El servicio de Orientación Penitenciaria de Aragón atiende 91 consultas de internos hasta julio
Los datos se han dado a conocer este jueves con motivo de la constitución de Comisión de Seguimiento del Convenio, un servicio que se presta a través de los colegios de abogados.
El Servicio de Orientación Penitenciaria habilitado por el Gobierno de Aragón y los Colegios de Abogados de Zaragoza y Teruel ha atendido 91 consultas de internos de los tres centros de la Comunidad aragonesa en los seis primeros meses del año. Los datos se han dado a conocer este jueves con motivo de la constitución de Comisión de Seguimiento del Convenio, que este semestre estará presidida por la directora general de Justicia del Gobierno de Aragón, Mª Ángeles Júlvez, y el primero de 2021 por el coordinador designado por el Consejo de Colegios de Abogados de Aragón, David Burgos Marco, informa el Ejecutivo en una nota de prensa.
La propia directora general de Justicia ha agradecido el interés de los letrados que han prestado el servicio durante los meses de pandemia "buscando fórmulas alternativas para poder cumplir con las restricciones" y no dejar sin atender ninguna de las peticiones.
Agradecimiento que se ha hecho extensivo a los responsables de los centros penitenciarios, "quienes también han estado totalmente involucrados a la hora de buscar soluciones para que, pese a las restricciones, pudiera prestarse el servicio”, ha asegurado Julvez.
El asesoramiento en los centros penitenciarios aragoneses se concreta en proporcionar un primer consejo orientador a la persona interna, de carácter gratuito, sobre cuestiones de naturaleza jurídica que se planteen, como del ordenamiento jurídico penitenciario español, asesoramiento de todo tipo en todos los órdenes jurisdiccionales, la justicia gratuita o, en el caso de extranjeros, tramitar el posible traslado a otro país.
Otro de los objetivos es proporcionar información sobre la posibilidad de recurrir a sistemas alternativos de resolución de conflictos, con el fin de evitar el litigio procesal.
La ejecución del convenio supone un coste para las arcas autonómicas de algo más de 186.000 euros, repartidos en los cuatro ejercicios en que estará vigente el acuerdo, a razón de 46.537 hasta la anualidad de 2023 incluida.
En el transcurso de la reunión también se ha comunicado que ya se habían tramitado las liquidaciones de los dos primeros trimestres del año, para su abono a los letrados del servicio.
