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coronavirus

El Justicia pide que Educación aporte más recursos para garantizar la seguridad durante la pandemia

La institución recibió en febrero varias quejas docentes, pero la DGA aún no ha enviado la información requerida.

Estudiantes del instituto Goya de Zaragoza atienden al profesor al inicio de una clase, ayer.
Estudiantes del instituto Goya de Zaragoza atienden al profesor al inicio de una clase.
Guillermo Mestre

El Justicia de Aragón solicitó ayer al consejero de Educación, Felipe Faci, mayores recursos que permitan garantizar la seguridad en el aula tras las quejas recibidas por parte del profesorado de varios centros de la Comunidad. En concreto, sugirió que los responsables de Riesgos Laborales del Departamento evalúen ‘in situ’ las condiciones de trabajo y que se haga un libramiento "extraordinario" de fondos para que los equipos directivos puedan adquirir filtros de aire, medidores y otros materiales de prevención.

En su escrito, la institución detalla que corresponde al personal técnico y sanitario la elaboración de los planes de contingencia que determinan la distribución de las aulas y el movimiento del alumnado y profesorado, entre otras cuestiones. Y no "descargar" una decisión "de tal calado" en el personal docente "con muy buena voluntad e interés".

Durante el mes de febrero, cuando los institutos regresaron a la presencialidad total, el Justicia de Aragón recibió varias quejas, entre ellas, la presentada por Carmina García y secundada por alrededor de unos 250 docentes más. También le fue remitida otra impulsada por parte de los profesores del IES Grande Covián de Zaragoza, donde durante el pasado curso había clases de ESO y bachillerato en las que no se podía mantener la distancia de seguridad. Algo que se repetirá, si no se producen modificaciones en el planteamiento inicial, a partir de septiembre.

Este es uno de los puntos que se criticó en los diferentes escritos remitidos a esta institución. También se lamentó que los recursos proporcionados –mascarillas y equipos informáticos– así como la dotación de personal –docentes y personal de limpieza– fueron "escasos" y que, pese a facilitar información sobre el personal vulnerable, "no se tomaron medidas específicas para ellos".

Sin respuesta a tiempo

La institución aragonesa, además, recordó al Departamento de Educación que su obligación es "proteger a los trabajadores de los centros" y reprochó que, después de haberle requerido información a mediados de febrero respecto a las quejas planteadas todavía, no haya obtenido respuesta. Tampoco se recibió documentación alguna en otras tres ocasiones en las que se reiteró la petición: 25 de marzo, 20 de mayo y 30 de junio.

En este sentido, desde la Consejería que dirige Felipe Faci confirmaron que se ha elaborado un informe, pero que dado que se refería a medidas del pasado curso, lo estaban actualizando antes de remitirlo. En este documento –puntualizaron– se señalaba cómo el retorno seguro a las aulas fue el objetivo prioritario y que, tras el transcurso del año escolar, se ha demostrado que los colegios e institutos son "espacios seguros". Así, se detallaban algunas de las medidas llevadas a cabo: la creación de los equipos covid para ayudar en todas las tareas relacionadas con la aparición de casos, la bajada de ratios, el aumento de personal y la creación de los grupos burbuja.

El Justicia también hizo alusión al próximo curso escolar y repitió la necesidad de proporcionar recursos económicos para afrontar los gastos específicos que permitan "defender la salud de los miembros de la comunidad educativa" y que van más allá de la "adquisición centralizada de mascarillas o geles". Esta misma preocupación se extiende entre el profesorado, que ve cómo en solo unas semanas se regresará al aula sin contar con ratios más reducidas y con la "expansión de nuevas variantes del coronavirus".

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