Las 32.200 sanciones impuestas en Aragón durante el primer estado de alarma podrían quedar anuladas si los tribunales terminan declarando inconstitucional el confinamiento decretado en marzo por el Gobierno de Pedro Sánchez para frenar la crisis sanitaria.

La decisión del Tribunal Constitucional, que se conocerá en aproximadamente dos semanas, dejaría "sin base legal" las multas impuestas. Lo mismo ocurriría con las 194 detenciones a quienes se saltaron el confinamiento domiciliario o incumplieron otras restricciones de movilidad, que ahora "podrían ser objeto de indemnizaciones y reclamaciones patrimoniales", según explicó ayer José Antonio Sanz, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Zaragoza.

A su entender, todas aquellas propuestas de sanción que no hayan sido tramitadas o estén en proceso "deberían ser anuladas". Aquí, apuntó, sí se aplicaría el principio de retroactividad, mientras que para aquellas que sean firmes "podría pedirse responsabilidad patrimonial al Estado por el pago de una cantidad indebida".

"La Administración debería actuar incluso de oficio y archivar los expedientes, ya que, de lo contrario, se puede encontrar con una lluvia de recursos", auguró.

Desde la Delegación del Gobierno en Aragón confirmaron que hace un mes comenzó a tramitarse el último paquete de sanciones. El volumen de expedientes, aseguraron, multiplicó por siete los que se reciben en un trimestre normal. Incidieron, asimismo, en que el objetivo de estas sanciones "no era penalizar a la población ni recaudar", sino disuadir a los ciudadanos del incumplimiento de las medidas de protección contra la covid-19.

Y pese a que "desde el Gobierno se respeta el procedimiento de deliberación del tribunal", recalcaron que el estado de alarma es una herramienta "constitucional" que ha permitido "salvar vidas".