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¿Es legal (y pertinente) el pasaporte de vacunación para entrar en las discotecas?

Los juristas ven la medida aceptable, aunque precisa un encaje claro en la legislación a nivel nacional. Los hosteleros lo ven de forma desigual.

Una persona muestra su pasaporte covid en la entrada de una discoteca.
Un cliente muestra su pasaporte covid en la entrada de una discoteca.
EP

Aragón está en vías de unirse al grupo de comunidades autónomas que exige a los bares de copas y discotecas el uso del pasaporte covid. Se trata de un documento mediante el que el cliente demuestra que ha recibido la pauta completa, ha superado una prueba diagnóstica o se ha recuperado del coronavirus en los últimos 180 días. El Ejecutivo aragonés ha girado al TSJA una orden mediante la que los establecimientos podrán abrir finalmente sus pistas de baile a quienes cumplan con alguno de estos requisitos, como ya ocurre en Galicia y Canarias y pronto en Cataluña y la Comunidad Valenciana.

La medida se ha encontrado con impedimentos legales en otros puntos de España. En Galicia, donde actualmente se aplica, los distintos pareceres entre la Xunta y el TSJG acabó derivando el asunto al Tribunal Supremo, que dio el visto bueno a la obligación de exhibir el pasaporte por considerarla "idónea, necesaria y proporcionada". Sin embargo, todavía no existe un encaje legal claro.

"En septiembre de 2020 se reformó la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa y se estableció que fuesen los tribunales superiores de justicia autonómicos los que autorizasen las restricciones generalizadas de derechos autonómicas. Tengo dudas de la constitucionalidad de esa reforma, porque sustituye el principio de reserva de ley establecido en la Constitución por una autorización judicial", resume Eva Sáenz, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Zaragoza.

La obligación de vacunarse y demostrarlo para entrar en discotecas o trabajar en la función publica (una vía que ya explora Italia) "sería perfectamente constitucional si la ley orgánica de medidas especiales en materia de Salud Pública de 1986 lo recogiese", abunda la jurista. "Se evitaría la incertidumbre si se abordase desde el Congreso de los Diputados porque partimos de un problema de base: no se ha desarrollado una normativa adecuada", añade.

Sáenz recuerda que el principio de proporcionalidad, un criterio para resolver este tipo de conflictos, "no es matemático, por lo que ante un mismo contexto, cada tribunal actuará de una forma, e incluso el propio TS ha cambiado de posición". En cualquier caso, y a expensas de la decisión del TSJA, considera que "el Supremo admitirá la constitucionalidad del certificado de acuerdo con su última sentencia".

El letrado de las Cortes de Aragón y también profesor de Derecho Constitucional Pepe Tudela opina que, "sin entrar en el encaje legal, lo cierto es que en ultima instancia hay razones que pueden justificarlo, ya que la limitación que introduce parece razonable y proporcional". El experto matiza que la medida "no prohíbe nada, solo condiciona el acceso a un recinto de ocio, y enfrente está la salud pública".

Tudela entiende que, "pese a que las restricciones siempre deben mirarse con cautela, hay que entender que en este caso sirve de garantía para los otros usuarios" y recuerda, frente a quienes sostienen que no se puede obligar a desvelar el historial clínico o de vacunación, "que el argumento no es sólido, ya que la entrada en una discoteca u otro espacio dedicado al ocio es absolutamente voluntaria, sobre todo en unas circunstancias que, lejos de ser las normales, son del todo extraordinarias".

Los hosteleros, a favor y en contra

Los hosteleros aragoneses, igual que sus colegas de algunas comunidades, no están nada satisfechos con esta nueva exigencia, que está afectando a algunos negocios. Martín Zarauza, secretario de la Asociación de Bares, Pubs y Discotecas de Santiago de Compostela, donde los porteros afrontan las noches equipados con un lector de códigos QR, lamenta que "mucha gente, al llegar a la puerta del bar, da media vuelta y se marcha, porque no tiene el pasaporte".  "Dicen que no tienen por qué enseñar sus datos o su historial médico y se van, lo que repercute en los ingresos de nuestros negocios", explica.

"La gente está participando de muy buena gana, a estas alturas como si les haces venir vestidos de sevillana"

En el archipiélago canario son mucho más optimistas. "Está funcionando muy bien. La gente está participando de muy buena gana, aunque a estas alturas como si les haces venir vestidos de sevillana, y pocos se quejan. Fue una alegría que se pusiera en marcha el pasaporte porque, de estar completamente cerrados, pasamos a poder abrir", cuenta Antonio Márquez, presidente de la Asociación de empresarios de salas de fiestas y discotecas de Las Palmas de Gran Canaria". "Solo nos surge una duda: ¿en manos de quién queda la responsabilidad en caso de que el pasaporte sea falso?", se pregunta.

Desde Aragón se considera que la futura medida es "postureo y un castigo contra las discotecas", tal y como apuntó Alberto Campuzano, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas de Zaragoza.

La medida, además de pretender reducir los riesgos, también busca animar la vacunación de determinados colectivos. La mayor desafección se da entre los de 30 a 34 años. Solo un 76,18% ha recibido la primera dosis y un 73,1% ha completado la pauta. El interés también es más bajo entre los 35 y 39 años (un 77,68% tiene el primer pinchazo) y de 25 a 29 (el 78,01%).

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