La Cámara de Cuentas apela a planificar los fondos europeos para evitar los errores del Plan Miner o el FITE

El presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, Alfonso Peña, ha advertido este lunes en las Cortes de la necesidad de planificar los fondos de reconstrucción europeos para que cumplan su finalidad y aprender de los problemas que ha habido en la gestión de otros instrumentos de financiación públicos, como el Miner o el FITE.

Peña ha hecho esta reflexión en su comparecencia en la Ponencia de Relaciones con la Cámara de Cuentas en las Cortes para explicar el informe de fiscalización de los planes Miner en Aragón 2010-2017, que han movilizado desde 1998 subvenciones por 418 millones y han contribuido a mejorar las infraestructuras municipales, la calidad de vida de los habitantes y la reestructuración industrial, pero no ha compensado completamente la pérdida de la minería ni ha sido suficiente para influir en la tendencia migratoria descendente.

Ha apuntado que los Miner y el Fondo de Inversiones de Teruel, que movilizó casi 950 millones entre 1994 y 2016, no han sido capaces de solucionar todos los problemas y desequilibrios que padece Teruel en infraestructuras, empleo o regresión demográfica, pero ha enfatizado que eso no quiere decir que no hayan tenido un efecto positivo en la provincia.

Para el presidente de la Cámara de Cuentas, han tenido impacto y han ayudado a que la situación en la provincia "sea mejor, con toda seguridad" de la que tendría de no haber existido estos dos programas de inversión pública "tan potentes", y ha destacado al respecto que el volumen de inversiones de los Miner suman casi mil millones, teniendo en cuenta que las subvenciones por 83 millones para proyectos empresariales han movido 600 millones privados.

En todo caso, ha afirmado que el programa en sus primeros años evidencia que la planificación "no ha sido la mejor" y ha insistido en que las conclusiones sobre la gestión siguen vigentes, ya que aún hay por ejecutar, con muchísimos retraso, proyectos del periodo 2013-2018, y conocer los problemas previos es necesario para abordar con éxito estos proyectos.

En todo caso, antes de que los grupos parlamentarios presenten sus propuestas de resolución al informe, -el plazo acaba el viernes a mediodía- Peña ha pedido a los parlamentarios que pongan el Miner en perspectiva, ya que a pesar de sus debilidades y deficiencias, la gestión en Aragón ha sido mejor que en Asturias y León, que han contado con muchos más fondos públicos, como evidencia un informe del Tribunal de Cuentas.

No obstante, ha admitido que el Miner han tenido un efecto limitado y posiblemente insuficiente porque los problemas en la provincia son "complejos", si bien ha insistido en que a pesar de todos sus problemas de gestión y resultados mejorables, este tipo de instrumentos deben mantenerse para que la provincia "tenga el desarrollo que le corresponde".

A su juicio, hay que aprender de la gestión realizada y de estas revisiones y es labor de todos incorporar la experiencia en la mejora de los nuevos proyectos para que tengan impactos mayores.

En ese sentido, ha abogado por reflexionar en torno a la gestión de programas públicos como el Miner para ponerse en situación de los riesgos y dificultades que pueden implicar en un futuro muy próximo la gestión de los fondos de recuperación de la Unión Europea, que van a movilizar un importante volumen de fondos públicos.

"Tenemos que hacer todo lo esté en nuestra mano para conseguir que cumplan su finalidad", que es la recuperación de la economía y de la actividad y planteando un horizonte para Aragón para los próximos años.

En el turno de los grupos, Óscar Galeano (PSOE) ha coincidido con Peña en que la situación de Teruel sería peor de no haber contado con estos fondos y ha destacado las inversiones realizadas, a pesar de las deficiencias, y que las empresas instaladas inactivas son "una auténtica excepción".

Ana Cristina Sainz (PP) ha incidido en que el informe "pone al desnudo" el dinero consumido, que su objetivo de favorecer la implantación de actividades productivas no se ha cumplido, que ha habido grandes fallos de gestión en un modelo que denota total falta de planificación, que se han acometido infraestructuras de "dudosa o nula utilizad", como polígonos industriales sin empresas, construidos "sin mesura", y que el Gobierno de Aragón sustituye con estos fondos las que debería ser su inversión directa.

José Luis Saz, de Ciudadanos, ha hecho hincapié en que este informe debe "remover conciencias", también en Madrid, ya que después de 23 años y de casi 420 millones en subvenciones los planes "han fracasado" en su objetivo primordial de sustituir la minería por otras actividades porque "nos ha pillado el toro", a su juicio, y por eso ha pedido no repetir esta pauta de gestión con los fondos europeos que han de destinarse a determinados cambios estructurales.

Erika Sanz, de Podemos, ha lamentado la tónica constante en el retraso en la ejecución de los proyectos de todos los planes por sus consecuencias directas en poder paliar los efectos del descenso y paralización de la minería y que el informe venga a confirmar que no se han cumplido los objetivos de lograr la instalación y fortalecimiento de empresas y de frenar la despoblación

Isabel Lasobras, de CHA, ha coincidido en que las ayudas a las reactivación no han conseguido promover un nivel de actividad suficientes pera superar la dependencia del carbón y ha advertido de que los planes de transición siguen siendo una demanda urgente, porque "nos jugamos -ha dicho- la vida estas comarcas".

Marta Fernández, de Vox, ha reiterado que los Miner no han cumplido su objetivo para una transición justa ni han servido para retener población, ha criticado la larga duración de obras, y que algunas estén sin concluir, como la elevación de aguas del Ebro a Andorra al estar pendiente la segunda fase, que la planificación haya sido muy local sin abarcar un desarrollo global de todas las áreas afectadas y la falta de transparencia y la inexistencia de documentación que refleje la priorización de los proyectos.

Álvaro Sanz, de IU, ha apuntado que las subvenciones han incidido en la mejora de infraestructuras y de la calidad de vida de las personas, pero ha cuestionado la falta de una planificación estratégica que tuviera en cuenta el territorio, como evidencia el reparto de polígonos a escasos kilómetros y en manos de las mismas empresas, impidiendo la diversificación, y a su juicio lo más grave es la falta de transparencia en la priorización de las inversiones, dado que no existen memorias sobre su conveniencia.