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Aragón

PATRIMONIO 

Piden al Supremo la devolución de documentos aragoneses que llevaron al Archivo de Cataluña

La asociación Salvar el Archivo de Salamanca solicita que se garantice la entrega de los papeles con la creación de una comisión de expertos que lo vigile. 

Policarpo Sánchez, en el Archivo de Salamanca.
Policarpo Sánchez, en el Archivo de Salamanca.
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La batalla por la recuperación de los documentos aragoneses que estaban depositados en el Archivo de Salamanca y fueron trasladados al Archivo de Cataluña en 2006 no se detiene. La asociación Salvar el Archivo de Salamanca solicitó ayer al Tribunal Supremo que garantice la devolución de los papeles aragoneses y «sean restituidos en el plazo máximo de un año».

Policarpo Sánchez, presidente de la asociación, reclamó que la Generalitat de Cataluña se llevó 4.700 documentos de Aragón depositados en el Archivo de Salamanca, con el permiso del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Están incluidos entre los 400.000 papeles procedentes de varias comunidades.

Ahora, los defensores del Centro Documental de Memoria Histórica de Salamanca han solicitado al Supremo unas medidas cautelares para que estos documentos «no se pierdan en el entramado independentista». Esta petición procesal obedece a las declaraciones de diferentes cargos de la Generalitat en la que anunciaron que incumplirían los pronunciamientos del Alto Tribunal.

«Es un claro desafío al Poder Judicial si representantes de la Generalitat han declarado públicamente que, en el caso de que la restitución de papeles a sus legítimos propietarios no fuera posible (en Cataluña), los documentos y demás efectos ilegalmente en poder de la Administración catalana serían depositados en el Archivo Nacional de Cataluña. Esto implica la expresa desobediencia al fallo de la sentencia del Tribunal Supremo», detalló el presidente de la asociación Salvar el Archivo de Salamanca.

Asimismo, Policarpo Sánchez ha propuesto al Alto Tribunal que se cree una comisión formada por «expertos de reconocida experiencia y solvencia profesional, independientes y que no ocupen cargos políticos», para que supervisen la entrega de más documentos a la Generalitat de Cataluña. También vigilarían la notificación de la identificación a quienes sean sus legítimos titulares o sus sucesores y velarían por la efectiva devolución al Archivo de Salamanca que no hayan sido entregados a los propietarios.

En el contexto político actual, Policarpo Sánchez considera que 

en las negociaciones del Gobierno PSOE-ERC no van a ser prioridades «ni la preservación de la integridad del patrimonio histórico cultural de todos los españoles ni cumplir la sentencia».

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