El sector del juego advierte que la nueva ley abocará al cierre a 30 salones
Las inversiones que exige de 200.000 euros por establecimiento para que la Administración tenga el control remoto de las máquinas y el personal que habrán de contratar para tener a la puerta de los establecimientos harán inviable, dicen desde Aesa, la asociación del sector, la continuidad para algunos de ellos
Con 181 trabajadores del sector de salones de juego que han perdido su empleo en el último año y 600 en ERTE en Aragón, el presidente de AESA, la patronal, José Antonio Rubio, ha advertido que de salir adelante el anteproyecto de la ley de modificación de la actual ley del juego en Aragón podría suponer el cierre de 30 establecimientos. "Quiero trasladar el daño que esta ley hace a un sector y la pérdida de puestos de trabajo y salones que conlleva", ha dicho, calificándola de innecesaria ya que se podría regular mediante decretos y "no consigue el objetivo que busca que es la mayor protección a colectivos vulnerables" ya que pueden acceder al juego 'on line' desde cualquier móvil. "No los protege porque en nuestros salones ya no entran menores", ha destacado.
Por el contrario, ha denunciado, el tener que disponer de una persona en exclusiva constantemente a la puerta para pedir los DNI y hacer las comprobaciones, les va a exigir duplicar la plantilla, cuando ya esa labora "la hace el personal de sala dentro, al exigir a los clientes, la pertinente documentación", además de gastarse 200.000 euros en inversiones por cada salón para que la Administración pueda tener monitorización y acceso en remoto a todas las máquinas.
Rubio asegura que han mantenido conversaciones con la Administración pero que no les ha escuchado y que es inviable que se les pida contratar a más personal tal y como está el sector cuando el "control de acceso en nuestros salones existe desde 2009 y no entendemos porqué quieren limitarlo a una persona física cuando existen otros medios biométricos, huella digital o reconocimiento facial, sistemas de los que no quiere entrar a hablar la DGA.
Rubio ha adelantado que intentarán reunirse con todos los grupos para explicarles el prejuicio que puede causarles esta ley si no se modifica. "No queremos menos inspección y control, sino hacer un marco legal que nos proteja a todos, también a los empresarios".
El sector de los salones del juego en Aragón emplea a un millar de personas y mueve una cifra de negocio de 83 millones, de los que 34 son para el pago de impuestos. Cabe recordar, ha dicho el presidente de Aesa, que de cada 100 euros de enta en los salones de juego, 41 se destinan a financiar a las distintas administraciones (local, regional, estatal y sistema de la Seguridad Social) por tasas e impuestos diversos "sin que esas cantidades retornen como los empresarios vienen demandando para fomentar el juego responsable".
Para Rubio esta ley supone "gastos innecesarios" que el sector no puede permitirse y piden una moratoria para ese cambio que la norma "nos obliga a hacer en dos años del 50% de las maquinas para que desde un despacho puedan ver premios que se han dado, porcentajes, cuando esa información ya la tienen disponible". En este sentido, ha aludido a las consecuencias de la pandemia, que ha supuesto una "reducción del 50% en ventas porque algunos salons estuvieron cinco meses cerrados en 2020, unos 7 u 8 salones ya no han podido abrir y estamos negociaciones con Hacienda para que el impuesto sobre el juego, al menos en la parte que ha estado cerrado, se bonifique de alguna manera".
En la actualidad, hay abiertos, ha indicado Rubio, 119 salones de juego o licencias operativas, a los que hay que descontar los cierres por pandemia, con lo que disminución, según Rubio es desde 2010 de 11 salones.