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La primera condena por sedición en España fue un motín en la prisión de Torrero
El Supremo impuso penas de tres a diez años a 18 internos por amotinarse y provocar un incendio donde murieron dos reos durante la visita al centro de dos diputados, que tuvo lugar el 30 de enero de 1978.
La condena por sedición de los nueve líderes independentistas catalanes por el Tribunal Supremo, con penas de 9 y 13 años de cárcel en el juicio del procés, hace una semana, tuvo su primer antecedente en la Transición con un motín de los presos de Torrero el 30 de enero de 1978. Este delito es poco común en los tribunales porque el tipo delictivo no es muy usual y se utiliza cuando alguien se alza "pública y tumultuariamente" para "impedir" por la fuerza o fuera de la ley el cumplimiento de resoluciones administrativas o judiciales. Las penas a los 18 internos del amotinamiento fueron parecidas a los independentistas porque recibieron penas de entre 3 y 10 años. En ese suceso murieron dos presos carbonizados en un incendio y hubo daños por 96.000 euros.
Los internos de la cárcel de Zaragoza quisieron aprovechar la visita de los diputados José Antonio Bolea Foradada de la UCD por Zaragoza y Julio García Pérez del PSOE por Navarra, para hacer un informe respecto a las condiciones de la prisión, y reclamaron un indulto para los presos comunes similar al que el Gobierno había concedido en esas fechas a los reos políticos, pero todo acabó con una algarada.
Bolea Foradada explicó ayer a HERALDO que «la prisión de Torrero era un auténtico desastre» en esos años de la Transición porque estaba «anticuada» y acogía «muchos más presos de los que cabían». Por ese motivo, el entonces ministro de Justicia Francisco Fernández Ordóñez pidió a su compañero José Antonio Bolea Foradada que integrara la Comisión de Justicia y realizara un informe sobre las prisiones y la revisión de la Ley Penitenciaria.
Ambos hicieron una detenida visita por la mañana a las distintas dependencias de la cárcel, que acogía ese día 168 internos, acompañados por el director Ángel Herbelia Quiroga. «Era insoportable la situación que se veía en la cárcel. Por eso el sistema democrático buscó alguna solución con la construcción de la prisión de Daroca y luego la de Zuera», apuntó Bolea Foradada.
El Ministerio de Justicia emitió una nota de prensa el día del suceso en la que reconoció que estudiaban adoptar medidas extraordinarias en las prisiones para un programa de reformas y la nueva Ley General Penitenciaria.
Los presos respondieron a la visita de los políticos de manera «brutal», según el diputado. Sobre las tres de la tarde provocaron un pavoroso incendio, impidieron que los Bomberos pudieran sofocarlo, y levantaron una barricada en el patio central con muebles, colchones y sillas rotas. «Había agua en el patio porque también reventaron los grifos», apuntó el político aragonés, quien volvió a la prisión, después de comer, sobre las 16.30 y se encontró el motín.
Hacia las seis de la tarde, efectivos de la Hermandad de la Sangre de Cristo recogieron los cadáveres de los dos presos que murieron carbonizados (Francisco Javier Baquero Torres, de Logroño, y José Luis Martín Martín, de Pontevedra) para llevarlos al Anatómico Bastero Lerga.
Miembros de la Copel
Los abogados defensores de los presos fueron Antonio Puertas y Javier Checa. Recuerdan que los internos acusados eran miembros de la Copel, un sindicato formado en las prisiones con apoyo de partidos de izquierda. «Era una cuestión política sobre la situación en las prisiones», denunció el letrado Antonio Puertas. «Los presos fueron repartidos después del juicio por todas las cárceles de España para que no volvieran a estar juntos de nuevo y los trasladaron en celdas especiales», agregó.
El defensor explicó que la condena era por la violencia que desataron los presos, subidos en el tejado de la cárcel, aunque precisó que no agredieron a los funcionarios, como sí ocurrió en los motines de las cárceles de Huesca (1991) y Daroca (1992).
La sección tercera de la Audiencia de Zaragoza celebró la vista con fuertes medidas de seguridad y su condena fue confirmada por el Supremo en 1983.
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