existentes en la Comunidad; la revisión de la normativa que regula la Bolsa de Vivienda Social de Aragón, dando mayor participación en ellas a las entidades sociales del sector, y que se estudie la creación de un sistema que diferencie las viviendas de alquiler social existentes en dicha bolsa.
Otra de las propuestas es la creación de una mesa permanente de trabajo sobre la vivienda social en Aragón, liderada por la Dirección General de Vivienda del Gobierno de Aragón, y en la que estén representadas las distintas administraciones competentes en la materia y las entidades del sector, así como campañas de sensibilización social con el objetivo de que los propietarios de viviendas vacías las cedan para proyectos de alquiler social, especialmente en las zonas rurales.
