El PSOE, Podemos y ERC han pactado una polémica enmienda al proyecto de la nueva ley educativa que elimina la referencia a que el castellano es lengua vehicular en toda España. El nuevo texto fue aprobado ayer en la ponencia de la Lomloe (Ley Orgánica para la Modificación de la Ley Orgánica de Educación) en el Congreso. La ley contiene esta novedad, que será recurrida por el PP, Cs y Vox al Tribunal Constitucional, y otras también muy controvertidas contra la concertada y la educación especial que vuelven a hacer imposible un gran acuerdo. Después de tantas leyes fallidas, el Gobierno tiene la obligación de forjar un pacto de Estado, estable y duradero, sobre un asunto fundamental para el futuro del país.

La creación de la escuela concertada por Felipe González fue un momento clave para garantizar la educación universal en España y la libertad de enseñanza. Desde entonces ha habido siete leyes de Educación sin que hayan logrado que el fracaso escolar español no duplique la media europea. Nuestro sistema educativo, a pesar del esfuerzo de la mayoría de los profesores, tiene defectos y problemas que hay que solventar. Pero esta nueva ley promete ahondar en la zozobra. No tiene ningún sentido asfixiar a la concertada blindando el aumento de plazas, pero solo para los colegios públicos. Tampoco es de recibo mantener la ambigüedad de la disposición adicional cuarta que abre la puerta a que las autonomías vacíen de alumnos los centros de educación especial para transformarlos en simples centros de recursos.

Esta ley, que se debate en el Congreso por el procedimiento de urgencia a pesar de su extraordinaria relevancia social, está saliendo adelante con los votos de los partidos del Gobierno más los nacionalistas del PNV y los secesionistas de ERC y Bildu. Este no es el camino. La sociedad necesita diálogo y un gran pacto para dar estabilidad a uno de los pilares básicos del Estado.