terrorismo
Zaragoza no olvida a los asesinados
Doce lugares de la ciudad contarán con placas de recuerdo a víctimas de ETA y de otras bandas terroristas, de las que siete han sido ya inauguradas por el Ayuntamiento
Cuando uno pasea por el Canal Imperial, en el barrio de Casablanca, si se detiene en un banco para descansar puede encontrar una placa dedicada al empresario Publio Cordón, secuestrado por los Grapo el 27 de junio de 1995. En su 26 aniversario fue estrenada por la familia. Su hija mayor, Carmen, recordó que el empresario llegó a Zaragoza cuando era un niño tras la muerte de su padre, un profesor republicano. «Las víctimas del terrorismo estamos más debilitadas que nunca», denunció.
El grapo Silva Sande reconoció que lo dejaron morir en un zulo en una casa de Lyon (Francia) después de haber saltado por la ventana en un intento de escapar de su cautiverio. Su cuerpo no se encontró en Mont Ventoux, una montaña emblemática en el Tour de Francia, donde supuestamente lo sepultaron.
Un mes antes de recordar a Publio, el 6 de mayo se celebró el XX aniversario del asesinato del presidente del PP Aragón, Manuel Giménez Abad, por ETA. Sus dos hijos, Borja y Manuel, acudieron a la calle Cortes de Aragón número 9 para desvelar la placa en el suelo que reza: «Aquí fue asesinado Manuel Giménez Abad el 6 de mayo de 2001 por el grupo terrorista ETA. Zaragoza jamás te olvidará».
El lugar por donde iban el padre y el hijo Borja hacia un partido entre el Real Zaragoza y el Numancia está marcado para esta ciudad, porque al día siguiente se manifestaron 350.000 personas. El juicio a los etarras Mikel Carrera y Miren Itxaso Zaldúa por su asesinato se celebrará en 2022, aunque no tiene fecha.
«Zaragoza no puede olvidar lo que hemos vivido porque es una ciudad que ha sufrido el lacre del terrorismo», argumenta Patricia Cavero, concejala de apoyo a las víctimas del terrorismo. «Los jóvenes no conocen a las víctimas ni saben lo que ocurrió. Por eso en la placa de Giménez Abad acudieron varios para saberlo», recordó la concejala de Zaragoza.
En este proceso de recordar los lugares de los antentados –hubo doce entre 1972 y 2006–, el Ayuntamiento de Zaragoza ya ha instalado siete. Tres son para recordar a víctimas de ETA: los dos más graves de 1987, el de la Casa Cuartel de la avenida de Cataluña, con 11 fallecidos, y el de San Juan de los Panetes, con dos muertos, y el de Giménez Abad, en 2001. Otros tres corresponden a asesinados por los Grapo, mientras que uno de ellos es de una víctima de un grupo terrorista aragonés de la Transición.
El 25 de junio de 2020, en plena pandemia, el Ayuntamiento inauguró la placa del vigilante de General Motors Jesús Argudo, asesinado en la calle Capitán Portolés por la organización Frava (Frente Revolucionario Antifascista Vasco Aragonés) en 1980. Su hijo, un profesor llamado como su padre, acaba de reclamar a la Audiencia Nacional que investiguen su atentado olvidado cuatro décadas y solicitó un dossier que elaboró la Guardia Civil. «Todas las víctimas peleamos para que los criminales no queden impunes y eso te hace fuerte. Algunos llevamos 40 años», concluyó en su alegato.
También se revivió en la Gran Vía el asesinato del coronel Luis Constante en 1980 por los Grapo. Su nieto, que se llama como su abuelo, al que no conoció, proclamó ese día: «Las heridas permanecen en las cicatrices y no podemos ignorarlas ni huir de ellas porque forman parte de nosotros».
La placa del médico José Ramón Muñoz, asesinado por los Grapo en 1990, se levantó en el paseo de la Constitución, donde estaba su consulta. Su familia se emocionó en el acto, el pasado 17 de marzo, como rememora la concejala Cavero.
El año próximo el Ayuntamiento prevé inaugurar las últimas cinco placas. Empezarán con dos atentados de los Grapo: el de Ana Isabel Herrero, en la calle Cervantes, el último atentado cometido en 2006, y el del vigilante Manuel Escuder, en 1993, en la plaza de Mayo. Seguirán con Ana María Suárez, asesinada por los yihadistas en Cambrils en 2017, que tendrá una plaza en el barrio del Actur, y el incendio del hotel Corona, con 83 muertos en 1979 y sin determinar la autoría. Acabará con el cónsul francés Roger de Tur, asesinado en 1972 por la organización Hoz y Martillo.
