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Educación estudiará acogerse a la moratoria de un año para las recuperaciones de la ESO

Alegría deja en manos de las comunidades la supresión de estos exámenes este curso para facilitar el consenso. La medida divide a las autonomías y a las familias.

La ministra de Educación y Formación Profesional, la aragonesa Pilar Alegría.
La ministra de Educación y Formación Profesional, la aragonesa Pilar Alegría.
Enrique Cidoncha

Los alumnos de ESO todavía no tienen claro si este curso tendrán o no exámenes de recuperación a finales de junio. La ministra de Educación, la aragonesa Pilar Alegría, ha decidido, a petición de algunas comunidades, dar una moratoria de un año a estas pruebas extraordinarias, que sí desaparecerán definitivamente en el próximo curso 2022-23. Aragón, que desde el primer momento ha apoyado la eliminación de estos ejercicios, «estudiará» y «valorará» acogerse a esta posibilidad «cuando se comunique de una manera oficial», señalaron ayer desde el Departamento.

Con esta prórroga, avanzada por ‘El Mundo’, Alegría persigue alcanzar un mayor consenso y facilitar la organización de las comunidades una vez que las clases ya llevan tres semanas en marcha. El Ministerio va a desarrollar ahora una disposición transitoria para que las comunidades que así lo deseen puedan optar por mantener los exámenes de recuperación o suspenderlos ya. Este decreto está aún en borrador a falta del informe del Consejo de Estado para que pueda ser aprobado en Consejo de Ministros.

La DGA todavía no se ha definido, aunque desde el Departamento de Felipe Faci sí se ha apuntado que parece «prudente» que sean las comunidades las que puedan decidir, «ya que la medida atañe a un curso que está iniciado ya». De momento, Murcia, Galicia, Andalucía y Canarias, mantendrán las recuperaciones. La Comunidad Valenciana ya ha anunciado que las eliminará y otras, como País Vasco, Baleares y La Rioja, aún no lo tienen decidido.

Desde el colectivo de familias de la escuela pública, Fapar, recordaron que aunque están a favor de la evaluación continua, si esta moratoria facilita la futura implantación y organización de la Ley Celaá (Lomloe) no van a oponerse. Recordaron que «urge» una revisión del actual sistema de evaluación. Sin embargo, los padres de la concertada, Fecaparagón, defienden el mantenimiento de estas pruebas que consideran otra «oportunidad» para que los alumnos aprueben una asignatura u obtengan la competencia que se les pide. Van más allá y reclaman que se lleven a cabo en septiembre.

Eva Bajén, presidenta de la Asociación de Directores de Institutos de Secundaria de Aragón, señaló que ya se habían hecho a la idea de que esta ‘repesca’ de junio iba a desaparecer ya. «Si se tiene que hacer porque se considera mejor para el alumnado, cuanto antes mejor», aseguró.

Por su parte, Carlos Trullén, portavoz de Educación de Ciudadanos, criticó el «juego del trilero» de la ministra, ya que «fija nuestra atención en los exámenes cuando el tema principal es que la ley permite pasar de curso sin límite de suspensos».

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