Alfonso Peña: "La fiscalización de la Cámara de Cuentas ha podido evitar casos de corrupción"

Once años fiscalizando a las instituciones. ¿De qué ha servido?

Las instituciones conocen ahora mejor las cuentas que gestionan y las zonas en las que existen riesgos e irregularidades. Creo que hoy en Aragón todo el mundo tiene bastante más información sobre la gestión de las administraciones.

¿Hasta qué punto hacen caso a sus requerimientos?

Van incorporando las recomendaciones, pero la queja es que el ritmo de implantación es un poco lento. Este problema se da más en la DGA, en el Salud o en los ayuntamientos más grandes.

Sin capacidad sancionadora, los informes de la Cámara se quedan en meras recomendaciones. ¿Debería cambiar la situación?

Sí. No aspiramos a ser una institución exclusivamente sancionadora, pero en algunas materias hemos reclamado competencias para poder cumplir razonablemente nuestra función. No es asumible que a estas alturas del siglo XXI algunas administraciones sigan sin presentarnos sus cuentas anuales.

¿De cuántas hablamos?

El 98% rinde cuentas aunque sea fuera de plazo, pero para los pocos casos que se resisten hemos pedido capacidad sancionadora, de imponer multas coercitivas a los ayuntamientos que no cumplen con una obligación esencial.

El Tribunal de Cuentas sí puede, por ejemplo, exigir la devolución del desvío de fondos en el ‘procés’. ¿Siente envidia?

En materia de enjuiciamiento en la responsabilidad contable, el Tribunal de Cuentas es el único órgano que la tiene reconocida. Nosotros, cuando queremos exigir responsabilidades en materia contable, tenemos que utilizar esa vía jurisdiccional.

¿Y han recurrido mucho a esa vía?

Nuestros informes, por ley, los remitimos al Tribunal de Cuentas. Y una vez que los analizan, abren diligencias de investigación y, dependiendo de su resultado, a veces abren procedimientos por responsabilidad contable.

Solo lo recuerdo por Plaza.

Es que tampoco, digamos así, que haya habido casos muy llamativos, pero prácticamente de todos los informes de la Cámara, como mínimo, se han abierto diligencias preliminares de investigación.

Pero sin llegar a los tribunales.

En la vía jurisdiccional, sí. Hace bien poco nos comunicaron el cierre de un procedimiento después de que se reintegró una subvención cuyo uso irregular constatamos al fiscalizar la comarca Andorra-Sierra de Arcos. En casi todos los informes suele haber pequeñas cantidades que se reclaman a funcionarios por cobros indebidos de nómina, subvenciones por cantidades no justificadas… No son casos tan aparatosos como el conocido esta semana.

¿Han tenido presiones?

No, lo tengo que decir con rotundidad.

Los mecanismos de control son a posteriori. ¿No hay otra forma de garantizar el correcto funcionamiento de la Administración?

No todos, hay algunos preventivos, en particular las asesorías jurídicas y la intervención.

Sí, ponen reparos y luego el Consejo de Gobierno se los salta.

Pero por lo menos los ponen y, al estar advertidos, asumen la responsabilidad. En España tendríamos que hacer lo posible por reforzar el control previo de los interventores y servicios jurídicos. Y dotarles de más capacidades para que con sus reparos se suspendiera la tramitación de expedientes. No puede descansar todo en la Cámara de Cuentas.

En Aragón no se han conocido casos de corrupción como en otras autonomías. ¿Hay una mejora salud democrática?

Sí. La Administración aragonesa y sus gestores tienen una mejor cultura institucional que en otros territorios. Poner en marcha la Cámara de Cuentas, no nos engañemos, no es una fiesta para los gestores, pero reconozco que el nivel de colaboración es alto.

¿La fiscalización ha podido evitar casos de corrupción en Aragón?

Yo creo que sí. No tengo más que una percepción, una intuición. Poner una nueva capa de control, con las potencialidades de revisar exhaustivamente la gestión y hacer públicos los resultados, no limita las posibilidades de cometer actuaciones fraudulentas o irregulares pero algún impacto tiene en que se procure hacer una gestión más responsable.

Siempre se queja de que son el órgano fiscalizador de menor tamaño de España. ¿Cuánto deberían crecer y hasta dónde podrían llegar?

Somos, junto a Asturias, la entidad más pequeña y la Cámara de Comptos de Navarra tiene 42 funcionarios y nosotros, 31. Lo que tengo claro es que, como mínimos, deberíamos a aspirar a tener los mismos medios que Navarra, que es una Comunidad mucho más pequeña con todo lo importante que es y por mucho que gestione sus impuestos directamente.

Se puso al frente de la institución con el objetivo de “consolidarla” porque, dijo, aún era joven y frágil. ¿Lo ha conseguido?

Sí, al menos no hemos retrocedido. Nadie discute nuestro trabajo y rueda con normalidad. Pero hay problemas como en todo el sector público, caso de la consolidación de las plantillas.

¿Qué meta se marca ahora?

Además de resolver los problemas de reposición de vacantes, nuestra principal aspiración es poder ejecutar sin interferencias las auditorías programadas hasta 2024 en nuestro plan estratégico, incorporando cada año nuevos efectivos para alcanzar ese objetivo.