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La concertada y la Educación Especial critican la tramitación de la ley Celaá en pandemia

Las familias lamentan que se pretenda eliminar el derecho a elegir el tipo de enseñanza que quieren para sus hijos. Piden consenso para alcanzar un pacto educativo y una legislación duradera.

Una imagen del a Ministra de Educación, Isabel Celaá.
Una imagen del a Ministra de Educación, Isabel Celaá.
Efe

Las enmiendas a la Lomloe, más conocida como ley Celaá, que se están tramitando estos días en la Comisión de Educación del Congreso, están provocando la movilización tanto de la escuela concertada como de la Educación Especial, quienes critican que todas estas gestiones se estén llevando a cabo en medio de una pandemia y con un estado de alarma de fondo. "No es el momento apropiado", recordó el presidente de Escuelas Católicas en Aragón, José Luis Sampériz, quien incidió en que ahora los centros educativos están trabajando "codo con codo" con la DGA para hacer frente a la covid y "superar este momento tan complicado".

La "inconveniencia" de tramitar estas cuestiones en el actual contexto sanitario y social también fue criticada desde la plataforma ‘Educación inclusiva sí, especial también’, quienes recordaron que de este modo no pueden manifestarse y ni ser escuchados. Reclaman eliminar la disposición adicional cuarta de la futura legislación, ya que denuncian que por su "ambigua redacción" puede abrir la puerta para que las comunidades autónomas vacíen los centros de Educación Especial de alumnos. Por su parte, el Departamento de Educación de Aragón ya aseguró en su día que no existía intención de cerrar estos centros educativos y ayer reiteró su compromiso con esta enseñanza.

La campaña ‘Más plurales’, que secundan Escuelas Católicas en Aragón, la Federación Cristiana de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Fecaparagon) y los sindicatos docentes, también reclama modificar el articulado que se refiere a la Educación Especial, al mismo tiempo que hace hincapié en la eliminación del concepto "demanda social" a la hora de elegir centro educativo. "Esta nueva legislación impone un único modelo de educación y atenta contra la libertad de centro", lamentó Sampériz, quien incidió que no supone un problema entre la educación pública y la concertada, sino de la falta de libertad de elección. Apuntó, además, que se trata de una "vulneración" de los derechos reconocidos en la Constitución.

Este punto es también el que más preocupa a Concepción Ibáñez, presidenta de Fecaparagon: "Es importante que los padres podamos elegir dónde queremos llevar a nuestros hijos". "No existe un derecho a la educación pública, sino el derecho a la educación", recordó, al tiempo que lamentó que a nivel nacional se estén tomando estas decisiones, mientras que en Aragón existe una convivencia pacifica entre ambas redes educativas. "Vuelve a tratarse de una ley partidista y con carga ideológica. La educación es una vez más moneda de cambio político", denunció.

Desde el punto de vista laboral, Miguel Malla, secretario general del sindicato FSIE en Aragón, destacó los problemas que supondría: "Si se impide la libre elección de centro y la Administración decide dónde matricular a los alumnos, los centros concertados irán perdiendo alumnado y posteriormente tendrán que cerrar, provocando muchos despidos".

Todos coincidieron en la necesidad de modificar la norma, critican la decisión de sacarla adelante "sin consenso" y en medio de una crisis sanitaria y reclaman un pacto educativo que trascienda las decisiones políticas y la modificación de leyes que se produce de manera constante. "Estamos cansados de este trasiego continuo", puntualizó Malla.

Una movilización ‘online’ con el naranja como seña

Familias, docentes y equipos directivos de la escuela concertada protagonizaron este jueves la primera movilización para visibilizar sus quejas respecto a la tramitación de la ley Celaá. Debido al estado de alarma se optó por una protesta ‘online’ con la que consiguieron posicionar los ‘hashtags’ #MasPlurales y #StopLeyCelaá como las principales tendencias en Zaragoza y también en el resto de España durante las dos horas que duró la protesta, en la que el naranja –color con el que habitualmente se identifica la educación– fue el principal protagonista.

"Es el primer paso", reconoció la presidenta de Fecaparagon, Concepción Ibáñez, quien explicó que el principal objetivo es trasladar la preocupación de las familias y dar a conocer la situación a otros afectados. No descartó otro tipo de movilizaciones, pero ahora aseguró que la prioridad es mostrar la situación a la que se enfrentarían a través de las redes sociales.

Colegios como Compañía de María, Sagrado Corazón de Jesús, San Gabriel o María Auxiliadora fueron algunos de los que este jueves no dejaron de tuitear para mostrar su disconformidad con esta normativa. Además, muchos de ellos incluyeron un lazo naranja en sus perfiles sociales para visibilizar, todavía más, su posición en contra de esta tramitación. Los representantes de los docentes FSIE Aragón y la Unión Sindical Obrera (USO) no dudaron en mostrar su malestar con la norma que se pretende aprobar.

Una movilización a la que también se sumaron algunos responsables políticos como es el caso del portavoz de Cs Aragón en Educación, Carlos Trullén, que destacó que la legislación "nace sin consenso, restringe libertades, vulnera el derecho a hablar español y desprecia el esfuerzo de los alumnos".

Además de esta quedada ‘online’, la campaña ‘Más Plurales’ ha iniciado una recogida de firmas virtual a nivel nacional que, según destacaron desde Escuelas Católicas de Aragón, ya ha sumado más de 300.000 rúbricas.

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