Los educadores sociales aragoneses reclaman en las Cortes la implantación de esta carrera en la universidad
El colegio profesional ha alertado en las Cortes de Aragón de la precarización de los servicios en los centros de menores, la falta de profesionales y de supervisión por parte del IASS.
La reivindicación de que la Universidad de Zaragoza implante el título presencial de graduado en Educación Social ha vuelto a llegar este martes a las Cortes de Aragón. Aunque ya en 2017 el Parlamento autonómico aprobó una iniciativa instando al Ejecutivo autonómico y al campus público a ofertar esta carrera, la asignatura sigue pendiente, lo que provoca la falta de profesionales en la Comunidad (hay 630 colegiados) y de investigaciones sobre las necesidades específicas del territorio.
Así lo han explicado los representantes del Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Aragón, Pascual Jiménez y Carlos Gállego, que han comparecido en la comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos del Parlamento. Asimismo, también han denunciado la precarización en las plazas concertadas por la DGA en los centros de menores que gestionan entidades sociales y fundaciones, la falta del plan integral de la infancia y la adolescencia que se contempla en la ley aragonesa en esta materia y la implantación de este perfil profesional en centros educativos, de mayores y de personas con discapacidad.
Un de los problemas con nombres y apellidos que han puesto sobre la mesa es la suspensión en la comarca central de Zaragoza del programa de intervención familiar del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) que se viene prestando desde 2014 y que llegaba a casi un centenar de familias. Este servicio lo llevaban a cabo 11 profesionales y cada uno atendía a una medida de entre ocho y diez familias. El convenio con el IASS acaba de concluir y aunque el Ejecutivo ha mostrado su disposición a solucionarlo "cuanto antes", Carlos Gállego ha reclamado que se garantice "su continuidad" para que los beneficiarios no vuelvan a quedarse como está ocurriendo ahora "sin ninguna referencia".
En este mismo sentido, Pascual Giménez ha señalado que se están dando pasos y el IASS ha recuperado la plantilla de educadores del Equipo de Atención Educativa a Menores de 14 años (EMCA), aunque ha lamentado que se haya tardado tres años. El colegio profesional de educadores sociales también ha recurrido el convenio para el personal del centro de menores de Juslibol en el que se incluye entre el personal laboral por primera vez el perfil del auxiliar técnico educativo, que requiere una titulación inferior.
A una pregunta del diputado de Vox, Santiago Morón, sobre la llegada a la Comunidad de más menores extranjeros no acompañados, Giménez ha subrayado que los educadores sociales no se sienten "más inseguros" que hace unos años y asumen un "riesgo" que forma parte de una profesión "muy vocacional", aunque sí ha reconocido que se producen "algunas agresiones puntuales". "Hay más centros de menores pero se han creado en precario con educadores sociales con sueldos bajos y no hay por parte de la Administración una supervisión y vigilancia adecuadas", ha resumido sobre la situación actual.
Todos los grupos políticos del arco parlamentario se han hecho eco de la reivindicación del grado universitario de Educación Social que en algún momento se llegó a plantear crear en el campus de Huesca, aunque en estos momentos esta posibilidad parece descartada. Desde IU, Álvaro Sanz, ha mostrado su preocupación por los efectos negativos de la externalización y concertación de estos servicios en la calidad de los mismos y en las condiciones laborales de los empleados. Una postura que han compartido los diputados de CHA y Unidas Podemos, Carmen Martínez y Nacho Escartín, respectivamente. Desde el PAR, Esther Peirat, ha subrayado que ya se ha incrementado la dotación de educadores sociales en el centro de Juslibol.
Los representantes de PP y Ciudadanos, José Antonio Lagüéns y Elisa Sacacia, han coincidido en criticar la carencia del plan integral para la infancia y la adolescencia a pesar de los reiterados requerimientos que se han hecho desde las Cortes para que se aborde esta cuestión. Por último, el diputado socialista Sergio Ortiz ha destacado que la pandemia ha puesto de relieve "la esencialidad" de esta profesión. Además, ha defendido que desde el Gobierno aragonés se intenta dar respuesta con la mayor agilidad posible a la carencia de profesionales, aunque se topa con "una bucrocacia y gestión de personal que no van acompasadas" a las necesidades que van surgiendo.
