aragón
Plan para salvar las farmacias rurales: "Con tan pocos ingresos vamos a desaparecer porque no somos viables"
Sanidad modificará los requisitos para que las boticas accedan a las ayudas VEC y actualizará anualmente la cuantía de esas compensaciones. En Aragón hay 733 farmacias y en los últimos años han desaparecido 10.
"La farmacia es el último establecimiento que desaparece de una localidad. Es una parte de la solución para poder regenerar y ayudar a que los municipios rurales se mantengan vivos". Son palabras de la presidenta del Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Aragón, Raquel García, que valora positivamente el plan puesto en marcha por el Ministerio de Sanidad para evitar su desaparición.
En los últimos ocho años, en la Comunidad han cerrado diez farmacias en pueblos como Fuentes de Jiloca, Ibdes, Villarroya de la Sierra o Fuentespalda, entre otros. Según datos del Consejo, en Aragón hay en la actualidad 733 farmacias distribuidas en las tres provincias: de ellas, 206 están en localidades de menos de mil habitantes; 123, en pueblos de menos de 500; y 53 son boticas VEC (Viabilidad Económica Comprometida). La mayoría de estas últimas se localizan a nivel nacional en municipios de menos de 1.500 habitantes.
Precisamente, el Ministerio que dirige Carolina Darias tiene previsto cambiar los requisitos exigibles para que estos establecimientos puedan beneficiarse de la aplicación de ese índice corrector por su baja facturación pública (ayudas VE, unas compensaciones que se aplican a aquellas boticas que no superan los 200.000 euros anuales de facturación al Sistema Nacional de Salud por recetas públicas). Asimismo, contempla la elevación de las cuantías fijas derivadas de la aplicación de ese índice corrector de los márgenes mediante la actualización del IPC, que será anual. Se trata de establecer nuevos márgenes y deducciones fiscales a las oficinas de farmacia más pequeñas para que puedan seguir subsistiendo. De este modo, Sanidad ha sometido a consulta pública previa la modificación del Real Decreto 823/2008.
"Nos parece fenomenal que se hagan medidas tanto económicas como profesionales que sean prácticas, reales y efectivas porque así evitaremos la despoblación. Desde 2008, año en que se promulgó este real decreto, hasta 2011, que se puso por primera vez en práctica, no se ha vuelto a actualizar el Índice de Precios de Consumo y ha aumentado más de un 10%, sin contar lo de este año. Es mucho dinero para esas farmacias que reciben esas ayudas. Si a las 53 farmacias VEC en Aragón se les actualiza el IPC entre un 10%-15% supone una inyección económica; hablamos de pocos miles de euros, pero que hacen la diferencia para que el farmacéutico pueda sobrevivir. Y es muy importante la actualización anual del IPC", subraya Raquel García, que añade que no saben todavía si las ayudas se ampliarán a más boticas tras la modificación de los requisitos ni el alcance real de las medidas fiscales. "No hemos tenido acceso a ellas".
Asimismo, la también presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza advierte de que esas medidas tienen que ir acompañadas de otras actuaciones profesionales donde el farmacéutico de esas zonas rurales se pueda desarrollar. "Las ayudas no son la solución; queremos desarrollar nuestro trabajo. Hablo de servicios profesionales farmacéuticos asistenciales y remunerados. Lo ideal es que estuvieran concertados con la Administración para que esos pacientes de esa zona estuvieran bien cuidados en su salud: suelen ser mayores polimedicados con una salud frágil", detalla.
En la provincia de Teruel
Una de las farmacias VEC en la provincia de Teruel (cuenta con un total de 18) es la de Ojos Negros regentada por Alicia Ibáñez desde hace 20 años y que lleva su mismo nombre. Esta farmacéutica asegura que factura la mitad de cuando empezó. "Las farmacias de los pueblos pequeños no son viables económicamente. Tenemos cada vez menos ingresos por el tema de la despoblación que sufrimos, pero nuestros gastos cada vez son mayores porque son los mismos que los de una farmacia grande. Además, con la pandemia ha bajado también la recaudación porque los hijos de la gente del pueblo que viven fuera han venido menos", indica.
