Una ley o política emanadas de la DGA en proceso de elaboración. Un ciudadano que quiere hacer su aportación particular y no conoce los cauces habituales o, simplemente, los considera una barrera más que una vía de acceso. Y una suerte de 'Wikipedia' pública mediante la que, con solo registrarse con un correo electrónico, cualquier aragonés pueda matizar o puntualizar un aspecto concreto del texto en confección, de modo que la DGA pueda recibir nuevos puntos de vista con los que dotar a la futura norma de todos los prismas existentes.

Se trata de la herramienta 'editor ciudadano', que nace "con la voluntad de abrir el Gobierno a todos", según explica el director general de Gobierno Abierto e Innovación Social, Raúl Oliván. El programa está ya disponible (hasta el próximo 9 de febrero) para hacer aportaciones y cambios en el plan director de cooperación al desarrollo 2020-2023 y está alojado en el propio portal de Gobierno Abierto en una iniciativa pionera en el conjunto de comunidades autónomas.

El programa, en cualquier caso, "está en una fase muy beta", apunta Oliván, quien cree que el potencial de la herramienta es muy alto: "Antes, el recorrido de las iniciativas del Gobierno y la capacidad de participación de los ciudadanos eran mucho más cortos. Salía la información, se debatía y el retorno era inmediato. Había poco ‘feedback’. De dos años a esta parte estamos trabajando para que esto cambie, para que todo el que quiera pueda aportar su punto de vista en los asuntos que considere pertinentes".

En el portal de Gobierno Abierto se puede consultar la información o convertirse en coautor. “Aunque durante la elaboración de normas y otras políticas públicas seguirá habiendo consultas y reuniones públicas, cualquiera podrá entrar a editar desde casa aportando simplemente un correo electrónico, como si de una Wikipedia se tratase, generando, en caso de que los haya, árboles paralelos con las discusiones entre usuarios. Se eliminan las barreras de entrada al debate que antes podían existir para que éste se enriquezca", abunda Oliván.

Una vez cerrados los períodos de participación de cada proceso se extraerán las aportaciones para elaborar "informes muy rigurosos" que volverán al departamento de Gobierno en cuestión, donde se tomarán en cuenta o no en función de lo pertinentes que resulten. No se debe obviar que los participantes en los foros y otros espacios abiertos en internet no siempre se dejan guiar por las mejores intenciones...

El proceso, aunque pueda parecerlo, no termina aquí. "Queremos introducir -añade el director general- la figura de los inspectores ciudadanos. Mientras la política pública siga vigente, todos los participantes podrán hacer aportes para valorar su ejecución y su aplicación". Estas calificaciones se realizarán a través de una suerte de semáforos con los que se podrá teñir de verde, amarillo o rojo la actuación del Ejecutivo autonómico.

Oliván se muestra optimista ante el arranque de la herramienta, pionera en todo el territorio nacional aunque con algunos precedentes en Inglaterra, donde las experiencias en ‘crowd-law’ (o legislación colectiva) ya tienen cierto recorrido: “El objetivo final es conseguir reducir la exclusión y aumentar la participación. De hecho, pronto lanzaremos otras medidas con las que incrementar la presencia en el debate de los colectivos generalmente más ausentes, como mujeres, inmigrantes...”.