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Aragón

Vivienda

La DGA estudia recurrir a las concesiones para ofrecer más pisos públicos de alquiler

Soro señala que "muchos ayuntamientos" están dispuestos a aportar suelo para reducir costes y ofrecer así viviendas a "precios asequibles". El objetivo es garantizar el arrendamiento al menos 25 años.

El consejero de Vertebración, José Luis Soro, segundo por la izquierda, en una jornada de vivienda organizada este martes en Zaragoza.
El consejero de Vertebración, José Luis Soro, segundo por la izquierda, en una jornada de vivienda organizada este martes en Zaragoza por CC. OO., Asesco y Cooperativa de Viviendas Valle del Ebro.
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El Gobierno de Aragón está estudiando distintas fórmulas jurídicas y económicas para aumentar el parque de vivienda pública de alquiler, para lo que se plantea ceder suelo a empresas para que construyan y exploten promociones "a precios asequibles", por debajo del de mercado, mediante la fórmula de la concesión. La pretensión es lanzar el proyecto a lo largo del próximo año, en colaboración con los ayuntamientos y las propias constructoras, para que a medio plazo se pueda disponer de un número "ambicioso" de viviendas, que no cuantifica, para controlar el mercado inmobiliario de alquiler.

El consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, se ha marcado este objetivo como uno de los pilares de su gestión para la legislatura, dado que pretende ir más allá de dar "una alternativa habitacional a unas miles de personas", lo que ya le llevó en los últimos cuatro años a multiplicar las partidas destinadas a financiar las ayudas de alquiler: han pasado de 4,7 a 8,9 millones de euros anuales.

En una jornada sobre ‘El problema de acceso a la vivienda’, organizada por CC. OO., Asesco y Cooperativa de Viviendas Valle del Ebro, Soro ha asegurado este martes que "muchos ayuntamientos" estarían dispuestos a poner su suelo público para hacer "económicamente viables" las concesiones y que sean así "atractivas" para las empresas. Esta cesión podría abaratar la operación al evitar la repercusión del suelo en el precio final, que suele rondar un 30%, según explicó.

El consejero también se ha mostrado abierto a ensayar "fórmulas muy desarrolladas en otros países", como vivienda colectiva para mayores y jóvenes dotados de espacios comunes, que podrían albergar espacios de ‘coworking’ para ayudar a rentabilizar los costes. Al mismo tiempo, la Administración autonómica impulsará la rehabilitación de edificios, como las viviendas de camineros de su propiedad en las que está actuando en Teruel y Alcañiz con financiación del Fite.

Uno de los programas de la Dirección General de Vivienda de la DGA irá dirigido el próximo año al fomento del parque inmobiliario en alquiler. Concretamente, irá dirigido a la construcción y rehabilitación de viviendas, tanto de titularidad pública como privada, "durante al menos 25 años". La gestión se dedicará a la planificación y lanzamiento, dado que no hay una partida específica para sufragar obras.

En todo caso, se pretende que el peso de la inversión necesaria recaiga en las concesionarias dadas las dificultades presupuestarias. Como reconoció Soro, la clave está en hacer compatible la rentabilidad de las empresas con unos precios de arrendamiento por debajo de mercado. Para ello, no solo se está analizando la fórmula de la concesión, sino la de derecho de superficie.

El consejero ha admitido que las limitaciones presupuestarias dificultan disponer de las partidas millonarias necesarias para promover directamente promociones de alquiler.

De hecho, el parque público de vivienda está congelado desde hace una década. La última promoción de Suelo y Vivienda de Aragón (SVA) se remonta a 2011, cuando el Gobierno PSOE-PAR lanzó un bloque en la calle de Doctor Iranzo de Zaragoza con 31 pisos protegidos. Esta sociedad pública dispone de suelos para desarrollar 500 pisos en Zaragoza, Huesca, Jaca y Binéfar. El problema es que todas estas inversiones están "condicionadas" a una dotación de la que se carece para 2020.

Soro ha subrayado que las estrategias y las acciones que puedan impulsar las distintas administraciones públicas no serán suficientes, por lo que considera imprescindible "el compromiso del conjunto de la sociedad, y, muy en particular, de todos los actores privados que intervienen en el sector de la vivienda". En este contexto, resalta que el movimiento cooperativista juega una especial importancia "como cauce para facilitar el derecho a una vivienda digna".

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