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Lambán y Azcón prometen "diálogo" y rebajar la tensión tras pactar la financiación de Zaragoza

El convenio económico prevé 80 millones en cuatro años y se suma al fondo de capitalidad. El Consistorio desbloquea los planes de pisos de la DGA en la calle Embarcadero y Torre Ramona.

Ha sido una pequeña tregua en un clima de confrontación. El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, y el presidente de Aragón, Javier Lambán, formalizaron este lunes en la Casa Consistorial el acuerdo con el convenio de financiación de la capital, que supondrá una mejora respecto a los fondos que recibe de la Comunidad autónoma en la actualidad. En total, serán 80 millones en cuatro años. Pero tras el encuentro, quedó claro que no todo está resuelto, por lo que los dos líderes prometieron "diálogo" y "discreción" para bajar la tensión y zanjar las diferencias en los múltiples frentes abiertos.

Pese a las serias discrepancias que mantienen, los dos principales responsables institucionales de Aragón escenificaron entendimiento en la segunda reunión bilateral, en la que participaron miembros de los dos gobiernos. Lo sustancial es el acuerdo económico, que implica que Zaragoza recibirá 20 millones de euros anuales por los ejercicios 2021, 2022, 2023 y 2024 para financiar políticas sociales.

La fórmula sustituye la de los convenios actuales, que se negociaban anualmente y que este año habrían supuesto 18 millones. La decisión supone además un cambio respecto a lo previsto en la primera bilateral, que había contemplado que estas aportaciones se fueran incrementando progresivamente con el paso de los años. Si se suman los 8 millones anuales por el fondo de capitalidad, Zaragoza recibirá en cuatro años 112 millones. El acuerdo implica que el Ayuntamiento retira los pleitos vinculados al convenio de financiación.

La diferencia entre la situación actual y la futura no es muy elevada y, según el Consistorio, no sirve para sufragar el coste de las competencias impropias, pero mejora la financiación actual y posibilita un escenario de "estabilidad" para los próximos cuatro años, como explicó el alcalde. Y desbroza en parte las enmarañadas relaciones de las dos administraciones, que pueden complicarse conforme se acerquen las elecciones de 2023.

"Un acuerdo histórico"

Azcón dijo sentirse "razonablemente satisfecho", por eso de que las dos partes han hecho concesiones. No obstante señaló que es un pacto "histórico" que "cierra una etapa de inestabilidad" entre el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón y que «abre la puerta» a nuevos acuerdos. Lambán subrayó que Zaragoza "es el motor económico y cultural" de Aragón y se refirió a las políticas de la DGA en la capital, sobre todo en materia de educación y sanidad. "Nuestro propósito es seguir haciéndolas de la mano del Ayuntamiento", dijo.

El acuerdo aborda varios asuntos urbanísticos. Por un lado, entierra la posibilidad de unos usos compartidos en los antiguos juzgados de la plaza del Pilar, por lo que al final decidirán los tribunales. Además, se desbloquean dos proyectos de viviendas muy importantes para el Ejecutivo autonómico, porque le van a suponer ingresos: se trata del plan de la calle Embarcadero (con unos 250 pisos, de los que 186 son de la DGA) y el de Torre Ramona (244).

La DGA quiere incluir los suelos de Embarcadero, en el barrio de Casablanca, en una operación de permuta, que daría solución a los problemas de aparcamiento de la zona o permitiría la promoción de vivienda pública de alquiler. Las dos instituciones se comprometieron a buscar alternativas.

Asuntos pendientes

Pero pese a los acuerdos, el trasfondo de las relaciones institucionales es de tensión. Tanto Lambán como Azcón no quisieron entrar en los asuntos que les separan y prefirieron incidir en lo que le une. "Si queremos seguir construyendo y solucionar más problemas, hay cosas que no se tienen que tratar en rueda de prensa. Si en lugar de hablar nos tiráramos los trastos a la cabeza o incidiéramos en los temas que están pendientes no habría más bilaterales", dijo el alcalde.

Obviaron una de las cuestiones que más tensión ha causado entre las dos administraciones: las 500 viviendas de alquiler para jóvenes en los denominados ‘cacahuetes’ de la Expo que quiere promover la DGA y que el Ayuntamiento rechaza. "La voluntad del Gobierno de Aragón es llegar a acuerdos en todo lo que tenga que ver con la ciudad. Pero en la mañana de hoy no hemos hablado de cacahuetes ni de ningún otro fruto seco", dijo Lambán.

Aseguró que en ocasiones "resulta interesante" convertir la política "en un palenque en el que unos picotean sobre los otros". "Los acuerdos llegan con discreción, sin luz ni taquígrafos, aunque luego son comunicados con toda la transparencia", afirmó. No entraron en detalles sobre la futura la Romareda ni los Juegos Olímpicos, más allá de que hay que buscar el acuerdo. "Si se es discreto, se es discreto", zanjó Azcón.

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