El juez Rafael Lasala, titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza y encargado de aclarar la entrada a España del líder del Frente Polisario Brahim Gali a través de la Base de Zaragoza, ha decidido esta semana llamar a declarar como investigada a la exministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya. Y al hacerlo, ha desatado una gran tormenta política, ya que señala directamente a un miembro del Gobierno de Pedro Sánchez, quien se vio obligado a reaccionar desde Nueva York.

El jefe del Ejecutivo defendió la forma de proceder con Gali el pasado 18 de abril, cuando entró en territorio nacional sin pasar el control de pasaportes para ser trasladado a un hospital de Logroño. Sánchez alegó razones humanitarias, ya que sufría una covid severa, pero insistió en que todo se hizo conforme a la ley. Sin embargo, el Partido Popular ha anunciado que pedirá una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para saber quien fue "la X" que dio el permiso.

El caso que obligará a dar explicaciones a la exministra Arancha González Laya –posiblemente el 4 de octubre– tiene su origen en la denuncia que el letrado malagueño Antonio Urdiales presentó el pasado 25 de mayo en los juzgados de Zaragoza, por ser aquí donde llegó Gali. La derivada judicial se inició solo una semana después de la crisis desatada entre España y Marruecos a raíz de la invasión de 8.000 inmigrantes a través de Ceuta. Estas son algunas de las claves de un caso que parece acechar al Gobierno.

1.- La ministra "no lo decidió sola". El exjefe del gabinete de Asuntos Exteriores, Camilo Villarino, declaró ante el juez Rafael Lasala el pasado 13 de septiembre que la exministra ordenó que Brahim Gali entrara por la Base de Zaragoza para ser atendido de coronavirus en Logroño. "No lo decidió ella sola", apunto, sin precisar con quién compartió la decisión. Villarino reconoció ante el juez que tres días antes de la llegada de Gali a la Base se lo comentó la exjefa de gabinete de la vicepresidenta de Presidencia, María Isabel Valldecabres. El instructor ha aceptado su declaración como testigo, pero todavía no se ha pronunciado sobre la petición de la acción popular de que acuda también a declarar la exvicepresidenta Carmen Calvo. Al ser aforada, como diputada, debería hacerlo desde el Congreso.

¿Quién fue el enlace del núcleo del Gobierno con la ministra Laya? ¿Sabía la vicepresidenta lo que ocurrió tres días después en la Base? Estos son algunos de los interrogantes por despejar. La ministra de Exteriores fue sustituida el pasado 10 de julio por José Manuel Albares, quien abrió un camino de entendimiento con el Gobierno de Marruecos.

2.- El papel del Ejército del Aire y la Policía Nacional. El segundo jefe de Estado Mayor del Aire, teniente general Francisco Javier Fernández Sánchez, declaró como testigo ante el juez y dijo que el exjefe de gabinete de Asuntos Exteriores le comunicó que un diplomático iba a llegar a la Base de Zaragoza, sin llegar a darle su identidad. Le explicó que tenía pasaporte diplomático y podía pasar, no estando Defensa obligada a identificarlo.

El general José Luis Ortiz Cabañate, exjefe de la Base y actual jefe del JMOV, explicó por escrito que recibió una orden del Estado Mayor del Ejército del Aire, a instancias de Asuntos Exteriores, para no pedir el pasaporte al líder del Frente Polisario cuando llegó a España en un avión medicalizado. Pero detalló que tienen un procedimiento por el que las personas que aterrizan procedentes de países de fuera de la zona Schengen deben pasar el control de pasaportes.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, manifestó en julio que Exteriores "actuó como debía", pero esta semana prefirió no abordar el tema durante su visita a la Base para apoyar a los militares del Ala 31 y el EADA tras su misión en Afganistán.

El juez Lasala aun no se ha pronunciado sobre la petición para que cite a declarar a la exjefa de gabinete del Ministerio del Interior, Susana Crisóstomo Sanz. A ella se le preguntaría por la escolta policial que tuvo el líder saharaui tras la llegada a Zaragoza y en el hospital de Logroño. ¿Qué papel tuvieron la Policía Nacional y el Ministerio del Interior? Fuentes jurídicas anuncian que se podría citar también a responsables del servicio de Información de la Policía Nacional.

3.- Las dos causas penales abiertas en la Audiencia Nacional sobre Gali y el archivo de una por el juez Santiago Pedraz. El diplomático aragonés Camilo Villarino manifestó ante el juez que en Asuntos Exteriores desconocían que Brahim Gali estaba implicado en dos causas penales en la Audiencia Nacional (AN) por presuntos delitos de genocidio y lesa humanidad. Al saber de su llegada a España desde Argelia en un avión oficial, el juez Santiago Pedraz lo citó para comparecer por videoconferencia respecto a la causa de genocidio. Gali aceptó la petición el pasado 1 de junio, el mismo día que regresó a Argelia. La consecuencia fue que el juez decidió archivar ese sumario por falta de pruebas contra el líder del Frente Polisario, que fue defendido por el abogado aragonés Manuel Ollé. Fuentes jurídicas apuntan que si se hubiera sabido de su llegada a España podrían haberlo detenido por su implicación en las dos causas citadas.

4.- El pasaporte argelino, el falso y su nacionalidad española. El líder del frente Polisario viajaba con un pasaporte argelino legal cuando entró en la Base Aérea, pero la orden del Ministerio de Asuntos Exteriores evitó que tuviera que entregarlo a las autoridades policiales en la capital aragonesa. Al llegar al hospital de Logroño, pactaron con las autoridades riojanas que cambiaran su identidad por razones de privacidad y de seguridad, por lo que se llegó a utilizar un documento falso, según fuentes jurídicas.

En cualquier caso, el denunciante Antonio Urdiales solicitó un documento para saber si Gali había sido reconocido como español, ya que nació en Esmara el 16 de agosto de 1948, cuando el Sáhara Occidental era colonia española (dejó de serlo en 1976). El Registro Civil de Valencia lo confirmó en 2004, cuando Gali vivía en esa ciudad, como publicó ‘El País’. Aun así, fuentes jurídicas señalaron que este documento no se utilizó en su entrada y salida a España.

5.- En avión a Aragón y al hospital de La Rioja. El Gobierno de Sánchez decidió trasladar al saharaui Brahim Gali al hospital San Pedro de Logroño porque mantiene una conexión más estrecha con el Gobierno de La Rioja y su presidenta, Concepción Andreu Rodríguez. Por su parte, el Gobierno aragonés negó al juez Lasala que una ambulancia de esta comunidad trasladara a Gali desde la Base a la capital riojana para desmentir las informaciones publicadas al respecto. La DGA ignoraba este viaje, aunque el avión llegó a Zaragoza. En realidad, la ambulancia llegó a Garrapinillos desde La Rioja y fue escoltada por policías desde Zaragoza hasta Logroño.

El juez ha citado como testigo al jefe de gabinete de Presidencia del Gobierno de La Rioja, Eliseo Sastre Esteve, este mes para que aclare los detalles de la llegada del líder saharaui, la documentación presentada para identificarlo y el motivo por el que lo trasladaron.