Ibáñez se muestra escéptica de las ventajas que para el sector pueda adoptar el Ministerio de Sanidad y reivindica ayudas directas. "Llevamos muchos años solicitando ayudas y nunca hemos recibido nada ni me creo que las vayamos a recibir ahora. Ya lo doy todo por perdido. A veces han dado ayudas a servicios que hay en los pueblos como panaderías, peluquerías, etc; pero dicen que a nosotros no pueden según la ley de Aragón porque tenemos los precios regulados", se queja. "Nos dan una de 200 euros al mes si no llegamos a facturar un tope de 12.000 euros y con eso no tienes para nada. Siendo que aquí hay tanta población mayor que necesita del sevicio deberíamos tener ayudas directas y de mayor cuantía para seguir. Con tan pocos ingresos vamos a desaparecer porque económicamente no somos viables", insiste.
Por su parte, Javier Paño, al frente de la única farmacia de la localidad turolense de Samper de Calanda desde hace 20 años, da la bienvenida a todas aquellas medidas encaminadas a la sostenibilidad de las farmacias rurales. "A ver en qué queda todo. Hay muchos gastos y cada vez hay menos gente; como no hay trabajo en los pueblos los jóvenes se marchan. Como esto siga así llegará un momento en que no vamos a ser viables", coincide con Alicia Ibáñez.
Asimismo, este farmacéutico señala la carga de trabajo que tienen las boticas rurales. "Somos muy esclavos. Abrimos de lunes a sábado, tenemos guardias semanalas... Casi vivimos aquí", afirma. Precisamente, hace escasos días, la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) propuso que se paguen un mínimo de 40 horas mensuales de guardias obligatorias a las farmacias de Viabilidad Económica Comprometida para paliar su precariedad. Según esta federación, los ingresos mensuales por este concepto podrían ascender a más de 1.000 euros, cantidad muy superior a los 350-400 euros que supone la subvención actual.
Mientras, Ana Pilar Chicote, que regenta la única farmacia de El Grado (Huesca), también incide en que la población de los pueblos va mermando -con la consiguiente caída de ingresos- mientras cada vez las boticas asumen más gastos. "Todas las mejoras las costeamos nosotros y no han actualizado el importe de facturación de las farmacias que somos VEC (diez en toda la provincia) desde que se implantó. Sí que nos ayudan a reducir gasto de la receta electrónica desde el Colegio de Farmacéuticos de Huesca", comenta.
Al mismo tiempo, Chicote resalta que no pueden competir con las parafarmacias. "No tenemos un grupo centralizado de compras y tenemos que morir al palo, por así decirlo, del almacén que te sirve en esa zona. Y, además, las farmacias rurales sufrimos problemas de comunicaciones -por ejemplo, aquí no tenemos fibra óptica- y de encontrar sustitutos, de farmacéuticos que quieran venir a los pueblos a trabajar. Llevo en El Grado 14 años y solo una vez tuve uno para una semana; llevo todo ese tiempo sin tener unas vacaciones de verdad ", concluye.
Por otro lado, uno de los gastos que deben asumir las farmacias es el de disponer de un contenedor especial de desechos en el caso de ser pequeño productor de residuos biológicos y punzantes. Eso sucede cuando en estos establecimientos se realizan pruebas básicas -por ejemplo, de azúcar o colesterol-; no obstante, este tipo de analíticas no se hacen en las boticas rurales. "Además del contenedor se tiene que pagar, desde este año, una tasa a la DGA y a una empresa por la gestión de estos residuos. En general es un coste muy alto para la rentabilidad que genera este tipo de servicio", señala Manuel Arribas, farmacéutico adjunto de la farmacia Artal en Zaragoza, donde realizan pruebas de azúcar y colesterol.
