Los ocho presidentes exigen otro modelo de financiación con criterio demográfico
En la declaración en Santiago de Compostela, los ocho presidentes autonómicos han reclamado "transparencia" y que se tengan en cuenta todas las necesidades y posiciones de todas las administraciones afectadas.
Los ocho presidentes autonómicos reunidos este martes en la cumbre de Santiago de Compostela han reclamado "transparencia" en el debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, que piden que "solo" sea "fruto de un consenso multilateral" en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
De esta forma, los ocho mandatarios autonómicos, que piden que se tengan en cuenta todas las necesidades y posiciones de todas las administraciones afectadas, reclaman que las decisiones relativas a la financiación autonómica queden "al margen de los legítimos espacios biltaterales entre el Gobierno central y cada comunidad".
Este es uno de los puntos de la Declaración de Santiago que este martes ha salido del encuentro en el que han participado los presidentes de Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura, Asturias, La Rioja y Cantabria.
El documento, que consta de 35 puntos, reclama también el refuerzo del CPFF con medios suficientes para proveer de datos y análisis al conjunto de las comunidades y al Gobierno para determinar el coste real de los servicios y la evaluación del comportamiento de los mecanismos de revisión anual.
En el arranque del documento, las ocho comunidades reivindican que comparten "intereses comunes, que nacen de sus características socioldemográficas, económicas e históricas", y remarcan el papel de las autonomías y el trabajo que deben realizar en "estrecha coordinación" con el Gobierno central y "con absoluta lealtad a los intereses generales".
"Reiteramos nuestra adhesión incondicional a los principios que regulan la organización territorial del Estado en la Constitución: la unidad de la Nación española, la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre ellas", recoge el texto, en el que se alude a la "emergencia demográfica" y se ejemplifica con que las ocho comunidades suponen un 61,97% de la superficie española y un 24,13% de su población.
"Estas cifras dan testimonio de la dispersión y la despoblación que marcan su estructura demográfica e imponen retos específicos a sus Administraciones, que deben prestar a los españoles que viven en ellas los servicios públicos con las máximas condiciones de calidad y en igualdad con el resto de los ciudadanos del país", agrega, al tiempoque incide en que el nuevo modelo de financiación autonómica debe ser fruto "de la colaboración activa y leal" de todas las administraciones.
En este sentido, expresan su voluntad de consenso, pero advierten que "el modelo resultante de las negociaciones deberá respetar la igualdad de todos los españoles protegida por la Constitución, así como rechazar "privilegios económicos o sociales como recoge el artículo 138 de la Carta Magna".
"Defendemos y perseguimos un desarrollo social y económico equilibrado, con la aspiración de que cualquier persona en España tenga las mismas oportunidades", constata.
Además de los 35 puntos hay una adenda suscrita por seis de las ocho comunidades relativa al lobo, único asunto en el que no ha habido unanimidad.
PRINCIPIOS BÁSICOS PARA EL NUEVO MODELO DE FINANCIACIÓN:
1 - Asignación de recursos entre las comunidades autónomas: debe tener como "objetivo inexcusable" que todas puedan prestar servicios similares con independencia de la capacidad de cada una para generar ingresos tributarios.
2 - Reforzar el principio de suficiencia, sobre todo en aquellos supuestos en los que los ingresos no evolucionen de forma homogénea.
3 - Creación de un catálogo de servicios cuya financiación esté asegurada.
4 - Corregir los déficit de financiación dotando al sistema autonómico de mayores recursos.
5 - Que ninguna comunidad reciba menos financiación como consecuencia de la modificación del sistema.
6 - Que las necesidades de financiación de las comunidades autónomas se fijen atendiendo a los factores determinantes de sus necesidades de gasto reales: además de los costes fijos, la dispersión, baja densidad, orografía, envejecimiento... Que ello sea cuantificado de forma completa.
7 - Evaluación de los gastos destinados a educación, sanidad y servicios sociales, dado su elevado peso relativo en todas las zonas.
8 - Que la sanidad pública y su dinámica de crecimiento de gasto sea objeto de un análisis especial.
9 - Estudiar de forma diferenciada el efecto de la aplicación de la Ley de Dependencia.
10 - Atención a criterios que permitan impulsar el reequilibrio territorial entre zonas densamente pobladas y otras en declive demográfico y proporcionar servicios públicos de calidad a estas últimas.
11 - Lealtad institucional y seguridad jurídica desde el principio.
12 - Valoración de recursos adicionales decisivos para garantizar el desarrollo de las comunidades autónomas: Potenciar las políticas del fondo de compensación interterritorial/ Evaluación de la situación actual y futura de los mecanismos extraordinarios de apoyo a la liquidez de las comunidades autónomas bajo la premisa de que las medidas que se adopten deberán respetar una igualdad de trato y no generar perjuicio financiero a ninguna de ellas/ Reparto de los fondos Next Generation de forma equitativa mediante el establecimiento de criterios estables y objetivos/ Evaluación del impacto de las reformas en materia de administración local/ Que los órganos de cooperación interadministrativos velen de forma efectiva por que los recursos asignados a través del sistema de financiación no se detraigan por otras vías.
13 - Consolidar la recuperación económica con los fondos europeos.
14 - Transición hacia un modelo más verde y sostenible.
15 - Asignación de recursos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para financiar proyectos públicos y privados que garanticen una salida cohesionada de la crisis.
16 - Que no compita la asignación de recursos de la política de cohesión con el reparto de los fondos de recuperación, de modo que se asegure la complementariedad.
17 - Cogobernanza multinivel realmente efectiva mediante una mayor capacidad de decisión para las autonomías en la asignación de fondos. Que el Gobierno cumpla su compromiso de dedicar el 50 % de los fondos que se reciban de la Unión Europea a las autonomías.
