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Aragón cuadruplicará su potencia renovable con los proyectos eólicos y fotovoltaicos en marcha

Solo las actuaciones ya en tramitación en la DGA suman más de la potencia instalada y se prevé un aluvión antes de fin de año.

Planta fotovoltaica de la empresa aragonesa IASO en Zaragoza con barreras para proteger las placas solares de las rachas de viento.
Planta fotovoltaica de la empresa aragonesa IASO en Zaragoza con barreras para proteger las placas solares de las rachas de viento.
Heraldo.es

Aragón casi cuadruplicará su capacidad actual de producir energía verde basada en la fuerza del viento y el sol si fructifican las decenas de proyectos en curso, que deben pasar el rubicón a finales de año. Los promotores tiene de plazo hasta entonces para presentar toda la documentación de sus plantas eólicas y parques fotovoltaicos a la Administración, que deberá admitirla a trámite antes del 25 de diciembre para que no decaigan los permisos de acceso y conexión a la red otorgados en su momento. En esta situación hay actuaciones en Aragón para miles de megavatios y sus titulares se juegan millones de euros en avales por la moratoria estatal aprobada el pasado mes de junio.

Para hacerse una idea de la situación, los últimos datos oficiales de Red Eléctrica de España (REE) apuntan a que la potencia eólica y fotovoltaica en servicio en Aragón ascendía a 4.400 megavatios al cierre de julio, mientras que los proyectos en distinto grado de desarrollo, con o sin permiso concedido para evacuar, suponen otros 15.200 MW.

La preocupación es máxima en el sector, que critica abiertamente el "colapso" que sufre la DGA por falta de medios, aunque reconocen que ahora se han empezado a reforzar los equipos técnicos porque el cuatripartito es consciente del aluvión de proyectos que van a entrar en las próximas semanas. "La situación la llevamos denunciando desde hace un año y el Gobierno aragonés ya llega tarde", lamentó el presidente del Clúster de la Energía de Aragón, Pedro Machín.

El problema es que no vale con que las empresas presenten en el registro toda la documentación, dado que la moratoria especifica que debe admitirse a trámite por parte de la Administración antes de que acabe el año. Y para ello hace falta que los funcionarios comprueben mínimamente todo lo requerido, desde el proyecto y su correspondiente estudio de impacto ambiental hasta los avales y la capacitación técnica y legal de los promotores. "Esto puede llevar mes y medio, por lo que la DGA tiene un verdadero problema", advirtió Machín.

El Ministerio de Transición Ecología ha querido poner coto a lo que considera una especulación, puesto que hay promotores que acaparan permisos de acceso y conexión con la intención de venderlos por un elevado precio a los que sí quieren acometer verdaderamente los proyectos de energía renovable. Así, aludió a la necesidad de regular el mercado por decreto con el argumento de que cerca del 40% de los titulares de un permiso de acceso no tramitan más tarde el de conexión, copando el desarrollo de parques. Y las solicitudes en tramitación superaban los 430.000 megavatios, cuatro veces la potencia instalada en España y siete más de la meta establecida para 2030.

El presidente del Clúster de la Energía aseguró que todos los proyectos autorizados están en servicio o en fase de construcción, por lo que el cuello de botella administrativo supone la "pérdida de una oportunidad histórica". En este sentido, apuntó que si los plazos de tramitación no se hubieran llegado a duplicar en la DGA podría haber ahora en construcción más de 800 megavatios fotovoltaicos, casi el doble de la generación en servicio tras el empujón del último año y medio.

El consejero de Industria, Arturo Aliaga, no comparte las críticas del sector, al que recuerda que la moratoria estatal se aprobó en junio y desde entonces no se han presentado apenas nuevas actuaciones. Por ello, urgió a los promotores a presentar los proyectos para evitar una avalancha a finales de año, dado que entonces no habrá tiempo material para admitir a trámite de golpe miles de megavatios pese al refuerzo de personal que está en marcha.

Solo los parques eólicos y plantas solares actualmente en tramitación en la Dirección General de Energía suman 4.816 megavatios, más de la generación en servicio en todo Aragón. El problema es que únicamente la compañía Forestalia pretende presentar en el próximo trimestre proyectos que suponen otros 6.000 megavatios, la mayoría en la provincia de Teruel. Y es precisamente el servicio provincial de Industria el que acumula un mayor atasco, según los empresarios.

Los primeros fichajes

El primer refuerzo de personal lo ha acometido el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) con el fichaje de seis técnicos adicionales para crear un equipo específico encargado de estudiar los estudios de impacto ambiental de los parques solares y plantas fovoltaicas. Y está en curso la contratación de otros siete técnicos y letrados para los servicios provinciales de Industria y de la Dirección General de Energía con el fin de afrontar la esperada tromba de proyectos.

Arturo Aliaga apuntó que solicitar los permisos de acceso y conexión es "fácil" y otra cosa muy distinta es disponer de toda la documentación lista para iniciar la tramitación administrativa. "Si la moratoria se publicó en junio y no han entrado aún los proyectos es que igual no están suficientemente maduros", aseveró.

El consejero de Industria fue contundente a la hora de advertir a los empresarios de que no pueden pretender que los técnicos estudien proyectos para más de 10.000 megavatios adicionales si se presentan el último día. "Mi obligación como gestor público es cumplir todos los trámites legales", manifestó.

El también vicepresidente aragonés aludió a que los funcionarios no solo se encargan de los proyectos renovables y ahora deben tramitar 34.000 expedientes relativos al bono térmico, las ayudas para la movilidad eléctrica o todos los expedientes de instalaciones relacionadas con líneas eléctricas.

Ante este panorama, Aliaga adelantó su disposición a reclamar al Ministerio de Transición Ecológica que alargue el plazo para tramitar los proyectos para evitar que Aragón pierda inversiones millonarias cuando tienen el territorio y los recursos necesarios. "La ministra Teresa Rivera quiso pinchar la burbuja con su moratoria y no puede tampoco pretender que ahora resolvamos el marrón de admitir a trámite todos los proyectos en tres meses", manifestó sin ocultar su malestar por la situación.

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