El sector de la discapacidad intelectual reclama mejor financiación y ayudas por los sobrecostes de la pandemia

Plena Inclusión Aragón, la asociación que une 40 organizaciones sin ánimo de lucro que atienden a las personas con discapacidad intelectual en la comunidad autónoma, pide ayuda a la DGA ante "la delicada situación que atraviesan" las entidades que la forman. "Dicha situación requiere de soluciones urgentes para poder mantener los servicios y apoyos que prestan a estas personas y sus familias", insisten desde esta agrupación a través de un comunicado.

Así, desde esta coordinadora especifican seis peticiones concretas, entre ellas una financiación adecuada para el mantenimiento de los servicios, la compensación por el sobrecoste soportado a causa de la covid-19, la sostenibilidad de la nueva realidad de los servicios y un plan de reconstrucción urgente, que tenga en cuenta las transformaciones necesarias en los modelos de atención y apoyo.

Además, también apuntan a dar valor a la "dignidad para las plantillas, que han demostrado su profesionalidad y su compromiso con las entidades, las personas con discapacidad y las familias". Por ello, reivindican que dicho reconocimiento "no se quede en meras palabras, sino que se traduzca en su salario, ya que este sector, pese a ser esencial, tiene uno de los convenios más bajos del mercado laboral".

Asimismo, subrayan y reclaman que se tenga en cuenta a las familias porque "en esta pandemia se han sentido solas y desatendidas por la Administración" y solicitan que se les dote de "medios para poder llevar a cabo un acompañamiento que es cada vez más necesario, a través de programas o servicios que les demuestren que no están solas". Por todo ello, explican que lo servicios que prestan a través de sus centros son "fundamentales para asegurar una vida digna a las personas con discapacidad intelectual y su entorno familiar".

Para ilustrar la situación en la que se encuentran, desde Plena Inclusión detallan que hay cerca de 700.000 euros por los atrasos acumulados en los plazos de aplicación del incremento de los conciertos entre 2019 y 2021, que fueron pactados hace tres años. Así, argumentan que en este periodo "se acumulan once meses de retrasos, en los que el precio de las plazas concertadas no se ha actualizado a tiempo". A la vez, recuerdan que en octubre ya detallaron que los sobrecostes de adaptación a la pandemia han supuesto una inversión de 900.000 euros y que la caída de ingresos por la reserva de plazas concertadas con el IASS pero que optaron por trasladarse a sus domicilios familiares llegan a los 500.000 euros.

Insisten en que las entidades asociadas "se han visto muy afectadas por la crisis provocada por la pandemia, que ha agravado la complicada situación financiera que ya venía arrastrando el sector desde la anterior crisis económica, lastrado por los recortes que ya sufrió en su día".

También critican que "las subidas salariales fruto del convenio colectivo sectorial y del incremento del salario mínimo interprofesional nunca se han visto reflejadas en la financiación que perciben las organizaciones de la discapacidad como prestadoras de servicios públicos". A ello suman la implantación de las medidas de seguridad e higiene, que ha implicado compra de material, bajada de las ratios y refuerzos de limpieza.