Así será el ICA reformado que se aplicará a principios de 2022
La reforma, según ha explicado la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, incorpora una rebaja del 9,2 % en el término fijo del impuesto e incluye medidas de progresividad en las tarifas domésticas.
La reforma del Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA), que se va a transformar en el Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales (IMAR), será enviada por el Gobierno a las Cortes antes de que termine este año para que pueda ser tramitada por el Parlamento con la intención de que entre en vigor a principios de 2022.
El Consejo de Gobierno ha tomado este miércoles en conocimiento el anteproyecto de ley para la reforma del ICA, que se aplicará en todos los municipios de Aragón, gravará la producción de aguas residuales que se manifiesta a través del consumo de agua y supondrá una rebaja en las facturas que se giren por consumos medios.
La reforma, según ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, incorpora una rebaja del 9,2 % en el término fijo del impuesto e incluye medidas de progresividad en las tarifas domésticas.
Para consumos domésticos medios de 12 metros cúbicos al mes las nuevas tarifas suponen una bajada del 6 % frente al anterior importe y la rebaja se hace mucho mayor, hasta de un 23 %, para consumos reducidos.
La rebaja se mantiene hasta consumos de 16 metros cúbicos al mes, con lo que alcanza a aproximadamente el 95 % de los usuarios domésticos, pero para consumos superiores la escala progresiva hace que la cuota tributaria aumente respecto al impuesto anterior.
De la misma manera, se regulará una tarifa social para atender a las personas en situación de vulnerabilidad social y se mantienen las exenciones esenciales para usos agrícolas y ganaderos.
Sin embargo, para usos no domésticos con carga contaminante se produce una ligera subida con el aumento en los términos variables del 5 %.
La reforma, elaborada por el Instituto Aragonés del Agua en colaboración con la Dirección General de Tributos, responde, según Pérez, al pacto que alcanzaron las cuatro fuerzas políticas del gobierno de coalición (PSOE, Podemos, CHA y PAR).
Pero la necesidad de esta reforma ya se puso sobre la mesa en la pasada legislatura, cuando las Cortes de Aragón aprobaron el dictamen de la comisión especial de estudio sobre la aplicación del ICA.
Todos los municipios aragoneses estarán sujetos a esta figura, si bien se discriminará a los que cuenten con depuración propia de los que encomienden la gestión de la depuración al IAA.
Las entidades de población con menos de 20 personas censadas estarán exentas del pago salvo que la estación depuradora se gestione por la Comunidad Autónoma.
El IMAR pasa a ser un tributo propio de Aragón con una "clara finalidad ecológica" y su recaudación se destinará a programas de saneamiento y depuración.
Cuando entre en vigor, una vez concluida la tramitación y en coincidencia con el inicio de uno de los periodos de recaudación, previsiblemente a principios de 2022, el ICA quedará derogado.
Su entrada en vigor llevará aparejada la derogación del ICA.
