aragón
El varapalo judicial a Mularroya siembra la incertidumbre entre los regantes
El Ministerio no aclara si recurrirá el fallo y los agricultores aún lo están valorando. La DGA lo considera una "pésima noticia para la lucha contra la despoblación".
La sentencia de la Audiencia Nacional que estima parcialmente los recursos de SEO Birdlife y de la Asociación Jalón Vivo contra las obras de la presa de Mularroya en el río Grío, el azud de derivación en el Jalón y el túnel de trasvase entre ambos cauces ha suscitado una gran preocupación entre los regantes, que temen que el revés judicial altere la evolución de una obra que ya acumula tres tropiezos judiciales. En total, están en juego más de 188 millones de euros, incluidas las medidas ambientales,
El futuro del pantano, su finalización o no, despierta una sensación común entre los regantes: la incertidumbre. La incógnita es si el fallo será recurrido o no, dado que el Ministerio de Transición Ecológica, preguntado por si acudirá al Tribunal Supremo, prefirió ayer no responder. La resolución, que fue notificada el martes a las partes, deja abierta la puerta a un recurso de casación que tendría que presentarse por el Gobierno central, como demandado, o por los codemandados, la UTE constructora Sacyr-Acciona y la Junta Central de Usuarios del Jalón. Por el momento, esta parte no ha movido ficha públicamente.
Si se acaba presentando, las obras, con la presa al 73,5% y el túnel de trasvase recién empezado, podrían continuar. Para Jesús Ángel Lamuela, presidente de la Junta, todavía es pronto para valorar el fallo, porque la entidad sigue estudiándolo para decidir si va a la casación. "Es algo que hay que meditar mucho, porque es un texto complejo que genera dudas sobre las implicaciones que puede tener", dice. En este sentido, sí que sostiene que "no tiene nada que ver con Biscarrués, las circunstancias son completamente diferentes" y asegura que tiene "plena confianza en el Plan Hidrológico". "Lo que tenemos claro es que es una infraestructura vital para que los agricultores jóvenes tengan un futuro que ahora es incierto teniendo únicamente una regulación del 40% dependiente del embalse de la Tranquera", argumentó.
Desde la DGA, el consejero de Medio Ambiente, Joaquín Olona, tildó el revés judicial de "pésima noticia para la agricultura familiar y para la lucha contra la despoblación". También manifestó su apoyo expreso a los regantes y cargó contra los recurrentes: "Si nos empeñamos en ver la naturaleza como algo prístino, olvidemos la lucha contra la despoblación, porque un territorio sin actividad expulsa a las personas".
La decisión judicial ha sido recibida con distinto ánimo, no solo entre regantes y plataformas ecologistas, sino incluso dentro del colectivo agrícola. "Estamos satisfechos con el fallo, pero habría que preguntarse si después de tantas sentencias hay alguien que vaya a asumir las consecuencias legales de unas políticas equivocadas y ejecutadas por la vía de los hechos consumados", explica el agricultor y miembro de la asociación ecologista La Sabina de Ricla Javier Traín, que recordó también el apoyo de otras entidades, como Mularroya no pas. Asimismo, incide en que "hay mucha inquietud en la zona porque todavía no se sabe el destino de las nuevas hectáreas de regadío ni el precio del agua ni si nos acabarán haciendo pagar por Mularroya como están haciendo con la Tranquera", plantea.
Desde SEO Birdlife y Jalón Vivo, a los que se unen entidades como Coagret, ya dejaron clara su intención de reclamar "la paralización de las obras pendientes, la restauración ambiental e hidrológica de la zona afectada y la reversión a su estado previo".
