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Aragón

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La Audiencia de Huesca inhabilitó a dos concejales por defender a una familia desahuciada

Marisol Punzano y Manuel Conte habían lanzado octavillas para ayudar a los vecinos y lograron que les dieran otro piso.  

Manuel Conte fue concejal de Grañén en 1979, antesa de ser alcalde y presidente de la comarca de los Monegros.
Manuel Conte fue concejal de Grañén en 1979, antesa de ser alcalde y presidente de la comarca de los Monegros.
Javier Blasco

El delito de sedición se ha aplicado pocas veces, pero en Aragón se conocen alrededor de media docena de casos entre los 80 y 90. El 10 de marzo de 1978 se produjo un desahucio judicial en Huesca de una familia en unas viviendas de protección oficial en el barrio de Perpetuo Socorro y una asociación de vecinos se opuso con octavillas en las que decían: ‘SOS al pueblo oscense’, ‘No permitamos que esta familia quede desahuciada ante la incertidumbre de los pisos sindicales’ o ‘Acudamos todos para impedir el desahucio’. El proceso por sedición en grado de provocación llegó a la Audiencia de Huesca, donde se sentaron seis acusados, entre ellos la presidenta de la asociación de vecinos, Marisol Punzano, que fue elegida concejal del Ayuntamiento de Huesca por el Movimiento Comunista de Aragón, y Manuel Conte, concejal por el Ayuntamiento de Grañén. Fueron condenados a tres meses de inhabilitación los dos concejales recién elegidos en los comicios municipales de 1979 y el Tribunal Supremo acabó rebajando la pena a dos meses.

«Conseguimos que esa familia recibiera otra vivienda porque estaban realquilados y pagaban su mensualidad. Eran pisos del Sindicato Vertical y querían venderlos a los inquilinos», detalló Marisol Puzano, quien recordó hace unos días la sensación de ser acusada por sedición con lo ocurrido en Cataluña. Los dos meses de inhabilitación le impidió intervenir en los plenos y se sentaba entre el público, pero pasó dos años esperando que le quedaran inmaculados sus antecedentes penales. «Fue una paradoja ser juzgada por sedición cuando la perjudicada era la familia realquilada», criticó Puzano. Al concejal Manuel Conte le venía el caso como sindicalista y se presentó en la vivienda para oponerse al desahucio de la familia. «Se quedó todo en agua de borrajas», resumió la sentencia.

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