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Hasta 160 menas podrán acceder de forma más sencilla al permiso de trabajo en Aragón

Aragón acoge actualmente a 103 menores emigrantes no acompañados y 153 jóvenes que están en el programa de paso a la vida adulta.

Oussama abandonó con 16 años su ciudad natal, en Marruecos, montado en una patera.
Un joven marroquí de 16 años, en una imagen de archivo, que llegó a España en patera y acabó residiendo en Valencia.
Efe/David Casasús

Hasta 160 jóvenes de 18 a 23 años que estuvieron tutelados por Aragón, ya que llegaron a la Comunidad como menores migrantes no acompañados (menas) y participan en el programa de transición para llevar una vida independiente, podrán acceder de forma más sencilla a los permisos de residencia y trabajo tras la reforma del reglamento de Extranjería aprobado el martes por el Consejo de Ministros.

La Comunidad acoge actualmente a 103 menores extranjeros solos, según los datos facilitados por el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales. Además, otros 160, ya mayores de edad y sin familia en España, siguen bajo la responsabilidad de la DGA residiendo en pisos, gestionados por entidades sociales, en los que se preparan para integrarse en el mundo laboral e independizarse. De estos 160 jóvenes, hay siete que no forman parte del grupo de menores no acompañados, sino que tienen otras situaciones, explicaron desde el Ejecutivo regional.

El Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) valoró de forma "muy positiva" las medidas "puesto que abren la vía de la integración y de las oportunidades laborales para un número importante de jóvenes, que desde que llegan a nuestro país y a Aragón adquieren una gran formación y capacitación profesional". Estas, aseguraron, suponen "una verdadera garantía para poder finalizar adecuadamente su proceso personal e integrarse en la sociedad con todas las garantías".

Muchos de estos chicos se veían abocados a la irregularidad y el desamparo una vez alcanzaban la mayoría de edad. Uno de los cambios clave se refiere a los requisitos económicos que hasta ahora tenían que cumplir para conservar sus papeles en regla. Debían acreditar unos ingresos por medios propios que representaran el 100% del Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) en la primera autorizaciòn y hasta el 400% en la segunda renovación, lo que podía suponer unos 2.500 euros mensuales. Con la normativa aprobada, deberán demostrar que disponen de un salario equivalente al Ingreso Mínimo Vital (470 euros al mes) o que alguna administración se hace cargo de su sustento.

Estos cambios los llevaban exigiendo desde hace tiempo las organizaciones que trabajan con este colectivo. "Lo que no podemos pretender es que tengan un itinerario formativo y luego partirlo sin darles una alternativa", señaló la representante de Accem en Aragón, Julia Ortega. Subrayó que si hasta ahora solo podían acceder a contratos como mínimo de un año, también van a poder hacerlo a los de menor tiempo.

Prestación complementaria aragonesa

Por otra parte, el PP ha presentado una proposición no de ley en las Cortes de Aragón para que en la ley que regula la prestación aragonesa complementaria del Ingreso Mínimo Vital (IMV) se incluya literalmente que las familias extranjeras deben tener una "residencia legal" para acceder a estas ayudas. La diputada Marian Orós explicó que en la norma se hace referencia al "residente efectivo" y se remite a la Ley de Extranjería lo que resulta, denunció, "ambiguo, rebuscado y farragoso", además de sembrar una "inseguridad jurídica".

La parlamentaria explicó que esta iniciativa pretende "dejar atrás" la polémica, eliminar "las falsas expectativas" que se pueden haber creado, y dar claridad jurídica al contenido a fin de evitar posibles impugnaciones por parte de los solicitantes que supondrían un mayor retraso en la puesta en marcha de estas prestaciones.

A este respecto, desde el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, recordaron que el propio secretario general técnico del Departamento, José Antonio Jiménez, subrayó durante la presentación de esta ley que uno de los requisitos de las familias extranjeras para acceder a estas ayudas es tener una residencia legal, tal y como establece la Ley de Extranjería, y que el empadronamiento no da derecho a ella.

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