El futuro de la PAC entra en su periodo más decisivo. Más después de que Alemania, que asumió la presidencia de la Unión Europea el pasado 1 de julio, marcara en su calendario de objetivos prioritarios el mes de octubre como fecha clave para que los Estados miembros hayan logrado una posición común sobre la reforma de la Política Agraria Común.

En este debate juega un papel protagonista cada socio comunitario porque la futura PAC no solo otorga un gran peso de decisión a cada país, que debe elaborar su propio plan estratégico nacional, sino que además incluye una figura clave, todavía por definir: el agricultor genuino, es decir, aquel a partir del cual se van a vehiculizar las ayudas. «En ello estamos trabajando las comunidades con el Ministerio y por eso es importantísimo que desde Aragón hagamos propuestas de cómo configurar esa figura pero conociendo también cuáles son los impactos de lo estamos proponiendo», explica Jesús Nogúes, director general de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón. Lo dice porque lo que el Ejecutivo de la Comunidad tiene claro es que la propuesta aragonesa tiene que dirigir sus ayudas a compensar la renta de los agricultores y ganaderos y, sobre todo, se tiene que poner el foco en la agricultura y ganadería familiar.

Así lo ha defendido el consejero aragonés del ramo, Joaquín Olona, desde el momento mismo que ocupó el despacho de la plaza de San Pedro Nolasco de la capital aragonesa en julio de 2015. Desde entonces no ha dejado de defender, en foros autonómicos, en la sede del Ministerio o en los despachos de Bruselas, la necesidad de una propuesta ambiciosa y valiente de la PAC que se centre en la renta de los profesionales del sector. Considera así que el reparto será «más fácil, justo y eficaz», pero, sobre todo, que con esta propuesta se podría alcanzar de una vez por todas el objetivo esencial de la PAC y del propio tratado de funcionamiento de la Unión, que no era otro que la equiparación de la renta de los agricultores a la media del resto de los sectores productivos, que se sitúa en 28.725,31 euros. Un fin que, a pesar de que se persigue desde 1962, no se ha conseguido.

La consejería lo demuestra ahora con cifras. Para ello ha elaborado «un novedoso análisis nunca abordado hasta ahora», como lo define el departamento, que toma como base el registro de agricultores y ganaderos de Aragón así como la exploración de más de cinco millones de datos procedentes de las declaraciones individuales de la PAC, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y de la Seguridad Social. Todo un cóctel de datos que han permitido caracterizar la relación entre la tipología de los agricultores y ganaderos aragoneses, la renta agraria y el apoyo público a la misma en función de tres parámetros fundamentales: la profesionalidad, la productividad y la dimensión económica de la actividad agraria llevada a cabo.

Aunque hay 44.876 perceptores de la PAC -de los que el 11% son personas jurídicas, se ha tomado como muestra 32.635 personas físicas, no solo porque reciben ayudas (tanto directamente como por su participación en sociedades) superiores a los 300 euros (cifra legal de pago), sino también porque de ellas se dispone información fiscal suficiente para el análisis. Una cifra significativa ya que, como destacan desde la consejería, supone el 78% de la ayuda total a la renta aplicada en Aragón, tanto en base al primer pilar de la PAC de ayudas directas (solicitud conjunta) como del segundo pilar que conforma el Programa de Desarrollo Rural (agroambientales, zonas desfavorecidas y de montaña).

Y lo que demuestra el estudio es que la actual PAC «no es adecuada» para conseguir la tan ansiada equiparación de la renta de los agricultores con el resto de la sociedad. Esta afirmación se repite de manera constante en el estudio, tanto cuando se relacionan los apoyos económicos con la producción estándar de la explotación, como si la comparación se realiza con la dimensión o la profesionalidad, y muchos menos si el parámetro utilizado es la edad o el sexo.

«Para conseguir el objetivo esencial de la PAC tendría que haber un patrón de comportamiento que se pudiera apreciar, es decir, cuanto menos que a menos renta se destinase mayor ayuda, pero lo que vemos es que no tiene nada que ver», señala Nogués, que explica que «no hay ninguna equiparación entre los parámetros de renta y de ayuda». Y sucede así, insiste, porque la propia arquitectura de la PAC se basa en hectáreas, en ayuda a la cabeza, en derechos históricos. «Dificílmente vamos a poder alcanzar el objetivo deseado, incluso dedicando mucho dinero, si no somos capaces de establecer una vías básicas que relacionen ayudas y renta», puntualiza.

No es oro todo lo que reluce en la PAC. Y aunque el montante que llega desde las arcas comunitarias parece llenar los bolsillos de los agricultores, la realidad está muy lejos de esta creencia popular. Desde Bruselas viajan cada año cerca de 452 millones de euros a un sector agrario, cuya producción final roza los 4.000 millones de euros en Aragón. Sin embargo, la renta agraria media de las personas físicas beneficiarias de las ayudas de la PAC tan solo es de 9.562 euros, un 33% de la renta de referencia, que asciende a 28.725 euros y a la que se equipara únicamente el 9% de los perceptores aragoneses de las ayudas de la Política Agraria Común.

Lo evidencia el ‘Análisis del apoyo a la rentas de Aragón’, elaborado por el servicio de Modernización de Explotaciones de la dirección general de Desarrollo Rural, que para explicar estas cifras deja claro también que de los 2.515 millones de euros en los que se valora la producción final ganadera apenas el 27% son imputables a los 32.635 perceptores objeto del análisis. Tampoco se puede atribuir, dice el documento, los 1.554 millones de la producción final agrícola al modelo familiar. Es así tanto por el sistema de integración vertical que opera sobre todo en el sector porcino o avícola, como por la existencia de contratos en cultivos como la alfalfa, guisante y maíz para consumo humano.

