"Los notarios podrían reducir el tiempo de desalojo de una vivienda okupada a 2 ó 3 días"

Reducir la duración de las okupaciones de vivienda y locales, evitar el desamparo del propietario y, sobre todo, disuadir a las “empresas” que aprovechan las lagunas del marco jurídico para promover esta práctica ilegal. Esos son los tres grandes objetivos de la propuesta de articulado de ley elaborada por José María Gimeno Feliu, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, en la que plantea que los notarios, en su condición de funcionarios públicos, puedan resolver mediante un rápido proceso administrativo provisional a quién pertenece el derecho de residencia.

El texto, que ya está en manos de los grupos políticos en Aragón y a nivel nacional, ha sido presentado este viernes en la Cámara de Comercio de Zaragoza. Gimeno ha propuesto que, con esta medida, “se otorgaría capacidad suficiente a los funcionarios para que, mediante acta, insten a los cuerpos de seguridad a intervenir cuando fuese necesario”. Para poder implantar esta solución es necesario desarrollar una normativa (Ley o Real Decreto Ley de ámbito estatal) que habilite un procedimiento administrativo para permitir la rápida intervención del notario, así como su respuesta ante el conflicto. Por ello se ha trasladado este informe, junto con una propuesta de articulado de la ley, a Cámara de España, a los diferentes partidos políticos y a las administraciones.

Con el marco jurídico actual, “el propietario se encuentra en una situación de desamparo durante meses”, ha asegurado el jurista, quien opina que con su propuesta “los plazos se reducirían a apenas dos o tres días”. “Con este informe no se pretende sino complementar la respuesta jurídica a la okupación. Me muestro partidario a que las instituciones atajen el problema de la exclusión social, pero hace falta una herramienta para evitar que ‘auténticas empresas’ se aprovechen de lagunas en nuestro marco jurídico para okupar una propiedad privada. La respuesta penal no disuade este mercado negro detrás del fenómeno, para el que no hay una respuesta rápida”, aclara.

Entre las ventajas de la potencial medida, el catedrático destaca “su poco coste, el claro efecto disuasorio para un fenómeno que ha aprovechado un hueco normativo, su fácil implementación y la ausencia de un sesgo ideológico”.

El presidente de la Cámara de Zaragoza, Manuel Teruel, ha asegurado que “lo primero sobre lo que te preguntan los inversores extranjeros es la garantía sobre la propiedad y la garantía jurídica”. Zaragoza, ha recordado, “no es una de las grandes ciudades donde más se da este problema”, pero sí conviene “proteger” la propiedad privada de cara a promover la atracción de capital y la compraventa de bienes inmuebles.

Teruel ha recalcado que se debe dar respuesta a los casos de exclusión social, si bien esa es una cuestión que "compete a las instituciones públicas".