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La DGA paraliza las obras del centro de menores de El Frasno
El Ejecutivo dice que no hay licencia y que lo ejecutado en la pedanía de Pietas no se puede legalizar.
El Servicio de Planificación y Gestión Urbanística del Gobierno de Aragón ha emitido una resolución por la que ordena a la Fundación Salud y Comunidad cesar "cualquier actividad constructiva, así como la demolición de un cerramiento de porche" en las edificaciones que adquirió en la colonia veraniega de Pietas, barrio pedáneo de El Frasno. En dicho documento, al que ha accedido HERALDO, se determina que los trabajos realizados han sido ejecutados "sin la correspondiente licencia y no son susceptibles de legalización".
En concreto, la parcela, con una superficie de 9.249 metros cuadrados, cuenta con dos edificaciones. En la denominada Pérgola, la inspección ha constatado que se han instalado carpinterías nuevas. Por otro lado se ha ampliado la edificabilidad cerrando un porche sin el visto bueno preceptivo en lo que era una vivienda unifamiliar que se ha adecuado para el uso colectivo. Ambas actuaciones, dicen los supervisores, están "aparentemente paralizadas".
Desde la entidad impulsora del proyecto, sus responsables indicaron que "todo el proceso está supeditado a un proceso judicial que está en vigor". Se refieren al procedimiento abierto desde hace meses en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Zaragoza, que dictaminará la validez de la decisión del Consistorio de denegar la licencia de actividad clasificada y de obras.
Según consta en la resolución del organismo de la DGA, la administración local se opuso a otorgar dichos permisos "por considerar que la parcela no reúne la condición de solar debido a la no acreditación de los servicios básicos", esto es la conexión a la red de abastecimiento y saneamiento. Sin embargo, esta última resolución se centra en señalar que desde noviembre de 2018 el Ayuntamiento acudió a la Dirección General de Urbanismo para señalar trabajos en los dos edificios de la parcela que no se contemplaban en la documentación para conceder dichas licencias.
En este sentido, en sus alegaciones, los impulsores se centran en que el Consistorio les remitió una serie de informes con una serie de condicionantes que debían cumplir, pero el servicio autonómico recuerda que "no obstante, en ningún momento se otorgaron las referidas licencias".
Este proyecto inició su recorrido en 2017 con el objetivo de habilitar 16 plazas derivadas por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales para adolescentes con dificultades de adaptación social y familiar. En febrero de 2019, la mesa de contratación de la DGA propuso excluir del contrato de servicios de plazas residenciales ya que el consorcio impulsor, que incluye a la Asociación Lagunduz, no contaba con "una póliza de seguro de responsabilidad civil".
