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Aragón

La covid-19 aplaza el macrojuicio por la regularización ilegal de 111 asiáticos

La magistrada del Juzgado de lo Penal 5 dice que es inviable la celebración de la vista que se había fijado para el mes de septiembre

Ciudad de la Justicia en Zaragoza.
Ciudad de la Justicia en Zaragoza.
Oliver Duch

La titular del juzgado de lo Penal 5 de Zaragoza, Ana Monserrat Llorca, ha decidido suspender el macrojuicio contra 111 chinos y ocho españoles por falsificación de documentos para legalizar trabajadores extranjeros en la capital aragonesa, que estaba fijado para el próximo 14 de septiembre, por la situación del estado de alarma actual y las medidas sanitarias que deberían adoptar por el elevado número de intervinientes en el proceso. La magistrada considera «inviable» su celebración en las instalaciones de la Ciudad de la Justicia disponibles en este momento y no ha fijado otra fecha alternativa para la vista oral.

La juez ha fijado tres días por el recurso de su decisión para las partes, pero los plazos procesales siguen sin transcurrir por el efecto del estado de alarma que ha paralizado la Justicia. Una letrada de la defensa consultada explicó que este juicio solo podría celebrarse en el Auditorio, por sus condiciones para todos los acusados y los testigos que vayan a ser citados. «Yo no voy a recurrir la decisión de la juez cuando podamos hacerlo y vuelvan a correr los plazos, aunque la mayoría de los abogados quieren que se celebren los juicios pendientes y con fechas fijadas», agregó esta letrada zaragozana que prefiere mantener el anonimato.

Aun así, la titular del Juzgado de lo Penal 5 tuvo que adoptar una decisión previa, nada más que se declarara el 14 de marzo el estado de alarma, dentro de este proceso que podría haber cambiado el sentido del mismo y no tener que celebrarse al final.

Citados para la conformidad

La magistrada suspendió las citas fijadas por grupos de los acusados para siete días desde el 27 de abril hasta el 8 de junio en el juzgado con el fin de facilitar una negociación de una posible conformidad con la fiscalía si se aceptaban los hechos a cambio de una rebaja de las penas.

En principio, esta cita inicial de la negociación era el 28 de febrero, pero uno de los acusados reclamó la nulidad de actuaciones al no haber sido citado y este proceso se retrasó hasta abril.

Aun así, esta posibilidad de la negociación se podrá abrir de nuevo cuando se reactiven los plazos procesales de la justicia, según detallan fuentes jurídicas. «Aun así, asumir una condena para un inmigrante supone que no puedan renovar con estos antecedentes penales», detallaron.

La fiscal Victoria Esponera solicitó en su escrito de acusación un total de 116 delitos continuados de falsedad, uno de grupo criminal y un delito contra los derechos de los trabajadores. Esta investigación de la Policía Nacional empezó en 2013.

El método que empleaban era traer ciudadanos chinos con el fin de regularizarlos en España a cambio de pagos de 6.000 euros cada uno. Presuntamente les facilitaban certificados de arraigo y les daban direcciones para empadronarse en Zaragoza de manera fraudulenta.

La fiscal solicita penas que van desde nueve meses hasta un total de 5 años, que los reclama para los cinco integrantes de los cabecillas de la trama (los chinos Wangfagn Z., Quingchun X., Jiansheng C., Xiaoren G. y Zhemin L.), por la falsedad continuada y la pertenencia de un grupo criminal. Además reclama tres años a cuatro españoles y otro chino por falsedad continuada.

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