Dimensión económica

Estas aparentemente incomprensibles cifras explican el galimatías actual del sistema de distribución de la PAC. El pormenorizado estudio elaborado por el departamento de Agricultura detalla que «una importante cantidad de ayuda (el 15%) tiene como destino a perceptores de dimensión completamente insuficiente, con rentas insignificantes e imposible viabilidad». En el lado contrario, las explotaciones de mayor dimensión reciben una cantidad importante de ayuda, pero, en muchas ocasiones, esta encubre «bajas productividades». Por eso, dicen los autores del estudio atendiendo al criterio de dimensión económica, «la distribución actual de la ayuda no es adecuada», dado que se consume una gran parte de los recursos en explotaciones marginales o en aquellas que, aunque grandes, presentan problema de productividad.

Profesionalidad

Inadecuado se considera también el reparto cuando se atiende a la profesionalidad del perceptor. Un término que no se refiere al buen hacer del beneficiario sino al cociente entre los ingresos agrarios y los ingresos totales y que representa el grado de dependencia de la actividad agrícola. Ahí están los datos. Es cierto que las ayudas son mayores para los que tienen mayor profesionalidad, pero hay 8.573 beneficiarios (el 26% de los perceptores) cuya profesionalidad es inferior al 25% y sin embargo consumen el 5% de la ayuda total, es decir, nada menos que 25 millones de euros.

Destaca además otro detalle que pone de manifiesto la nula relación de la ayuda con el nivel de renta del perceptor porque existe un grupo de beneficiarios, el 17% del total, que aun teniendo una profesionalidad superior al 75% y, por lo tanto, una menor dependencia de las ayudas mantienen un nivel de renta inferior al 35% de la renta de referencia a pesar de contar con una productividad muy superior a la media.

Edad

En una actividad tan envejecida como la agraria, la PAC no ayuda precisamente a impulsar ese necesario relevo generacional por el que tanto clama no solo los representantes del sector sino también los responsables institucionales y políticos.

Dice el análisis realizado por la dirección general de Desarrollo Rural que 2.148 jóvenes perceptores de la PAC (una cifra que aunque pueda parecer baja supone el 70% del colectivo) tiene una alta profesionalidad. Nada menos que el 97%. También es muy alta su productividad, y la dimensión económica de sus explotaciones se sitúa por encima de la media. Obtienen por ello una renta (sin ayudas) que se sitúa como la mayor de todos los grupos. Y también es mayor la ayuda que reciben. Pero frente a estos datos, el documento pone de manifiesto que la renta final, incluida la ayuda, no llega ni siquiera al 64% de esos más de 28.000 euros que se cobra de media en el resto de sectores productivos.

Aunque esta situación hace necesario que se atienda la incorporación de jóvenes al sector, los autores del documento advierten que «hay que evitar que la edad sea el único criterio de la ayuda». El motivo no es otro que la existencia un un «reducido grupo de jóvenes» con unas condiciones de baja productividad y profesional y alto nivel de ayudas. Y aunque no son muchos, «ocasionan un problema de imagen», señala el documento.

Es también elevado el número de perceptores mayores de 65 años. En concreto hay 12.612, que representan el 38% del total. Pero en contra de lo que parecería ser aconsejable, el departamento de Agricultura considera que «hay que ser prudente en su eliminación». La razón no es otra que la profesionalidad, ya que, según los datos del análisis, de ellos el 40%, esto es, 4.982, tienen una dependencia de la actividad agraria superior al 50%, consumen más del 17% de la ayuda total y tienen una media de 75 años de edad. «El resultado es que más del 23% de la ayuda va dirigida a mayores de 65 años, muchos de los cuales tienen una profesionalidad mínima», señala el documento, que reconoce que «tampoco atendiendo a la edad y, a pesar de haberse intentado algunas mejoras puntuales, la distribución actual de la ayuda es la adecuada».

Distribución geográfica

Si la PAC no ha conseguido equipara las rentas agrarias a las del conjunto de la sociedad mucho menos éxito ha tenido con el equilibrio territorial. Y el fracaso ha sido tal que se ha tenido que utilizar el segundo pilar (PDR) para corregir parcialmente las deficiencias del primero (ayudas directas).

El estudio lo demuestra. Tras el análisis realizado, se observa que el volumen total de ayudas se concentra en comarcas como las Cinco Villas y Monegros, que son también las que tienen el mayor número de titulares. Los mayores recursos del PDR viajan, sin embargo, a la comarca del Jiloca, que aglutina el 10% de las ayudas. La explicación es la importante presencia de medidas agroambientales en la zona.

Si lo que se analiza son los datos de los titulares individuales la mayor renta promedio sin ayudas se localiza en el Bajo Cinca con 15.389 euros. Y si se tienen en cuenta las ayudas, la renta total varía entre los 18.000 del Bajo Cinca (que, aun siendo la mayor, solo representa el 64% de la renta de referencia) y los 3.400 euros de Andorra o del Somontano Somontano del Moncayo con 4.300 euros.

Y eso significa, dice el estudio, que la PAC no han servido para compensar las diferencias comarcales, porque la situación comparativa «prácticamente no se modifica con la aplicación de las ayudas».

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