La Comunidad General de Riegos del Alto Aragón, la mayor de España y una de las más grandes de Europa, ha expresado este miércoles su preocupación ante las restricciones planteadas por el Ministerio de Transición Ecológica en el Libro Verde de la Gobernanza del Agua, y han reclamado su revisión.

Así lo ha asegurado el presidente de esta organización regante, César Trillo, antes del inicio de la 21 Jornada Informativa de Riegos del Alto Aragón, que se ha articulado en torno a un documento que en opinión de los regantes da al agua una función casi exclusivamente medioambiental.

Una jornada inaugurada por la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Ebro, María Dolores Pascual, y clausurada por el presidente de Aragón, Javier Lambán, en la que Riegos del Alto Aragón ha cuestionado el contenido del documento respecto a un incremento de los impuestos, de reducción de concesiones en las modernizaciones de regadíos y de no prever otros nuevos a causa del cambio climático.

A juicio de Trillo, el caudal ambiental planteado para el Ebro es "desorbitado" ya que representa más del doble que el de todos los ríos de España en conjunto y, a pesar de ello, vierte al mar anualmente cerca de 6.000 hectómetros cúbicos por encima de los caudales ecológicos.

El responsable de esta organización regante se ha mostrado convencido de que el Ministerio para la Transición Ecológica "se equivoca" en cuanto al contenido de un documento frente al que Riegos del Altoaragón ha planteado modificaciones y quejas a través de las propuestas planteadas y de la propia jornada de debate celebrada.

Unos argumentos que ha compartido el secretario general de la Federación de Comunidades de Regantes de España (Fenacore), Juan Valero de Palma, quien ha cuestionado la objetividad del Libro Verde de la Gobernanza del Agua al estar redactado por personas vinculadas a la Fundación Nueva Cultura del Agua.

Según Valero de Palma, mientras el documento defiende que las obras de regulación no son una solución frente al cambio climático, los regantes consideran que estas infraestructuras desempeñan un papel "fundamental" en la gestión del agua en España.

Por su parte, la presidenta de la CHE ha explicado que el Libro Verde abre un debate "necesario" sobre el modelo actual de gestión del agua al plantear un diagnóstico de situación previo al análisis de los retos a afrontar este siglo.

Ha explicado que los intereses de las distintas partes implicadas en la gestión del agua son sólo "aparentemente contrapuestos" ya que el objetivo fundamental en torno a su uso es lograr que sea racional en un "recurso cada vez más escaso".

Pascual ha destacado que el documento plantea una redefinición de las relaciones entre todas las partes implicadas, tanto administraciones como sociedad, para conseguir "esa cuadratura del círculo que es el desarrollo garantizando el medio ambiente con la existencia de un recurso cada vez más escaso".

Ha añadido que el libro se limita a ofrecer un diagnóstico de la situación, "con todos sus pros y sus contras", y no a establecer medidas de aplicación inmediata.

Frente a estas manifestaciones, el presidente de Aragón ha valorado ante los medios el tema elegido para debate en la jornada y ha expresado el apoyo de su ejecutivo a las iniciativas de los regantes debido al peso de la agricultura y de la industria agroalimentaria en la Comunidad.

Ha destacado que durante la pasada legislatura, su gobierno favoreció la modernización de 47.000 hectáreas de regadío, y que a principios de 2020 se pondrá un marcha un plan dotado con 20 millones de euros para continuar con estas actuaciones.

Lambán ha expresado su compromiso, además, con la creación de nuevos regadíos, con una convocatoria en Aragón en marcha que contempla la aportación de 55 millones de euros para la transformación de 7.000 hectáreas de secano.

Ha advertido, además, que su gobierno "no va a renunciar" a participar en la gestión y planificación de la política hidrológica de la Comunidad, "porque así lo manda el Estatuto de Aragón".

El presidente aragonés ha admitido la existencia de "discrepancias pactadas" en el cuatripartito del gobierno autonómico, pero ha resaltado que el Ejecutivo de España comparte la posición del PSOE y del PAR "no opuesta a las obras de regulación".