tribunales
El fiscal del caso Gali apoya a las acusaciones en sus acciones
El Ministerio público se opone a la abogacía del Estado, que pidió el archivo de la querella
y exigió una fianza
El fiscal Juan Pablo Fraj Lázaro se ha decantado por primera vez en apoyar a las acusaciones del caso Gali frente a la abogacía del Estado, al negarse la solicitud del archivo de la querella que interpuso por el abogado Antonio Urdiales, quien ejerce la acción popular.
El representante del Ministerio público considera que el letrado interpuso una querella «con todos los requisitos necesarios», aunque el único problema era que le llamó denuncia.
Asimismo, el fiscal apoya también que la acusación particular, que ejerce el letrado Juan Carlos Navarro y la interpuso en un Juzgado de Logroño, se personara en la causa abierta ante el juez Rafael Latasa, titular del Juzgado de Instrucción 7 de Zaragoza.
De hecho, Juan Pablo Fraj considera que deben ser tenidos como parte en la causa porque se personaron en el juzgado de Zaragoza al haber más hechos ocurridos en la capital aragonesa que en Logroño. Aunque pudiera pensarse que habían incurrido en fraude de ley en cuanto pusieron una denuncia en el Juzgado de Logroño, se inhibieron de la misma y acudieron al proceso abierto en la capital aragonesa.
Por otro lado, la abogada del Estado reclamó que la querella interpuesta por el abogado en el Juzgado de Zaragoza debería interponer una fianza, pero el fiscal apoya que el juez Rafael Latasa haya considerado que no es necesaria en aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Asimismo, la abogada del Estado acusó al letrado Antonio Urdiales de «vulnerar la debida reserva» sobre una noticia publicada en la prensa del caso Gali, pero el fiscal cree que «no compromete a la investigación, sino que manifiesta una deducción hecha como abogado de una prueba».
Por otro lado, la abogada del Estado, que representa a Camilo Villarino, exjefe de gabinete de la exministra de Exteriores Arancha González Laya, ha alegado ante el juez Lasala que el contenido del teléfono móvil del diplomático aragonés y su correo electrónico está protegido por la Ley de Secretos Oficiales. Así responde a la petición del juez sobre los correos recibidos de una persona sin identificar con documentación sobre Gali sobre su pasaporte. Además, alega el acuerdo del Consejo de Ministros de octubre de 2010 que protege el secreto en este caso.
