tribunales en zaragoza
El proceso contra 111 chinos y 8 españoles se juzgará en otoño de 2020 en Zaragoza
Las investigaciones empezaron en 2013 pero el elevado número de acusados ha hecho que se demore la instrucción.
La Policía Nacional comenzó en 2013 una investigación contra una red formada, en principio, por cinco ciudadanos chinos dedicada a falsificar documentos para regularizar de forma ilícita a inmigrantes de su misma nacionalidad en Zaragoza.
Ocho meses después, dada por cerradas las pesquisas con 127 detenidos y 260 imputados. Sin embargo, la acusación de la Fiscalía se ha dirigido finalmente contra 119 personas tras una larga investigación judicial.
La instrucción de esta causa ha sido compleja por su volumen y el número de implicados, la necesidad de contar siempre con intérpretes para los interrogatorios y las numerosas pruebas caligráficas y escuchas de grabaciones telefónicas que ha habido que hacer.
La encargada de la misma, la titular del Juzgado número 3 dictó auto de la apertura del juicio oral en abril de 2018 y el caso ha recaído en el Penal número 5 el cual, tras acomodar agendas para poder reservar durante tres meses la sala más grande de la Ciudad de la Justicia, ha fijado la fecha del juicio para el 14 de septiembre de 2020.
No obstante, es probable que hasta entonces los abogados de los 119 acusados y el representante de la Fiscalía que sea designado para encargarse del caso quieran llegar a acuerdos de conformidad para aligerar el macroproceso.
Según el prolijo escrito de acusación provisional, elaborado por la fiscal Victoria Esponera, los acusados son autores de 116 delitos continuados de falsedad y un delito contra los derechos de los trabajadores.
En esta larga lista destacan cinco personas a las que considera cabecillas de la trama (Wangfagn Z., Quingchun X., Jiansheng C., Xiaoren G. y Zhemin L.) y a las que atribuye un delito de pertenencia a grupo criminal. Para estos últimos solicita penas que suman cinco años de prisión.
Además, para la hija y el marido de Wangfang Z. (Xiaoyu Z. y Liangjin L.) pide dos años y medio de cárcel como colaboradores necesarios en el delito imputado a su madre y esposo, respectivamente.
Para el grueso de los implicados las penas solicitadas por la Fiscalía oscilan entre los nueve meses y los dos años de prisión, además de distintas multas.
Según la acusación pública, los cabecillas de la trama ofrecían a ciudadanos chinos regularizar su situación en España a cambio del pago de entre 5.500 y 6.000 euros por expediente. La Fiscalía calcula que el beneficio obtenido en ocho meses por la tramitación de 145 expedientes sería de 797.500 €, dinero que se repartía entre los cinco cabecillas y los empleadores, a los que pagaban unos 1.500 € por contrato.
Los imputados falsificaban presuntamente certificados de arraigo que acreditaban su integración social. Estos debían emitirse por el Ayuntamiento de la ciudad en la que el interesado tuviera su domicilio habitual.
Por eso, proporcionaban direcciones en las que empadronarse fraudulentamente en Zaragoza. Una vez hecho este trámite, ofrecían contratos de trabajos falsos de un año de duración obtenidos a través de comerciantes conocidos de los acusados, entre ellos varios españoles.
Los acusados obtenían el informe de arraigo falso imitando los auténticos expedidos por la Casa de las Culturas, a los que dotaban de un número de registro y el sello del Ayuntamiento de Zaragoza y aparecía firmado supuestamente por una trabajadora que no se dedicaba ya a esa tarea.
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