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La Abogacía del Estado no ve pertinente imputar a Laya y pide el archivo del caso Gali

Cree que es legal la entrada del líder saharaui en España por razones humanitarias

La exiministra González Laya y el líder del Frente Polisario, Brahim Gali.
La exiministra González Laya y el líder del Frente Polisario, Brahim Gali.
HA

La abogada del Estado, María del Mar González Bella, ha pedido al juez Rafael Lasala que archive el caso abierto contra la exministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, por el caso Gali y anule su imputación por la entrada del líder saharaui a España por la Base Aérea de Zaragoza el pasado 18 de abril.

En el escrito presentado ayer, la abogada, que defiende a la exministra y al exjefe de gabinete de Exteriores, Camilo Villarino, reclamó al magistrado que deje sin efecto el auto en el que la imputa. Para la letrada, la citación de la exministra –prevista para el día 4– «es impertinente por cuanto el resultado de la misma no va a aportar mayor aclaración sobre los hechos investigados que la que ya obra en las actuaciones con las declaraciones y demás diligencias».

Los servicios jurídicos del estado han insistido en que «si la decisión de permitir la entrada de Gali en España por razones humanitarias sin control de pasaporte es conforme a Derecho, es indiferente quién o quiénes tomaron la decisión o quién o quiénes estaban al corriente de la misma».

Archivo para Vaillarino  

Este es el segundo escrito presentado por la Abogada del Estado después de haber reclamado hace una semana la anulación de la imputación Camilo Villarino, al entender que no existe «el más mínimo indicio delictivo» en su actuación. En su escrito recuerda que al diplomático se le atribuye la «entrada ilegal» en España, «sin control de pasaportes», con la finalidad de «evitar la acción de la justicia española». Sin embargo, para ella, es «patente» que no concurre en la conducta de Villarino ni la prevaricación ni el encubrimiento que se le imputan.

La abogada alegó que el reglamento de Schengen permite a los Estados autorizar a personas acceder «por cualquier sitio» si existe «una necesidad especial». Gali era titular de un pasaporte diplomático argelino, que permite su entrada en España. También poseía un DNI español en vigor, aunque Villarino reconoció ante el juez que desconocía esto último.

«La gravísima situación en que estaba Gali exigía la menor dilación en su traslado al hospital», agregó. El paciente llegó con su hijo, a los que acompañaba un tercero al que no autorizaron su entrada por «carecer de la documentación que lo permitiera». Defiende que no había ninguna medida judicial sobre Gali que pudiera eludirse y Villarino actuó con «plena convicción» de que así era. «Lo que sí concurrían –afirma– eran razones justificadas y legítimas para pretender que el menor número de personas conociera momentáneamente la presencia del señor Gali».

"Dicha diligencia supone, a nuestro juicio, una investigación prospectiva, vetada en nuestro ordenamiento jurídico", ha señalado la Abogacía. En este sentido, ha indicado que la petición del magistrado a Sirene "no es sino una búsqueda de nuevos indicios" que soporten un hipotético delito de encubrimiento. "No se está investigando indicios aportados al procedimiento, se están buscando esos indicios", ha añadido.

En el escrito, también se ha referencia a la citación en calidad de testigo del ex secretario general técnico del Ministerio de Exteriores José María Muriel Palomino, fijada para el mismo 4 de octubre en el que está llamada a declarar la exministra.

La Abogacía del Estado considera "igualmente innecesaria" su testifical después de que ya hayan declarado tanto el exjefe de gabinete de Exteriores Camilo Villarino y el teniente general y segundo jefe del Estado Mayor del Aire Francisco Fernández.

 

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