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La DGA dejará de invertir 134 millones este año, lo mismo que sube el gasto de personal
El avance de la liquidación apunta un récord en la inejecución, que rozará el 29%.
El Gobierno de Aragón prevé cerrar el año con el 29% de las inversiones presupuestadas sin ejecutar mientras el gasto corriente se elevará a cifras récord. Esta es la radiografía que la Intervención General refleja en el avance de la liquidación presupuestaria, que evidencia que los 134,4 millones de euros que se dejarán de destinar a obras y equipamientos largamente demandados servirán para cubrir el agujero presupuestario en el capítulo de personal, estimado en 133,3 millones.
El recorte de la inversión se ve claramente reflejado, ya que a los 465,9 millones previstos para sufragar las inversiones reales y las transferencias de capital a principios de año se reducirán en los créditos definitivos a 364,4 millones. Y la propia DGA estima que las obligaciones finalmente reconocidas aún reducirán más los gastos de capital al cierre del ejercicio, hasta dejarlos en 331,4.
Es decir, solo se llegará a ejecutar el 71,1% de la inversión prevista en el presupuesto prorrogado, empeorando aún más la cifra del año pasado disponiendo de las mismas partidas. De hecho, la liquidación definitiva de 2018 detalla que se destinaron 390,7 millones, casi el 84%.
"AJuste presupuestario"
Tampoco puede resultar una sorpresa cuando la propia Intervención General ya reveló que el gasto obligado al cierre de septiembre ascendía a 140,3 millones, lo que representa un 30% del presupuesto inicial, aunque al arreón final de certificaciones de obras y transferencias lo dejará en el citado 71,1%. Esta caída viene justificada por la DGA en el "ajuste presupuestario derivado de las medidas de la orden de cierre del ejercicio", que se hizo efectivo el pasado mes de septiembre y que se justificó ante el Ministerio de Hacienda para frenar el incumplimiento del objetivo de déficit. En este sentido, la Intervención recuerda que la "prioridad existente" es el gasto en servicios sociales, sanidad y educación.
El cierre contable ha traído calras consecuencias, como el hecho de que la Consejería de Vertebración del Territorio no haya podido disponer de partidas para adjudicar cinco mejoras viarias. De hecho, Hacienda le ha negado la posibilidad de hacer modificaciones testimoniales de 50.000 euros para contratar antes de fin de año unas obras estimadas en más de nueve millones.
Las posibilidades de que los números bailen finalmente son reducidas, ya que la propia Intervención incide en que la estimación está basada en las cifras al cierre del pasdo mes de septiembre y en las limitaciones de gasto impuestas en el citado cierre contable, que impide acometer actuaciones en el último trimestre.
La inversión que quedará sin ejecutar convertirá 2019 en un año negro en este apartado. Es más, será el mayor recorte sobre la cifra inicialmente aprobada desde que Javier Lambán llegó al Pignatelli a mediados de 2015 para sustituir a Luisa Fernanda Rudi. En ese año de transición entre el Ejecutivo PP-PAR y el PSOE-CHA se destinaron 428,38 millones y la inejucución fue 87,4. Y esta era, hasta ahora, la cifra más elevada .
Lo peor es que esta inejecución millonaria se suma al ‘tijeretazo’ del capítulo inversor en las cuentas de la coalición PSOE-CHA, que retrotajo las cifras a las de hace más de dos décadas. Y así se mantendrán en las primeras cuentas del cuatripartito pese al repunte del 5% previsto para 2020, aunque habrá que ver dentro de un año su grado de cumplimiento.
Infradotación para nóminas
Al mismo tiempo, sigue disparado el capítulo de personal, que subre en 133,3 millones respecto a la previsión inicial, pasando de 2.112 a 2.246 millones, el 42,6% del gasto no financiero de la DGA. Para hacer el cálculo, la Intervención General ha tenido en cuenta tanto las obligaciones reconocidas, como las nóminas pendientes hasta fin de año y los seguros sociales pendientes de contabilizar. La partida inicial tenía en cuenta
Tampoco es una novedad la infradotación para nóminas, ya que todos los años se tramitan modificaciones presupuestarias al finalizar el ejercicio para cubrir, sobre todo, el gasto de Educación y del Salud. Y en esta ocasión se suma el hecho de tratarse de un presupuesto prorrogado, de modo que el presupuesto inicial no podía incluir la subida salarial a los funcionarios (menos de 50 millones, según fuentes sindicales)_ni la que se aplicó en el ejercio previo.
Del mismo modo crece el peso de los gastos financieros, que pasan de una partida inicial de 855,5 millones a estimarse unas obligaciones reconocidas de 1.210 al finalizar el año. Para ello se ha tenido en cuenta el calendario de amortizaciones de la deuda, superior al previsto en 2018, así como los nuevos préstamos suscritos.
