UGT Aragón detecta 35 víctimas de explotación laboral, la mayoría en el campo

UGT Aragón ha detectado 23 casos de explotación laboral con 35 víctimas entre enero y septiembre de 2020, la mayoría inmigrantes en situación irregular y en el sector agrario, lo que supone cuatro casos y 13 víctimas más que en todo el año anterior.

El perfil principal es el de un hombre, joven, de origen subsahariano, en situación irregular y que trabaja en la agricultura y la ganadería, lo que explica también que más de un tercio de los casos se den en el medio rural, muy por encima de su peso poblacional, ha explicado en rueda de prensa el responsable del Departamento de Migraciones de UGT Aragón, Antonio Ranera.

Un segundo perfil es el de mujeres, procedentes de Centroamérica o Sudamérica y que trabajan en el empleo doméstico y los cuidados (un 18 por ciento proceden de este sector).

Ranera ha asegurado que la explotación laboral está creciendo en Aragón al calor de una sociedad cada vez más desigual, a lo que se suma ahora la crisis económica derivada de la pandemia de covid-19.

Es más, entre 2018 y 2020 se ha triplicado el número de casos de explotación laboral en la comunidad.

Este 18 de octubre se celebra el Día europeo contra la trata de seres humanos, un fenómeno que, además, es difícil de cuantificar y de detectar.

De hecho, el Índice Mundial de la Esclavitud para 2018, elaborado por la Walk Free Foundation en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), estimaba una tasa de prevalencia de 2,27 por cada 1.000 habitantes en España y una tasa de vulnerabilidad a la esclavitud moderna de l2,8 por ciento.

Estos datos, extrapolados a Aragón, arrojarían una cifra de 3.000 personas que viven bajo alguna forma de esclavitud y alrededor de 167.000 que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

El dirigente sindical ha explicado que, normalmente, las víctimas están en el inicio de su proceso migratorio, en un momento en el que necesitan cualquier empleo por mera subsistencia o para enviar dinero a su país de origen y lo mantienen con la esperanza de que el empleador les llegue a hacer una oferta formal de trabajo para poder regularizar su situación.

La consecuencia es que estas personas, en situación de "vulnerabilidad extrema", aceptan unos salarios de subsistencia, por debajo de convenio, que les impiden escapar de su círculo de pobreza y ello les genera también ansiedad, depresión y "extrema vulnerabilidad" física y anímica.

Uno de esos casos es el de María, una nicaragüense de 43 años, madre de dos hijos, que están en su país de origen y que da un nombre ficticio por miedo.

Llegó a España en búsqueda de un futuro mejor para sus hijos y trabajó durante un año y 10 meses interna en una casa, en la que atendía a una mujer dependiente de cerca de 90 años y a un hijo de la familia que vivía en el domicilio.

Lo hacía por 750 euros al mes, sin derecho a vacaciones y con solamente un fin de semana libre al mes, una situación que aguantaba ante la necesidad de mandar dinero a su país, hasta que en un accidente laboral se rompió la mano derecha y, al día siguiente, la echaron.

"La patrona me dijo que no tenía derecho a nada", lamenta María, que afirma que se sintió "como un pañuelo usado".

En esa casa debía aguantar como la llamaban "la ignorante", "la que no sabe nada", "la bruta" o que el hijo entrara en su habitación.

María, que en su país era maestra de primaria y preescolar, recalca que no se siente "estúpida", ni "ignorante", ni tampoco anda "con taparrabos" como algunos creen.

Después de su despido, en junio de 2020, UGT le acompañó en su denuncia, confirmada por la Inspección de Trabajo y en este momento a la espera de un dictamen final y en vías de conseguir papeles, con lo que ahora sí se siente respaldada al ver que algunas organizaciones sí creen a las personas que están en su situación.

Cuenta que ha vivido con miedo de que la envíen de vuelta a Nicaragua, un miedo que aún mantiene -"lo que menos me siento es segura", dice-, pero se siente acompañada en un momento en el que su lesión todavía le impide trabajar y confiada de que, cuantas más personas denuncien, menos sufrirán estos abusos.

Ante esta situación, UGT reclama más formación en la Inspección de Trabajo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Gobierno de Aragón, la judicatura, las organizaciones agrarias o las entidades sociales para detectar estos casos, perseguir a los explotadores, a los que Ranera se refiere como "piratas", y, sobre todo, apoyar a las víctimas.

En concreto, para Aragón pide que se constituya una mesa de coordinación estable sobre la explotación y la trata laboral, y al Gobierno de España, que ratifique y desarrolle distintos convenios de la OIT que, por ejemplo, permitirían entrar en domicilios particulares en los que hubiera indicios de que se estuvieron cometiendo este tipo de delitos.