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terrorismo 

Las víctimas de la Casa Cuartel cargan contra un acto en apoyo a Henri Parot

La Guardia Civil y la Policía denuncian una marcha en Mondragón el próximo día 18 en favor del autor del atentado

Acto conmemorativo del XXXII aniversario del atentado terrorista contra la casa cuartel de la Guardia Civil en el que murieron once personas, celebrado en la plaza de la Esperanza en Zaragoza
Acto conmemorativo del XXXII aniversario del atentado terrorista contra la casa cuartel de la Guardia Civil en el que murieron once personas, celebrado en la plaza de la Esperanza en Zaragoza
Guillermo Mestre

Las víctimas del atentado de la Casa Cuartel en Zaragoza el 11 de diciembre de 1987, que provocó once muertos (seis de ellos menores) y 40 heridos, denunciaron ayer que su autor, Henri Parot, que colocó el vehículo con 250 kilos de explosivo, va a ser objeto de un acto de apoyo en el municipio de Arrasate-Mondragón (Guipúzcoa) el próximo 18 de septiembre.

En el mismo sentido se pronunció ayer la Asociación Profesional de la Guardia Civil (JUCIL) y el sindicato de la Policía Nacional JUPOL, que le trasladaron al delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, el «malestar» existente en ambos cuerpos, así como entre diversos colectivos de víctimas, por el acto convocado en defensa de los derechos del etarra Henri Parot.

Una portavoz de la Asociación de Víctimas de Terrorismo (AVT) reivindicó «la necesidad de las reformas legales para impedir los actos de homenaje y recibimiento a los presos de ETA que tanto dolor y sufrimiento han causado para las víctimas de terrorismo».

«Una sociedad sana no se puede permitir que casi semanalmente los terroristas que salen de prisión sean recibidos en sus pueblos como héroes», señaló la abogada Carmen Ladrón de Guevara, miembro de la AVT y representante en la acusación particular del proceso abierto contra el histórico etarra Josu Ternera (todavía residente en Francia a la espera de acabar dos juicios) sobre su participación en el atentado de la Casa Cuartel en Zaragoza.

Petición a la Audiencia Nacional 

En este sentido, la Delegación del Gobierno en Euskadi ha remitido a la Audiencia Nacional la petición planteada por la Fundación Villacisneros para prohibir la marcha convocada por la asociación Sare en defensa de los derechos de Henri Parot y del resto de presos de ETA.

Carmen Ladrón de Guevara denunció que todos los méritos reconocidos de los etarras homenajeados son poner bombas o pegar tiros. «Esto es un dolor añadido para las víctimas», recalcó la letrada. Asimismo, agregó que la AVT presentó hace un año en la Audiencia Nacional un informe de su gabinete psicológico sobre el impacto negativo de estos actos que afecta a las víctimas del terrorismo.

La letrada de la AVT reconoce que la vía jurisprudencial, con la aplicación del artículo 578 del Código Penal, ha quedado vacía de contenido desde una sentencia del Tribunal Constitucional dictada en 2016 y la directiva europea sobre la libertad de expresión, donde se puede embarcar este tipo de actos de apoyo a los miembros de ETA.

«La Audiencia Nacional tiene las manos atadas ahora para llevar estos casos por la vía penal», denunció Ladrón de Guevara, «Por eso ahora se puede explorar por las vía administrativa, con multas a las asociaciones que organizan los actos y ya se lo hemos transmitido a los partidos políticos».

Por otro lado, la asociación JUCIL y el sindicato policial JUPOLhan remitido el asunto a la Fiscalía, y la Delegación del Gobierno en el País vasco ha señalado que «poco más puede hacer».

El secretario general de JUCIL, Ernesto Vilariño, y el secretario de organización de JUPOL, Aarón Rivero, aseguraron que no entienden «cómo se puede permitir» la celebración de este tipo de actos, que considera un ejercicio de «enaltecimiento» de los miembros de ETA. «En democracia, las instituciones no se pueden poner de perfil. Este tipo actos no se deberían permitir en democracia, igual que no entenderemos que se haga un homenaje a quienes cometieron los atentados del 11-M», manifestaron.

El etarra Henri Parot, jefe del comando Argala, fue condenado por 39 asesinatos y recientemente lo trasladaron desde la cárcel de Puerto III (Cádiz) a León dentro del proceso de acercamiento al País Vasco, cuyo gobierno asumió en mayo Instituciones Penitenciarias.

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