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Las equiparaciones que no llegan: funcionarios aragoneses que ganan hasta 600€ menos que sus compañeros

Trabajar en una autonomía u otra o ser empleado del Estado en lugar de la Comunidad puede marcar diferencias notables a final de mes.

Un funcionario de la DGA, en el torno de la sede del Pignatelli.
Un funcionario de la DGA, en el torno de la sede del Pignatelli.
José Miguel Marco

El Gobierno central hará efectivo, al fin, el acuerdo alcanzado hace ya dos años por el que los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil igualarán sus emolumentos con los de otros cuerpos autonómicos. La reivindicación viene de lejos y lo costoso de su aplicación la ha retrasado más de lo deseado por los implicados, pero esta misma semana, en medio de una marcada crisis en la relación entre el ministro de Interior y la Benemérita, parece haberse resuelto de una vez.

La decisión ha sido bien recibida, con matices, por los sindicatos. Pero también ha reavivado peticiones de similar naturaleza: hay funcionarios de distintos ámbitos que cobran más o menos en función del nivel administrativo -Estado, autonomía…- que le gire la nómina. E, incluso, hay notables variaciones en los ingresos mensuales en función de la comunidad en que se trabaje, pues los mismos complementos pueden diferir en cientos de euros.

Los agravios van desde pequeñas cantidades hasta “los 600 euros más” que ingresa mensualmente un funcionario de prisiones catalán respecto a uno aragonés o de cualquier otro punto del país, según los datos facilitados por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). La región vecina es la única de toda España con la competencia penitenciaria transferida.

En los ámbitos sanitario y educativo, quizá los dos con mayor reconocimiento social, las brechas salariales autonómicas también existen. Por ejemplo, un maestro con plaza en Aragón puede ingresar “hasta 300 euros menos al mes” que un compañero que dé clase unos cuantos kilómetros al oeste, en Navarra, por las diferencias en los complementos autonómicos. Y los médicos y enfermeros aragoneses cobran por las guardias “unos 300 euros menos al mes que los sanitarios de Cataluña o País Vasco”.

José Luis Santafé, presidente de CSIF en Aragón, insta a poner en marcha los mecanismos para evitar los saltos de una nómina a otra: “Pedimos que el Gobierno regule lo necesario de modo que se consiga que a igual empleo se tenga el mismo salario. De lo contrario, esta situación puede llevar a una fuga de talento y a la desatención de una zona sanitaria por la dificultad de cubrirla. También puede dar pie a un mal ambiente de trabajo. Ahora que el Gobierno ha abierto la posibilidad, que no se olvide del resto de trabajadores públicos”.

Un 25% menos de sueldo trabajando codo con codo

El portavoz de CSIF en la Comunidad recuerda que hay empleados dentro de un mismo centro de trabajo que, al depender de distinta Administración, tienen sueldos diferentes: “En Aragón hay ejemplos flagrantes, como oficinas en las que comparten una misma mesa un auxiliar de DGA y de la Administración General del Estado (AGE). Hacen la misma labor, pero en sus emolumentos puede haber diferencias de 250 ó 300 euros, y hablamos de sueldos de unos 1.100 euros”.

Según un estudio de CSIF, el personal de la AGE cobra de media un 25% menos por el mismo puesto e idénticas funciones. En Aragón hay unos 21.325 empleados públicos del Estado entre Seguridad Social, Agencia Tributaria, Aemet, Prisiones, Policía, Defensa... Según el estudio, un administrativo de AGE en Aragón cobra hasta 5.000 euros al año menos que uno de la Comunidad Autónoma. Las diferencias son de 1.484 euros en el grupo A1, en el grupo A2 alcanzan los 1.583 euros, en el grupo C1 llegan a 5.060 euros menos y en el grupo C2, los funcionarios del Estado cobran 3.007 euros menos que sus iguales.

Una anécdota que destacan fuentes del sindicato es que en el Hospital Militar, donde convive personal de AGE y del Salud, un pinche de cocina cobra 100 euros mensuales más que el cocinero, ya que el primero pertenece a la plantilla de la consejería autonómica de Salud y el segundo, al cuerpo de funcionarios del Estado.

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