La anulación de oficio de las multas del primer estado de alarma abre la puerta a la devolución de las del segundo, declarado entre octubre de 2020 y mayo de 2021. De acuerdo con José Antonio Sanz, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Zaragoza, la situación debería ser «idéntica». En su opinión, no habría ni siquiera que esperar a que el Tribunal Constitucional se pronunciase al respecto, ya que con la primera sentencia –adoptada a raíz de un recursos presentado por Vox– bastaría. «Los interesados que aún tengan sus sanciones en tramitación deberían alegar ante los tribunales que la multa que se les está imponiendo está basada en una norma inconstitucional», agregó.

Quienes ya hayan pagado de forma voluntaria «también tendrían derecho a recibir las cuantías abonadas por ingreso indebido». El hecho de que la Administración no actúe de oficio y declare nulos los expedientes del segundo estado de alarma obligaría a llevar cada caso ante la Justicia. No obstante, a la larga «podría terminar siendo perjudicial» para los ejecutivos implicados. «Estos procesos van a costar dinero a los particulares y a la propia Administración. Es perder tiempo, energías y recursos económicos. La situación es muy evidente y, si no actúan, los gobiernos podrían terminar siendo condenados a pagar las costas», señaló Sanz, al tiempo que advirtió de que los ingresos indebidos «también generan intereses».

Ha de tenerse en cuenta, además, que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha elevado ya hasta cinco cuestiones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por las políticas implantadas por el Ejecutivo de Javier Lambán para frenar los contagios. En las últimas, mostró sus dudas acerca de la fórmula utilizada para fijar las restricciones y de la posible implantación del pasaporte covid en el ocio nocturno.

Mientras, los ministerios del Interior, Política Territorial y Hacienda siguen trabajando para encontrar el mejor sistema para reembolsar las multas del primer estado de alarma. Las primeras resoluciones se publicaron en el Boletín Oficial del Estado a principios de octubre, y aunque se está tratando de conseguir una fórmula «ágil», la sensación es que esta no será una cuestión de semanas.

Una repercusión millonaria

Desde la primera publicación han aparecido expedientes correspondientes a ciudadanos de Zaragoza, Huesca, Lérida o Baleares, entre otros puntos, y la previsión es que el volumen vaya a más en las próximas semanas y meses. Para Sanz, tampoco tendría sentido alargar el proceso de devolución. Sobre todo teniendo en cuenta que, en el caso de los ingresos indebidos, basta con aportar un número de cuenta para percibir el ingreso.

Las multas ya anuladas corresponden a incumplimientos registrados en el marco del primer estado de alarma, como la prohibición de salir de casa durante las peores semanas de la pandemia o la imposibilidad de desplazarse en coche a otros puntos del territorio. A nivel nacional, la devolución supondrá una merma de más de cien millones de euros a la Administración, ya que solo en este periodo se notificaron 1,1 millones de sanciones. En el plano autonómico fueron más de 32.000, según datos ofrecidos en su día por la Delegación del Gobierno en Aragón.

La mayoría eran leves, de en torno a 300 euros. No obstante, hay casos en los que superaban, por mucho, los mil. Ocurrió, por ejemplo, con la pachanga de fútbol detectada en pleno confinamiento en el municipio de Andorra, que se saldó con multas de 5.200 euros para cada uno de los participantes. Aunque la Delegación asegura no tener datos sobre el montante global, la cuantía también rebasaría ampliamente el millón de euros. La anulación afecta, lógicamente, a quienes ya habían pagado. Para el resto, el expediente sancionador queda automáticamente suspendido.

La Subdelegación del Gobierno de Huesca, una de las primeras provincias del país que ha comenzado a revertir el proceso sancionador tras la suspensión del primer estado de alarma por parte del Tribunal Constitucional, ha publicado ya en el BOE la anulación de casi 500 denuncias desde el 1 de octubre.