El campo aragonés pide más acción política y una PAC más justa para mantener su actividad

"No es por el SMI". Lo han repetido por activa y por pasiva los agricultores y ganaderos y sus representantes en los últimos días y semanas. No están saliendo a la calle para protestar por la subida del salario mínimo interprofesional. Lo hacen por el hartazgo de una situación que les condena en muchos casos a abandonar sus explotaciones por la escasa rentabilidad de su actividad. Los precios, el injusto funcionamiento de la cadena alimentaria y una Política Agraria Común (PAC) que no premia siempre a los agricultores a título principal, son algunas de sus quejas, a las que aluden para explicar el porqué del abandono del campo de tantos trabajadores y la insuficiente incorporación de jóvenes que garanticen la continuidad de sus producciones en los próximos años. El alza del SMI lo que hace, en realidad, es ayudar a visibilizar una realidad, la de muchos pequeños empresarios cuyas cuentas de resultados entrarían en números rojos –si no lo están ya– si además de hacer frente a tantas situaciones adversas también tienen que asumir sustanciales incrementos de sueldos a quienes contratan.

El campo aragonés ha perdido desde 2000 a entre 300 y 400 trabajadores cada año. Es difícil hablar de números exactos con los diferentes regímenes de quienes ejercen su actividad profesional en la agricultura y la ganadería y a la hora de discriminar entre aquellos que tienen tierras por las que cobran ayudas de la PAC tanto si las trabajan como si no, pero los responsables de las organizaciones del sector cifran en cerca de 30.000 personas las que acudían a sus puestos en tierras de Zaragoza, Huesca y Teruel en el año 2000, mientras que en la actualidad podríamos estar hablando de unos 20.000.

"La situación es lamentable", afirma José María Alcubierre, secretario general de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA), integrada en la organización nacional COAG. "Estamos perdiendo trabajadores en las provincias de Zaragoza y Teruel, mientras en Huesca el número está aumentando ahora como consecuencia del ‘boom’ del porcino", apunta en referencia a la apertura de los nuevos mataderos de Binéfar. "El 9% de quienes solicitan ayudas de la PAC son menores de 40 años, y los menores de 25 solo representan un 0,4%", indica también al destacar el envejecimiento del sector por la falta de atractivos para los jóvenes.

En las elecciones a las Cámaras Agrarias de Aragón realizadas en junio de 2001, el censo total de agricultores registrados en la comunidad autónoma incluía a 26.481 personas. Al cierre de 2019, el número total de autónomos en el sector agrario aragonés ascendía a 18.601. Consciente de esta realidad, el Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón está dando ayudas a la incorporación de jóvenes al campo, pero los incentivos son insuficientes para conseguir sumar al sector a más trabajadores de los que deciden abandonar.

"Es un círculo vicioso, el envejecimiento viene por la pérdida de rentabilidad, lo que hace que no sea posible la incorporación de más jóvenes", apunta Ángel Samper, secretario general de Asaja Aragón. En este problema incide, recalca, el hecho de que hoy se necesite tener el doble de superficie cultivable que hace unos años para obtener la misma rentabilidad. Por ello, entrar al sector si no se heredan tierras, afirma, requiere una inversión que un joven con ganas de trabajar en el campo no puede asumir.

"Las Administraciones no han hecho lo suficiente para atajar nuestros problemas. Ni la UE, ni el Gobierno central ni el aragonés", asegura por su parte José Manuel Roche, secretario general de UPA Aragón y secretario de Relaciones Internacionales de la organización vinculada a UGT. «Faltan políticas activas», insiste, mientras critica la falta de beneficios fiscales para quienes se incorporan al sector y reclama una nueva PAC más actualizada, que discrimine a favor de los agricultores a título principal en detrimento de aquellos "agricultores de sofá".

Jorge Valero, presidente de la Asociación Regional de Agricultores y Ganaderos de Aragón (Araga), coincide con Samper en que uno de los problemas que frenan el relevo generacional está ligado a la propiedad de las explotaciones. "Las administraciones deben apoyar con medidas la cohabitación de agricultores mayores y jóvenes", reclama.

Las movilizaciones

Las reivindicaciones del sector, en realidad, son conocidas desde hace tiempo. La caída de los precios de sus productos, las barreras comerciales para acceder a ciertos mercados mientras a España llegan frutas y verduras de fuera con mínimos controles, la apuesta por una PAC más centrada en el profesional que trabaja la tierra y las injusticias existentes en la cadena alimentaria han hecho que el sector alzara la voz para decir que "no podemos aguantar ni un día más". Por ello iniciaron una campaña de movilizaciones con protestas en ciudades de toda España. La de Zaragoza tuvo lugar el pasado 28 de enero. La posibilidad de que el Ministerio de Agricultura hubiese perdido más peso del previsto en beneficio del de Transición Ecológica y Reto Demográfico y la carga policial en una concentración en Don Benito (Badajoz) calentaron aún más los ánimos y el ministro del ramo, Luis Planas, se vio obligado a convocar una mesa de diálogo para buscar soluciones.

En la primera reunión, Planas prometió reformar la ley de la cadena alimentaria, decisión aplaudida por el sector pero considarada insuficiente por el campo aragonés, que pide más medidas y de más rápida aplicación. La urgencia es indudable.

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