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Policías Nacionales pactan con laboratorios hacerse test pagados de su bolsillo en Aragón

El sindicato CEP firma un acuerdo con dos empresas privadas para que los funcionarios puedan acceder a las pruebas diagnósticas de la covid-19 y les salga más barato, ante la falta de test públicos.  

Algunos agentes de la Policía Nacional de Sevilla salen de la Jefatura de Blas Infante tras haberse sometido a los test rápidos para detectar el coronavirus.
Algunos agentes de la Policía Nacional de Sevilla salen este viernes de la Jefatura de Blas Infante tras haberse sometido a los test rápidos para detectar el coronavirus.
EFE/Raúl Caro

El coronavirus  ha puesto en riesgo a todos los ciudadanos en general y, en particular, a quienes luchan en primera linea la pandemia, como los sanitarios. Pero si estos han tenido grandes dificultades en ser sometidos a test de diagnóstico de la enfermedad, qué decir de colectivos que, pesar de que en su trabajo es difícil mantener las distancias físicas de seguridad, no han sido considerados de riesgo, como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Por esa razón, y cansados de promesas de futuras pruebas diagnósticas generalizadas a la plantilla –no solo a los que tienen síntomas– como han solicitado reiteradamente los agentes de la Policía Nacional, la Confederación Española de Policía (CEP) ha llegado a un acuerdo privado para tratar de paliar la situación.

Fuentes del sindicato explicaron este viernes que han firmado un convenio con los laboratorios de análisis clínicos Megalab y del doctor Grasa para facilitar test tanto de serología rápida como de PCR más baratos para los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.

"Desde la Jefatura Superior de Aragón llevan dos semanas diciendo que han pedido 120 test y no terminan de llegar. Luego han dicho que habían conseguido 600 y tampoco llegan y nuestros servicios sanitarios no saben nada", explican fuentes de CEP. Añaden que no entienden la negativa a practicarles la prueba, salvo que quieran evitar que se ponga de baja parte de la plantilla, integrada en Aragon por unas 1.800 personas.

Desde que se decretó el estado de alarma han estado confinados unos sesenta agentes y varios han tenido que ser hospitalizados, aunque se desconocen las cifras. La Sala del 091 ha sido un foco de contagio por su espacio reducido y falta de adecuación. "Un compañero se desmayó al llegar a urgencias y dio positivo, pero a las tres personas que trababan con él codo a codo no se les aisló", comentan desde el sindicato. 

Cuestionan la limpieza y desinfección de las instalaciones, en especial las abiertas al público, como las comisarías del Actur y Las Delicias, donde los ciudadanos usan mesas, sillas y los aseos de las propias dependencias policiales sin una desinfección continua, y alertan de que las medidas se están empezando a relajar. 

La situación choca con la de otras comunidades y provincias, como Granada, Salamanca o Sevilla, ciudad esta última donde este viernes comenzaron a hacer pruebas de diagnóstico rápido a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. Los primeros convocados fueron los agentes de las unidades más expuestas por su trabajo a pie de calle y contacto diario con los ciudadanos, como los de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y los de la Brigada de Seguridad Ciudadana. Ellos son los encargados de los numerosos controles que se han montado desde el pasado 14 de marzo. En la capital andaluza también se ha sometido a los test rápidos a funcionarios de la Policía Local y Bomberos.

En Aragón no se ha hecho nada parecido, a pesar de que se ha solicitado. “Nosotros, como CEP, enviamos una carta al presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, a finales de marzo para que nos consideraran personal de riesgo. El 12 de abril recibimos un correo informándonos de que se había registrado la carta, pero cuarenta días después no hemos tenido contestación”, explican. 

Fuentes de la DGA explicaron que se han hecho test a las personas que han tenido síntomas y cuando se ha considerado necesario, indepedientemente del trabajo que desempeñen. Añadieron que cuando se trata de colectivos es su "empresa" la que se tiene que dirigir al Gobierno de Aragón y solicitarlo. 

Mientras, desde la Jefatura Superior de Policía de Aragón coincidieron en que se ha hecho pruebas diagnósticas a los funcionarios que se han contagiado cuando Sanidad lo ha decidido, pero reconocieron que no se ha practicado de forma masiva. 

CEP explica que el 24 de febrero, veinte días antes de la declaración del estado de alarma, el sindicato pidió por escrito al comité de Seguridad Laboral de la Secretaría Técnica que, teniendo en cuenta la expansión del coronavirus en regiones como Bérgamo (Italia) se empezase a hacer gestiones para dotarse de guantes y mascarillas, especialmente para los policías del aeropuerto de Zaragoza, y se diseñara un plan de protección. 

"Respondieron que se estaban proporcionando a personal que trabajaba en puestos fronterizos que recibían vuelos procedentes de China; tuvimos que recordarle que en ese momento, el 27 de febrero, los muertos en Italia se habían multiplicado por diez y a Zaragoza llegaban diariamente tres vuelos directos" 

En sucesivos escritos, CEP reclamó, sin éxito, que se aislara a los compañeros de policías que iban dando positivo en covid-19 hasta que una prueba demostrara que no se habían contagiado y denunció que se estaban dando casos de positivos que no eran puestos en cuarentena. Igualmente, han propuesto que se dote de  termómetros de infrarrojos los accesos públicos a las instalaciones policiales, pero tampoco se ha tenido en cuenta su solicitud.

Por otro lado, el sindicato espera ahora el plan de "reincorporacion" que se va a aplicar conforme se avanza en las fases de desconfinamiento y ha propuesto, entre otras cosas, que se dé cita previa para poner denuncias y se establezca un número de atención al ciudadano. Así, en denuncias por estafa, por ejemplo, que han aumentado mucho, al afectado se le podría adelantar por teléfono los documentos que tendría que llevar, por ejemplo, y se ahorraría tiempo y un viaje.

Admitieron que la denuncia virtual en policia.es ya existe desde hace tiempo pero no funciona como debería y el ciudadano termina siempre yendo a la comisaría para ratificarla y la mayor parte de las veces, para ampliarla.

En cuestiones laborales y ante la necesidad que se avecina de readaptar el trabajo policial, plantean que se cuente con la participación de los sindicatos, no se limiten a trasladar lo que hayan decidido de forma unilateral y se tenga en cuenta el "esfuerzo extraordinario" desempeñado por los funcionarios durante la crisis sanitaria. 

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