La DGA tramita por primera vez una petición de expropiación para dos plantas fotovoltaicas
Enel solicita la utilidad pública por la negativa de varios dueños a arrendar terrenos, lo que dificulta la construcción. EL consejero de Industria, Arturo Aliaga, deberá resolver la petición sobre los proyectos desarrollados por CEAR.
El Gobierno de Aragón está tramitando por primera vez la solicitud de declaración de utilidad pública para dos plantas fotovoltaicas de la provincia de Zaragoza. Su titular, Enel Green Power, ha recurrido a esta figura recogida en la Ley del Sector Eléctrico con el fin de poder expropiar las fincas de varios propietarios con los que no ha logrado cerrar un acuerdo de arrendamiento y cuya disponibilidad es necesaria para los proyectos.
La solicitud de la declaración salió publicada en el Boletín Oficial de Aragón a principios de octubre y ha permitido que la mayoría de los dueños que se oponían a facilitar el suelo se hayan avenido a alcanzar un acuerdo con la multinacional.
Ambos proyectos los ha desarrollado una firma zaragozana, Compañía Energética Aragonesa de Renovables (CEAR), y se los ha vendido a Enel por un importe que no ha trascendido. CEAR ha asumido la cogestión hasta el momento de la construcción de las plantas, una figura que se conoce en el sector por su nomenclatura en inglés, ‘ready to build’. Su representante en el Clúster de la Energía es Juan Carlos Trillo, exdirector general de Comercio y miembro de la ejecutiva del PAR.
Los parques fotovoltaicos, Tico Solar 1 y Tico Solar 2, suman una potencia de 72 megavatios nominales y requieren una superficie de casi 135 hectáreas repartidas entre los términos municipales de Azuara, Herrera de los Navarros y Villar de los Navarros para montar las placas solares.
La compañía aragonesa se encargó del trabajo de campo y cerró acuerdos con la inmensa mayoría de los propietarios, 40, pero se le resistían 7 con 15,8 hectáreas clave para los proyectos, por lo que recurrió a lo que ninguna compañía del sector había solicitado hasta ahora: la declaración de utilidad pública.
A esta figura solo se había recurrido en Aragón para desencallar la construcción de líneas eléctricas de evacuación y distribución, así como para las servidumbres de los tendidos.
El servicio provincial de Industria se encargó de tramitar la petición de Enel, aunque será el consejero y vicepresidente aragonés, Arturo Aliaga (PAR), el que deberá resolver finalmente la declaración de utilidad pública cuando acabe el periodo de información la próxima semana. Desde el Departamento de Industria se limitaron a señalar este viernes que analizarán las alegaciones que puedan presentarse y se tomará después la decisión. "Solo hemos recibido estas dos solicitudes, aunque hay algún precedente en energía eólica", han añadido.
Como recoge el propio anuncio publicado hace un mes en el Boletín Oficial de Aragón, dicha declaración llevará implícita "la necesidad de ocupación de los bienes [...] e implicará la urgente ocupación a efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa".
La argumentación oficial
Dicha publicación facilitó el acuerdo con 5 de los 7 propietarios que no querían arrendar y ahora solo quedan menos de dos hectáreas. Fuentes oficiales de Endesa, del grupo Enel, indican que su "preferencia" es llegar a acuerdos como han hecho hasta ahora con las 18 plantas renovables desarrolladas en Zaragoza y Teruel en 2019.
Desde la empresa argumentan que la declaración de utilidad pública es una herramienta que prevé la normativa para "asegurar un desarrollo ordenado de, entre otros activos, las infraestructuras de generación eléctrica, sin distinguir tecnología, por su condición de interés y utilidad pública". Y aunque reconocen que se venía utilizando de forma excepcional en el sector de las renovables en Aragón, manifiestan que sí es más habitual en otras autonomías para evitar el bloqueo de los proyectos.
