La Abogacía insiste en que no puede entregar los correos de Exteriores sobre el 'caso Gali' por el secreto oficial
Se ampara en la "imposibilidad legal" de aportar información de carácter reservado
La Abogacía del Estado ha insistido al Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza en que el ex jefe de Gabinete del Ministerio de Asuntos Exteriores, Camilo Villarino, no puede hacerle entrega de los correos electrónicos relativos a la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, porque si lo hiciera violaría la Ley de Secretos Oficiales.
En un escrito del pasado lunes, al que ha tenido acceso Europa Press, los Servicios Jurídicos del Estado responden a un nuevo requerimiento del juez Rafael Lasala realizado el 15 de octubre donde pedía a Villarino que identificara el dispositivo (marca, modelo y número identificador) donde recibía los 'emails', proponiéndole asimismo que lo entregara voluntariamente.
Anteriormente, en una providencia del 24 de septiembre, Lasala había requerido al otrora 'número dos' de Exteriores que aportara el correo electrónico o el mensaje de Whatsapp que contenía la copia del pasaporte de Mohamed Benbatouche -identidad que usó Gali para registrarse en el hospital de Logroño- y que le remitió el jefe de Oficina de Presidencia de La Rioja, Eliseo Sánchez.
La Abogacía contestó entonces que Villarino borró los correos relativos a la llegada de Gali a España, pero que en todo caso no podría ponerlos a disposición del juez instructor porque "ha de tenerse en cuenta el carácter reservado existente en esta materia por afectar a la seguridad y a las relaciones internacionales".
En la misma línea ha respondido a esta segunda petición de Lasala. Así, ha recalcado "la imposibilidad legal" de entregar voluntariamente dicha información porque estaría protegida por la Ley de Secretos Oficiales, por cuanto se consideran reservadas las informaciones referidas a "la aplicación de acuerdos bilaterales o multilaterales sobre asuntos de seguridad y defensa suscritos por España, incluidas aquellas relacionadas con sobrevuelos, estancias y escalas de buques y aeronaves".
Los Servicios Jurídicos del Estado han recordado que, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Secretos Oficiales, los asuntos considerados de carácter reservado "no podrán ser comunicados, difundidos ni publicados, ni utilizado su contenido fuera de los límites establecidos por la ley", y que incumplir dicho precepto puede ser castigado por las vías penal y disciplinaria.
En consecuencia, concluyen que la entrega voluntaria que plantea el juez instructor "supondría un incumplimiento del mandato legal", de modo que Villarino "no puede acceder a lo solicitado, de suerte que la limitación propia de estas materias alcanza a todas las autoridades y poderes públicos, incluidos los juzgados y tribunales".
Tenía "costumbre" de borrarlos
Por otro lado, la Abogacía expone que Villarino "mantuvo la costumbre de ir borrando cada cierto tiempo sus correos electrónicos, por motivos de seguridad", para "minimizar el daño en caso de 'hackeo' de los distintos equipos", pero también para "evitar la saturación del buzón".
"Únicamente mantuvo en este caso la documentación ya aportada, en cuando no tenía la consideración de materia clasificada y dadas las publicaciones en prensa sobre el posible uso de una identidad falsa en el hospital de Logroño", indica.
A todo ello añade que, como los 'emails' pueden consultarse desde distintos dispositivos, Villarino "no puede precisar desde qué dispositivo en concreto se sirvió para acceder al correo en cuestión".
En su declaración como investigada, la ex ministra de Exteriores Arancha González Laya también se amparó en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de octubre de 2010, sobre la política de seguridad de esta cartera, por el que se clasifican determinadas materias con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales.
