El Gobierno de Aragón recibe 50 aportaciones de instituciones y entidades para la Ley de Dinamización del Medio Rural
Ahora se van a recoger las propuestas para incorporarlas al texto y se elaborarán sendas memorias justificativa y económica antes de recabarse los informes preceptivos.
El Gobierno de Aragón ha recibido 30 aportaciones y 20 informes de instituciones, asociaciones y ciudadanos en la fase de consulta pública previa a la elaboración del proyecto de ley de Dinamización del Medio Rural, fase que ha concluido el lunes pasado. Los documentos son accesibles al público en el portal Aragón Gobierno Abierto, del Ejecutivo autonómico. Se pueden dividir en tres grandes bloques: instituciones, asociaciones y ciudadanos particulares.
La Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (Southern Sparsely Populated Areas ha puesto el foco en la necesidad de concretar cuáles son las áreas rurales y ha aconsejado tener en cuenta "parámetros combinados" como la densidad de población o el grado de diversificación de su economía.
La red SSPA cree que se deben asegurar una lista de "condiciones indispensables", con cuestiones como una oferta de vivienda asequible, conectividad o trabajadores cualificados, y ha instado a cambiar el criterio por el que se enfoca solo al sector primario para centrar en el secundario y el terciario.
CEOE Aragón ha incluido un pormenorizado análisis sobre la situación que viven las zonas rurales en la comunidad autónoma y ha emplazado a tomar "medidas concretas y planificadas" como "clave para generar riqueza y empleo y poder retener y atraer población". De hecho, han reclamado un Pacto de Estado que vincule a todas las partes.
CEOE se ha remitido a un estudio realizado en 2018 para la Cátedra Despoblación y Creatividad de la Universidad de Zaragoza para proponer que la deducción por adquisición de vivienda no se limite a la primera y que no haya exclusión en cuanto a renta y edad. En este contexto, ha comparado el impacto que tendría reducir distintos impuestos en la provincia de Teruel con el que tendría rebajar 10 puntos las cotizaciones sociales, considerando que este segundo sería "más sencillo y efectivo".
La asociación empresarial ha planteado la rebaja de "al menos un 30% en las cotizaciones sociales", la deducción de un 50% en el IRPF, las rebajas en el impuesto de transmisiones patrimoniales o bonificaciones en el impuesto de patrimonio. Fuera del ámbito fiscal, ha reclamado la puesta del Índice Sintético de Desarrollo Territorial (ISDT) o agilizar el funcionamiento del Observatorio Aragonés de Dinamización Demográfica y Poblacional.
Por su parte, CEOE Teruel ha considerado "de vital importancia el medio rural en un entorno de excelencia e innovación económica" y que "ninguna oportunidad de desarrollo para el medio rural debe convertirse en objeto de conflicto social", afirmando que las políticas públicas deben abandonar "el carácter sectorial".
La Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) ha recomendado elaborar un mapa de las zonas de prioridad demográfica y unidades funcionales demográficas y también incorporar a los presupuestos de todas las administraciones públicas "una estrategia demográfica".
También ha aludido a las políticas económicas y ha pedido "revisar el modelo de financiación de las entidades locales", y "promover la creación de incentivos". Junto a esto, en materia social ha sugerido diseñar "planes de cobertura de servicios públicos" o "dotar de un plan de acogida e integración a la población inmigrante".
Han abogado por confeccionar un plan de Digitalización en el medio rural que promueva la comercialización online, crear líneas de préstamos con financiación pública para emprendedores, autónomos y microempresas o estudiar la implantación de incentivos fiscales.
